El militarismo presidencial en América Latina

¿Por qué presidentes democráticamente electos, una vez en el poder, se apoyan en los militares para gobernar? A diferencia de lo que sucedía en el siglo XX, cuando en varios países de América Latina los militares tomaban el poder e instauraban dictaduras de diverso signo político- muchas veces apoyadas por Estados Unidos-, en el siglo XXI los militares han regresado a la escena política de la mano de presidentes democráticamente electos. En las últimas dos décadas se ha visto una militarización de diversos sectores de la administración pública en países como Bolivia, Brasil, México, Nicaragua, El Salvador y Venezuela.

Si bien constitucionalmente los militares se encargan de la seguridad del Estado, históricamente en Latinoamérica también han llevado a cabo labores sociales e intervienen ante desastres naturales. Una de las características de los procesos de democratización en la región fue establecer claramente sus funciones y alejarlos de la política. Esto, sin embargo, se ha cumplido parcialmente o directamente no se ha cumplido, sobre todo, en temas relacionados con la seguridad pública y la lucha contra el tráfico de drogas.

Pero en la actualidad, preocupa la expansión de la presencia de militares, impulsada por presidentes democráticamente electos, en tareas ajenas a sus funciones y capacidades institucionales. Esto ha provocado una mayor opacidad en la toma de decisiones de los Gobiernos, un aumento de las violaciones a los derechos humanos y una lenta politización de las nuevas generaciones de militares.

Una caracterización del militarismo

Este “militarismo presidencial” se caracteriza por sustituir a civiles por militares en el control de tareas estratégicas de la administración pública, para lo cual no tienen necesidad de mediar ni consultar formalmente a otros poderes. Además, estos regímenes favorecen a las Fuerzas Armadas con mayores presupuestos y reformas a su estructura para ampliar y fortalecer su presencia.

En estos regímenes hay, también, una instrumentalización política de las capacidades técnicas de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública en detrimento de las policías civiles. Y una última característica es que se va ampliando paulatinamente la presencia militar en la toma de decisiones de Estado que esencialmente sólo son de naturaleza civil como el control de la migración e incluso la educación y el manejo de sectores económicos estratégicos.

Los Gobiernos de Evo Morales en Bolivia, Jair Bolsonaro en Brasil y López Obrador en México son tres ejemplos donde los militares han tenido un rol determinante en la implementación de políticas públicas. En México se les asignó la construcción de un aeropuerto, un tren y una refinería, el control de la Guardia Nacional y la operación de las aduanas entre otras tareas.

En Bolivia las Fuerzas Armadas se convirtieron en una pieza clave del proyecto del presidente Evo Morales desde su llegada al poder y sus funciones se ampliaron cuando se promulgó la Constitución de 2009 y se les asignó la tarea de “participar en el desarrollo integral del país”. Si bien nunca se alejaron de la política boliviana, su presencia fue clave para mantener el orden interno, no sin graves consecuencias, durante la crisis que derivó en el exilio momentáneo de Evo Morales.

El caso de Brasil es sui generis. En el periodo de Jair Bolsonaro, a los militares se les otorgó el control de ocho de los 22 ministerios y, si bien la mayoría eran personas retiradas de las Fuerzas Armadas, su incorporación fue parte de una estrategia de campaña para reforzar su discurso antipolítico ante la falta de un partido fuerte que lo apoyara. Muy diferente es el rol de las Fuerzas Armadas en El Salvador, donde los militares son la columna vertebral de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele, y en Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez y con Nicolás Maduro.

Los cambios de índole populista prometidos por estos “presidentes militaristas” se ven limitados por dos condiciones. En primer lugar, los déficits institucionales de los Estados enlentece los procesos de implementación de las políticas. Y, en segundo lugar, las democracias requieren que la implementación de políticas públicas se someta a procesos de evaluación y sigan procedimientos previamente establecidos que son vigilados por entes ajenos a los poderes ejecutivos.

A pesar de estas limitaciones, los militares responden constitucionalmente al mando del presidente y cuentan con recursos humanos y económicos que se pueden movilizar rápidamente.

Efectos y perspectivas

Las consecuencias de la expansión de la presencia militar en tareas civiles son graves para las sociedades ya que pone en riesgo las ya de por sí débiles democracias de la región. En Bolivia, por ejemplo, no se entendería la relativa “calma” posterior a la salida de Morales del poder sin la tutela de los militares sobre los actores políticos y en Nicaragua y Venezuela su presencia es necesaria para el sostenimiento de los regímenes.

En países como Brasil y México, las consecuencias de la presencia de las Fuerzas Armadas en ámbitos civiles son aún inciertas. La nueva presidencia de Lula implicó su pérdida de influencia en las grandes decisiones del país. Mientras que, en México, es cada vez más claro que los militares tienen un rol importante en sostener la llamada “Cuarta transformación” y empiezan a mostrar una preocupante postura con respecto a instituciones como el Congreso y el Poder Judicial.

Las Fuerzas Armadas son instituciones que pueden prescindir de los controles democráticos. No se sujetan a la justicia civil, no están obligados a rendir cuentas a los congresos y pueden ocultar información bajo la lógica de la “seguridad nacional”. Teniendo en cuenta la relativa autonomía de dicha institución, hay que prestar especial atención a estos procesos de militarización de los ámbitos civiles ya que puede llegar a condicionar el buen desarrollo de los procesos democráticos.

*Texto original publicado en Latinoamérica21