30 de mayo 2023
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El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debatió este martes 30 de mayo la “Implementación de todos los aspectos de la Carta Democrática Interamericana y sus desafíos”, un tema de gran relevancia para Nicaragua debido a que dentro de seis meses el país quedará desligado del organismo regional, después que el régimen de Daniel Ortega denunció la Carta Democrática, el 19 de noviembre de 2021.
En la sesión extraordinaria, convocada por las misiones permanentes de Estados Unidos, Canadá, Guyana y Perú —en el Salón de las Américas de la sede de la OEA en Washington, D.C.—, los embajadores escucharon la intervención de un grupo de expertos y brindaron una serie de recomendaciones para responder con eficacia a los retos democráticos actuales.
El debate se convocó en un momento en que la población nicaragüense conmemora el quinto aniversario de la masacre del Día de las Madres de 2018, cuando el régimen de Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, ordenó disparar contra una manifestación multitudinaria dejando un saldo de 19 personas fallecidas.
Los temas abordados por el Consejo Permanente de la OEA fueron: la democracia y el sistema interamericano, la democracia y los derechos humanos, democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza; fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, la democracia y las misiones de observación electoral, promoción de la cultura democrática, la Carta Democrática Interamericana y el Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática de la Novena Cumbre de las Américas.
Además, hubo un debate moderado por la embajadora Alejandra Solano, representante permanente de Costa Rica, con presentaciones de los expertos Maxwell A. Cameron, profesor de la Universidad de British Columbia (Canadá); Thomas A. Shannon, Jr. ex subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos y copresidente del Diálogo Interamericano; y Antonia Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores de Chile y expresidenta de la CIDH.
Verificar alcances y limitaciones de la Carta Democrática
Durante el debate, el exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, señaló que la revisión de la Carta Democrática también debería implicar un mecanismo de revisión de su aplicación dentro de los Estados miembros. Aseguró que es necesario verificar los “alcances y limitaciones” del principio de no injerencia en los asuntos internos de un país, así como la aquiescencia de los miembros a permitir mecanismos de revisión de forma permanente.
Para el exvicepresidente de Guatemala, el principio de no injerencia debe estar limitado por tres pilares fundamentales: “El respeto por los derechos humanos, la comisión de crímenes de lesa humanidad, y (el establecimiento de) mecanismos vinculados con la defensa y preservación de la democracia”.
Regímenes como el de Nicaragua y Venezuela se amparan en este principio de no injerencia en los asuntos internos del país para evitar la rendición de cuentas ante la comunidad internacional. Aun cuando las alteraciones a las libertades democráticas y los derechos humanos en un país afectan al resto del hemisferio.
La salida de Nicaragua de la OEA
La salida de Nicaragua del organismo regional será efectiva en los próximos seis meses, cuando se cumpla el plazo de dos años establecido en el artículo 143 de la Carta de la OEA para “cesar en sus efectos”. Durante lo que resta de tiempo, el Gobierno debería de cumplir con todas sus obligaciones políticas y financieras con la entidad regional.
Si el régimen de Ortega no reconsidera su decisión, Nicaragua se convertirá en el segundo país del continente que abandona voluntariamente la Organización de Estados Americanos, el primero fue Venezuela.
La decisión de la dictadura se basó en supuestas y “constantes actitudes injerencistas” de la OEA, relacionadas a la aprobación de resoluciones referidas a la crisis de Nicaragua en las que se condenaron los atropellos del régimen. El 12 de noviembre de 2021 —una semana antes del anuncio de la dictadura—, una amplia mayoría de cancilleres de la OEA declaró “sin legitimidad democrática” unas votaciones presidenciales en las que Ortega se reeligió por cuarta ocasión consecutiva, sin competencia política ni garantías democráticas.
Lejos de relajar las relaciones con el organismo regional. El régimen endureció su postura en los meses siguientes: a finales de abril de 2022, la Policía Nacional —bajo el mando de Ortega y Murillo— se tomó ‘manu militari’ las oficinas de OEA en Managua y un año después inauguró en el edificio confiscado un museo denominado “Casa de la Soberanía Padre Miguel D’Escoto Brockmann”.
Desde noviembre de 2021, la OEA ha aprobado cuatro resoluciones más sobre la situación en Nicaragua. Las votaciones se han dado en las dos principales instancias del organismo: la Asamblea General de Cancilleres (una) y el Consejo Permanente (tres).
En marzo de 2023, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), juez Ricardo Pérez Manrique, informó al Consejo Permanente de la OEA, que Nicaragua ha permanecido en “desacato permanente” ante el incumplimiento de diez resoluciones emitidas por ese tribunal para proteger la vida de 88 presos políticos, de los cuales, seis aún permanecen cautivos en Nicaragua en un “estado de desprotección absoluta”.
En esa misma ocasión, la delegación de Chile cedió su intervención ante el Consejo a la expresa política, Tamara Dávila, quien brindó su testimonio sobre los 606 días que estuvo presa en total aislamiento, en una celda empernada, sin acceso a visitas familiares durante tres meses y sin poder ver a su pequeña hija, hasta que se sometió a una huelga de hambre.
Sugieren cambios en la organización regional
El representante permanente de República Dominicana, Josué Fiallo, enfatizó que existe “una tensión aparente” entre el principio de no intervención y el principio de proteger la democracia a través de mecanismos colectivos. Por lo que, valoró, existe una serie de aspectos de la Carta Democrática que se deben mejorar.
Actualmente “no existen sanciones automáticas ni mecanismos de coerción, además de la suspensión del Estado miembro”, advirtió el embajador Fiallo. Esta situación “reduce la capacidad” de la OEA para abordar situaciones de manera contundente. “Los Estados que quieren aplicar algún tipo de sanción se ven forzados a realizarlos fuera del ámbito colectivo”, subrayó.
La suspensión de un Estado miembro como única medida contradice el principio de gradualidad, pues “no existen sanciones intermedias que puedan presionar al sujeto (país) en crisis para buscar una solución”, agregó el embajador de República Dominicana.
En esa misma línea, el embajador de Estados Unidos, Frank Mora, propuso que —de cara a la Asamblea General de la OEA de junio próximo— se discutan algunas propuestas concretas como “mejorar la capacidad de prevención para evitar crisis democráticas”.
Mora sugirió establecer un mecanismo que sistematice informes periódicos sobre parámetros que sean establecidos por la OEA, evaluar la creación de un “sistema de revisión de pares” que sea de carácter voluntario y que permita una “compilación de mejores prácticas, experiencias logradas y lecciones aprendidas”.
Finalmente, el embajador norteamericano propuso la implementación de un “relator especial, un alto comisionado o un ombudsman que sea independiente del secretario general” y que pueda llevar un análisis sistemático de los países y abrir el diálogo con actores sociales políticos y económicos.
La Carta Democrática Interamericana
Aprobada por los 34 países de la OEA el 11 de septiembre de 2001 en Lima, la Carta es “principalmente una guía para mejorar el funcionamiento de los sistemas democráticos”, escribió en su preámbulo el entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, avizorando una “nueva era” en el sistema interamericano.
La Carta define los “elementos esenciales” de la democracia representativa, entre ellos el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, elecciones libres y periódicas a través del voto universal, pluralidad de partidos políticos y la separación de los poderes públicos.
En su artículo 1 señala que “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.
Y en el artículo 3 enumera los elementos que debe reunir un sistema democrático para ser considerado como tal: “El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Asimismo, el texto establece un “mecanismo de acción colectiva en caso de que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo”.
