15 de mayo 2023
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Al menos 18 personas fueron detenidas por la sancionada Policía, bajo órdenes del régimen orteguista, y fueron judicializadas durante el 12, 13 y 14 de mayo en una nueva ola de detenciones ocurridas en diferentes partes del país, incluyendo las dos regiones autónomas de la Costa Caribe.
Las detenciones se llevaron a cabo en los departamentos de: Rivas, Managua, Masaya, Granada, Chinandega, Chontales, Madriz, Boaco, así como en las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense, informó el Monitoreo Azul y Blanco, organización que también señala que “debido a la falta de información y represión, la cifra de personas detenidas puede ser mayor”.
Los detenidos durante el fin de semana son personas identificadas como activistas y opositores al régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los 18 fueron capturados y trasladados desde sus lugares de origen hacia Managua donde fueron sometidos a un proceso judicial exprés, calificado por abogados y defensores de derechos humanos como “arbitrario” e “ilegal”.
En los Juzgados de Managua fueron acusados por supuestamente cometer los delitos de “traición a la patria”, así como de “fomentar el odio” y “conspirar” en contra del Estado nicaragüense.
Detenciones similares a las del 3 de mayo
El pasado miércoles 3 de mayo de 2023, en horas de la noche, al menos 57 nicaragüenses, en su mayoría opositores y críticos con el Gobierno, fueron detenidos y presentados en “audiencias exprés” en los Juzgados de Managua.
Los fiscales acusaron, por supuestos delitos de “traición a la patria”, a 30 de los casi 60 arrestados. De los restantes 27 no se tiene información oficial y las organizaciones defensoras de derechos humanos asumen que “solo fueron detenidos y luego liberados”.
“Las personas injustamente detenidas fueron liberadas horas después, luego del proceso de acusación, amenazas y con la medida de presentarse diariamente a firmar a la delegación policial más cercana”, detalló el Monitoreo Azul y Blanco.
Al respecto, la abogada y defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, calificó estos allanamientos y detenciones como “ilegales” y al proceder judicial en contra los detenidos como “absurdo” y dirigido “contra inocentes”.
Abogados, activistas y médicos entre detenidos
Entre los nuevos detenidos se encuentra el ciudadano Juan Carlos Márquez, integrante de la organización estudiantil, Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), quien fue interceptado y secuestrado por oficiales en su vivienda de Nandaime, Granada, cuando este regresaba de una misa.
Otra de las detenidas fue la opositora Yolanda González Escobar, residente de la ciudad de Masaya y quien cuenta desde agosto de 2022 con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de sufrir dos allanamientos consecutivos durante un año.
También fue capturado el doctor José Luis Borge, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, quien fue citado por el Ministerio Público a mediados de 2021 por un caso vinculado a los procesos de atención que realizó durante la pandemia de la covid-19 y el abogado y notario público, Alejandro Vélez Brenes. Ambos detenidos en Managua.
Por otro lado, en El Viejo, Chinandega, fue detenido y trasladado a los Juzgados de Managua el señor, Dodanin Varela, miembro del Movimiento Liberal de Somotillo y expresidente departamental del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Chinandega.
Deben presentarse diario a la Policía
Según la abogada Yonarqui Martínez, a los detenidos las autoridades judiciales les impusieron “medidas alternas” a la prisión preventiva, por lo que deberán presentarse diario en las estaciones policiales de sus lugares de origen, para “firmar”.
CONFIDENCIAL publicó recientemente el testimonio de algunos ciudadanos obligados a firmar diariamente en las delegaciones de sus municipios de origen. “Carmen” relató que, en su caso, el horario de asistencia ha sido variable. La primera vez fue a las 10:00 a. m., pero los días siguientes lo ha hecho entre las 7:00 a. m. y 9:00 a. m. Ella, al igual que el resto de los acusados, vive con la incertidumbre de ser secuestrados por las autoridades otra vez.
A “Carmen” ya le advirtieron que no puede retrasarse ni cinco minutos de la hora programada para su firma, de lo contrario, agentes policiales irán por ella. La amenaza ocurrió un día que llegó un poco tarde y la castigaron con cuatro horas retenida en la delegación, sin justificación.
