7 de junio 2023
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El régimen de Daniel Ortega se negó a ofrecer asistencia jurídica internacional en materia penal a Brasil, cerrándole las puertas para que investigue el asesinato de su ciudadana Raynéia Lima, perpetrado el 23 de julio de 2018, en Managua. Según documentos oficiales del Ministerio Público de Pernambuco, las autoridades nicaragüenses dijeron que se trata “de un delito político amnistiado”.
El procurador Luis Antonio Miranda Amorin, de la oficina 13 de esa instancia brasileña, informó el 22 de mayo de 2023 a los abogados de Acción Penal (AP) que las autoridades nicaragüenses le negaron acceso a una copia íntegra de los actos de investigación y judiciales en torno a esta situación.
“La documentación contiene una carta con la solicitud de asistencia jurídica internacional en materia penal (…) trámite que dirigió esa Procuraduría a Nicaragua, que tenía como objetivo la obtención de copia integral de los actos de investigación y judiciales relacionados al homicidio de Raynéia”, afirmó el procurador Miranda a Acción Penal, quien recalcó que el pedido fue negado.
Las autoridades brasileñas agregaron que, si no existe una nueva manifestación de las autoridades de Nicaragua en un plazo de 90 días, el caso de Lima será enviado al archivo interno de ese Departamento, sin perjuicio de que se formule una nueva solicitud de cooperación, “o se adopten otras medidas que se estimen convenientes”. No precisa de cuáles podría tratarse.
La respuesta del Estado de Nicaragua puede ser un anticipo también de lo que la dictadura puede decir si es requerido para que colabore en otros casos internacionales, donde se les investigue por violaciones de derechos humanos en terceros países, advirtieron los juristas de AP, quienes asesoran a los familiares de la víctima en su búsqueda de justicia.
Acción Penal: “Toleran y fomentan la impunidad”
Para los abogados, la negativa del Estado de Nicaragua confirma que en el país hay una “política que tolera y fomenta la impunidad” en graves casos de violaciones de derechos humanos a ciudadanos nicaragüenses y extranjeros, en el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde las protestas iniciadas en abril de 2018.
El 22 de mayo de 2023, estos mismos juristas pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declare las violaciones cometidas por el Estado de Nicaragua, en el caso número 15 099, con lo que los abogados esperan que se haga realidad una posterior demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya sede se encuentra en Costa Rica.
El tema de Raynéia Lima es uno de los símbolos de la impunidad del régimen de Ortega. El principal acusado del crimen fue el paramilitar Pierson Gutiérrez Solís, a quien amnistiaron en 2019.
“La Ley de Amnistía aplicada al señor Gutiérrez, es una ley incompatible con estándares internacionales en materia de derechos humanos, por cuanto niega el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva a los familiares de Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, violentando también su derecho a ser oída por un tribunal independiente e imparcial; asimismo, se promueve la impunidad y tiene como objetivo obstaculizar los procesos de rendición de cuentas, tal y como se demuestra con la negativa de brindar la asistencia jurídica requerida”, afirmó AP en una carta enviada el 2 de junio de 2023 al Ministerio Público de Brasil.
Recordaron que Gutiérrez fue presentado por la Policía como el autor de los disparos el 27 de julio de 2018. Fueron las mismas autoridades quienes explicaron que lo capturaron con un arma de fuego tipo carabina M4, sin ofrecer mayores detalles de su vida, el móvil y las circunstancias en las cuales se produjo el asesinato.
Brasil, Lula y el principio de “extraterritorialidad”
La lucha contra la impunidad en el asesinato de Lima es un reto para las autoridades del Gobierno de Brasil, en manos del izquierdista Luiz Inácio Lula Da Silva, dirigente del Partido de Los Trabajadores, quien ha tenido vínculos históricos con Ortega, aunque en agosto de 2021 lo criticó directamente por querer reelegirse para un cuarto mandato consecutivo y le sugirió que no “abandonara la democracia”.
Hasta ahora no se conoce la posición de Lula Da Silva sobre el caso de la estudiante asesinada, pero la madre de Lima, María José Da Costa, sigue pidiendo justicia. Ella envió recientemente otra misiva al Ministerio Público de Pernambuco recordando a Brasil la obligación de proteger la vida de sus ciudadanos y sugiriendo promover un “eventual proceso de justicia que fue negado en Nicaragua”.
La madre demandó voluntad política institucional para que se aplique el “principio legal de personalidad pasiva”, que faculta al Estado para perseguir y sancionar los delitos cometidos fuera de su territorio. Mencionó que altas autoridades de Brasil iniciaron recientemente un debate sobre la aplicación de la extraterritorialidad de la ley penal cuando los ciudadanos brasileños son víctimas de crímenes como ocurrió con su hija.
Los abogados de Da Costa explicaron que ella se refería al futbolista brasileño Vinícius Junior, del equipo Real Madrid de España, quien fue víctima reciente de ataques racistas en aquel país.
El ministro brasileño de Justicia, Flávio Dino, dijo a la agencia EFE el 23 de mayo de 2023 que, en el caso del futbolista, están estudiando adoptar el “principio de extraterritorialidad”, dado que el Código Penal de su país prevé que, en algunas situaciones excepcionales, es posible aplicar la legislación brasileña cuando se trata de crímenes contra ciudadanos de su país incluso en el exterior.
Los expertos aseguraron que en Nicaragua no se profundizó en las investigaciones sobre el caso, mientras explicaron que el crimen ocurrió en un contexto de violencia gubernamental, en que se reprimieron las protestas ciudadanas con armas de guerra. Agentes paraestatales participaron también en el ataque directo a la población.
De acuerdo con la CIDH, al menos 355 personas fueron asesinadas y 2000 resultaron heridas en el período del 18 de abril de 2018 y 31 de julio de 2019. Durante la represión, según informes de organismos internacionales —entre ellos Naciones Unidas— se habrían cometido también delitos de lesa humanidad.
La estudiante brasileña ni siquiera participó en las protestas. El día anterior a su asesinato hizo su último turno en el hospital Carlos Roberto Huembes de Managua, de la Policía, donde ella estaba realizando su servicio social. A las 11 de la noche del 23 de julio de 2018, cuando fue asesinada, circulaba por una zona cercana a la residencia de Francisco López Centeno, el tesorero de Daniel Ortega.
“El Ministerio Público en su acusación imputó el delito de homicidio, cuando de la misma relación de hechos se desprende que es un asesinato, de igual forma se le acusó por un delito menor de portación de armas de fuego, como si fuese de uso civil, cuando se trata de un arma de fuego que solo pueden usar las fuerzas de seguridad del Estado”, añadieron los miembros de Acción Penal.
También solicitaron a las autoridades brasileñas que les facilite en digital la respuesta del Estado de Nicaragua, una información que consideran relevante en la búsqueda de justicia.
