17 de mayo 2023
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Preguntas sobre el uso de los celulares, chequeo sobre la participación en actividades del partido de gobierno, prohibición de viajes al exterior y hasta para asistir a misa —esta última ordenada por los sindicatos— son algunas de las medidas que la cúpula del partido de Gobierno ejerce desde hace meses para controlar la vida cotidiana de los 8116 trabajadores del Poder Judicial en Nicaragua.
Si el país está lleno de paradojas, la de los trabajadores de los juzgados es una de ellas. Son perseguidos y laboran dentro de uno de los principales brazos represivos del régimen de Daniel Ortega que hasta febrero de 2023 mantenía a más de 258 presos políticos en las cárceles en parte por la eficiencia de una maquinaria de jueces, trabajando en equipo—hombro a hombro—con fiscales, policías, y oficiales del sistema penitenciario.
“Sergio”, un exempleado de la CSJ que trabajó durante más de diez años en la institución, describe un Poder Judicial “por dentro”, en el que hay diferentes opiniones, aunque todo parezca monocolor.
A pesar del dominio del dictador en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) donde ocho de los diez magistrados son leales suyos, y también de la red de influencia que desciende a los Tribunales de Apelaciones y se extiende en los 132 tribunales, considera que “es un error creer que la gente en la CSJ es 100 % sandinista. Cuando las personas iban a rotondear (en manifestaciones de apoyo al Gobierno a las calles en Managua), los mismos funcionarios de la institución se reían en la cara de los sandinistas y les decían: `Mira dónde van estos estúpidos`. Ahora, claro, ya no lo hacen, porque los mandan presos”, dice este extrabajador, quien ha denunciado el hartazgo de sus compañeros con el modelo Estado- partido.
La creciente persecución que describe “Sergio” se intensificó el año pasado y causó un “remezón” entre todos los empleados públicos.
El expediente oculto contra Roberto Larios
La expansión del terror fue consecuencia de las acciones oficiales que soportaron el expediente inscrito bajo el número de asunto 002033-ORM4-2023-PN, subido al sistema a las 2:40 de la tarde del 4 de febrero de 2023, cinco días antes de que el acusado Roberto Larios Meléndez, sandinista y vocero de la institución desde 2010, fuese desterrado a Estados Unidos, junto a 222 de los 258 reos de conciencia.
La dictadura declaró a uno de sus más entusiastas militantes como “traidor a la patria” en un acto sin precedentes en la Administración de Ortega iniciada en 2007. Larios fue secuestrado el domingo 16 de octubre de 2022, pero la acusación sigue manteniéndose en secreto a pesar de su destierro.
Se ocultaron los cargos que le formuló el fiscal Carlos Espinoza—sancionado por Estados Unidos—. La acusación tuvo tres páginas y el caso fue llevado al Tribunal Décimo Distrito de lo Penal de Audiencia.
Ese Juzgado está en manos de Gloria Saavedra Corrales, una de las juezas de la maquinaria condenatoria del orteguismo. Si se conocen estos detalles es porque la carátula de la acusación es pública con una anotación que “explica” que las autoridades recibieron el documento “fuera del sistema, en plan de contingencia por problemas técnicos”.
También se encuentran disponibles los datos—¡la acusación no! —del caso de los hermanos Hans y María José Camacho Chévez, y de Moisés Abraham Astorga: registrado bajo el número de asunto: 024963-ORM4-2022-PN. Todos fueron miembros de la Corte Suprema de Justicia y del entorno de la presidenta de la institución, Alba Luz Ramos, hasta que fueron encarcelados.
A diferencia de los otros dos, Hans Camacho Chévez no es abogado. Trabajó en el área de informática. A los tres, sin embargo, los acusaron de propagación de “noticias falsas a través de las tecnologías de la información”, igual que “conspiración para el menoscabo de la integridad nacional”.
Tres meses después del destierro de Larios y los otros exfuncionarios mencionados, los afectados siguen sin brindar su versión de la persecución. Su caso tuvo impacto, no solo dentro de sus familias, sino a lo interno de la institución. “La gente estaba asombrada (cuando ocurrió todo esto), porque no se comprendía lo que había pasado, explicó “Sergio”.
Para este exempleado del Poder Judicial, muchos de los que se dicen sandinistas dentro de la institución en realidad están con Ortega solo por conveniencia.
“¿Cómo hace la gente oposición dentro de la Corte? Calladito, pasando la bola, usando las redes sociales. Ni los jueces han estado de acuerdo, hay algunos que sí. Si van a criticar a Daniel (Ortega), habrá alguno que se ponga de frente. La persecución es fuerte. Si te ven con el celular en la mano, inmediatamente te preguntan qué estás haciendo con el teléfono, en qué estás metido: ¿WhatsApp o Facebook?”, explicó.
Sobreviven en medio del silencio y el terror
Dos fuentes vinculadas al Poder Judicial, que relataron lo que ocurre en este poder del Estado bajo condición de anonimato, coincidieron con “Sergio” en denunciar un “ambiente de terror”. “Nadie quiere hablar sobre el tema de lo que ocurre en la CSJ. Nadie quiere que les decreten prisión domiciliar”, lamentó una de las fuentes consultadas.
La otra fuente explicó que el secuestro de los cuatros trabajadores del Poder Judicial sacudió a la institución, porque los secretarios políticos comenzaron a perseguir a los funcionarios más cercanos a los detenidos. Siguieron después con aquellos que consideraban “tibios o críticos”.
Extraoficialmente, al menos 120 personas dejaron sus cargos en el Poder Judicial, luego que fueron despedidos u obligados a renunciar, lo que incluye también la salida de varios jueces al exilio. El primero de ellos es Roberto Zúñiga Martínez, del municipio de Puerto Morazán en Chinandega. Ese caso fue divulgado por los medios de comunicación que informaron que se refugió en Estados Unidos.
Las fuentes del sector judicial explicaron que al juez Zúñiga le fue cancelado su contrato por utilizar sus vacaciones de fiestas patrias para visitar a familiares en Estados Unidos, dado que en la institución rige la prohibición de salida fuera del país, ordenada directamente por el vicepresidente Marvin Aguilar, el ejecutor directo de las órdenes de Néstor Moncada Lau en la Secretaría del FSLN en El Carmen.
Esas fuentes indican que la magistrada Ramos sigue en su cargo sin ninguna influencia, luego de que ha presentado su renuncia en tres ocasiones, según las versiones publicadas en los medios.
Al menos 20 funcionarios y empleados judiciales fueron retenidos también en aeropuertos y fronteras por intentar viajar fuera del país como ocurrió supuestamente como Huguette Zambrana, exasesora del defenestrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez.
CONFIDENCIAL intentó conversar con la abogada Zambrana vía telefónica, pero se negó tajantemente. “Busque a otra persona para eso”, dijo. Cortó la llamada.
Despidos tras despidos
La lista de despidos en estos meses tras las presiones del orteguismo incluyó a Ruth Tapia Roa y Katia Jaentschke Acevedo, directora de Relaciones Internacionales y Protocolo en la CSJ, respectivamente, cuyos contratos fueron cancelados a inicios de octubre de 2022 según reportó en ese momento CONFIDENCIAL.
Tapia fue ministra de defensa y es cercana a Ortega. La otra es hija del exvicecanciller Valdrack Jaentschke, uno de los operadores del cuerpo diplomático de la dictadura, radicado en Costa Rica.
Otros despidos sonados fueron el de Leónidas Tapia, exasesor de la presidencia de la CSJ, a quien no dejaron pasar del portón del máximo tribunal de Justicia. El director de Medicina Legal, Zacarías Duarte, a quien echaron luego de asistir a un congreso sin permiso de la dictadura en mayo de 2022.
Las fuentes explicaron que 60 de los 120 trabajadores mencionados fueron retirados de sus cargos entre enero y mayo de 2023. “Actualmente todo mundo camina cabizbajo en la Corte, porque supuestamente están por despedir a otros 40 empleados que intentaron salir del país en los últimos meses. Les quitaron los pasaportes a ellos y sus familias. No los dejaron salir y sólo están esperando que los despidan”, confiaron trabajadores de la institución a CONFIDENCIAL.
Entre los recientes despidos, se encuentra la abogada Natalia Delgado Machado, hija del presidente de la Empresa de Minas (Eniminas), Ruy Delgado López. Ella se desempeñó como asesora de la Sala Contencioso Administrativo, a cargo de la magistrada Yadira Centeno.
Delgado Machado fue asesora del exmagistrado Rafael Solís hasta 2018 y su caso, según las fuentes, está en “revisión” en El Carmen (residencia presidencial). Se le pidió que presentara la copia de la epicrisis para demostrar que necesita ver con urgencia a un médico en el exterior, tal como alegó al hablar de su viaje.
Otro de los despedidos fue Gary Domínguez Bonilla, hijo de la exdiputada liberal Yamileth Bonilla. Igual que otras personas, llamadas por CONFIDENCIAL, el abogado cortó el teléfono cuando escuchó que su interlocutor era un periodista.
La represión a lo interno de la Corte
La represión es decidida —conforme con las fuentes consultadas para este reportaje— en la Secretaría del FSLN dirigida por Néstor Moncada Lau, sancionado también por la comunidad internacional, quien transmite las órdenes al magistrado Marvin Aguilar, y los despidos son ejecutados por Berman Martínez, el secretario general administrativo de la CSJ.
Sin embargo, la vigilancia a los empleados públicos inicia en las Unidades de Victorias Electorales (UVE), integradas por un comisario político, un secretario adjunto, un miembro de la Juventud Sandinista, entre otros. Todos se encuentran incrustados a todos los niveles de la institución.
“En cada sede judicial—Juzgados del Trabajo, Civil, Penales, Especializados en Violencia, Registro Público, CSJ— hay un secretario político que tiene ojos y oídos en todos lados. Ellos te caminan espiando. Si cometés un error: te despiden o te meten preso. Así reprime el doctor Aguilar o el doctor Ernesto Rodríguez (actual presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua)”, explicó “Sergio”.
El especialista en administración de Justicia y exmiembro del Poder Judicial en Matagalpa, Yader Morazán, agregó que el papel del magistrado de apelaciones Rodríguez está relacionado más con la dirección operativa de los procesos políticos que son trasladados a Managua.
Eso ocurrió el tres de mayo pasado, cuando 30 inocentes fueron acusados en una noche de terror, tras un operativo policial desplegado en 13 de los 15 departamentos y dos regiones autónomas del país.
Morazán afirmó que también han surgido nuevos liderazgos en los departamentos. Son fanáticos del orteguismo. Una de las maneras cómo han actuado en la CSJ es exponiendo denuncias contra miembros del Poder Judicial o abogados, cuando quieren sacar del juego a estas personas que son de su interés.
“Hay personas dentro de los Juzgados dedicadas también al espionaje. Nombraron policías que también se dedican a eso”, explicó Morazán.
Más casos de maltrato, humillaciones y acoso
Estos son otros casos que han impactado a lo interno de la CSJ, y que han sido recopilados con diversas fuentes institucionales.
- Ericka Blandino Cruz, jefa de la oficina de vigilancia de adolescentes infractores, ubicada en los Juzgados de Managua. Intentó viajar a Estados Unidos, pero causó revuelo porque es hija de Auxiliadora Cruz Castillo, una de las comisarias políticas del orteguismo. Igual estuvo retenida. Le fue retirado el pasaporte, escapando por poco de ser encarcelada.
- Magdalena Jiménez, jefa de prensa de los Juzgados de Managua. Fue destituida el seis de diciembre de 2022, después de soportar dos meses de acoso sindical tras la captura de su jefe Roberto Larios.
- Yamileth Cárcamo, exsecretaria de despacho de Alba Luz Ramos y exiliada en Estados Unidos.
- María Concepción Ugarte. Según la versión del diario La Prensa fue protegida en su momento del magistrado Aguilar. Salió rumbo a Estados Unidos en noviembre de 2022. Ocupó el cargo de juez del Sexto Penal de Vigilancia y Ejecución Presupuestaria.
- También se han dado al menos diez despidos en torno al Instituto de Alto Estudios Judiciales, uno de los feudos de Aguilar. La mayoría de estos casos, ocurrido hasta abril de 2023, se han dado por diferencias con Michelle Rizo, asesora del magistrado vicepresidente. Uno de los casos más destacados es el de la abogada Isabel Cubillo, que, según nuestras fuentes, fue despedida tras sufrir acoso laboral.
Cubillo fue directora de estudios de postgrados y cercana al comisionado general Adolfo Marenco, exjefe de inteligencia del régimen de Daniel Ortega, retirado el año pasado, tras desobedecer una orden de la vicepresidenta Rosario Murillo.
“En todos los casos, los empleados y funcionarios judiciales despedidos fueron sometidos a situaciones de humillación, acoso, asedio, insultos misóginos y persecución policial”, dijo la fuente.
Otras áreas del Poder Judicial afectadas por los despidos son las oficinas de tramitación del Tribunal de Apelaciones y los Juzgados de Managua, entre ellos varios que son identificados solo por sus nombres: “Claudia”, “Coralia”, “Ana Julia”, “Mariela” y “Javier”. Ellos abandonaron sus puestos de trabajo “sin hacer bulla”, pero la mayoría se encuentran refugiados en Costa Rica o tratando de llegar a Estados Unidos.
