15 de mayo 2023
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En las últimas dos semanas, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo nacionalizó a la Cruz Roja Nicaragüense, suspendió de por vida a 26 abogados —25 ellos declarados previamente “apátridas”— y secuestró y mantiene en casa por cárcel a al menos 30 ciudadanos. Estas acciones —valora el exsecretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão — demuestran la “profundización de un régimen absolutista” y un retroceso “dramático” de Nicaragua a una “realidad medieval”.
El régimen de Daniel Ortega persigue un “control total sobre la vida de las personas”, al conculcar sus derechos civiles y políticos, señala el exdirector de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para Abrão, en Nicaragua nadie puede decir lo que piensa, y “cuando lo hacen, no tienen derecho a un abogado, tampoco pueden acceder a la justicia, mucho menos a ser asistidos por una organización de derechos humanos (Ortega ha cerrado más de 3000 oenegés en los últimos cinco años), ni al Sistema Interamericano porque el Gobierno denunció la carta de la OEA (Organización de Estados Americanos)”.
“Esa es una señal de que el Gobierno sabe que está siendo derrotado porque está desnudando todos sus rasgos totalmente dictatoriales, totalitarios, personalistas, de partido único”, considera Abrão. “Se está creando una realidad medieval. Estamos retrocediendo a Nicaragua a una situación premoderna”, advierte el defensor brasileño en un panel compartido con el especialista nicaragüense en derechos humanos y despojado de su licencia para ejercer como abogado, Uriel Pineda, en el programa Esta Semana, que se transmite por YouTube debido a la censura televisiva impuesta por la dictadura.
La Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, anuló la personería jurídica de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense (CRN), confiscó sus bienes y creó una nueva entidad sujeta al Ministerio de Salud (Minsa). El hecho no tiene “precedentes” en el ámbito mundial, apunta Abrão, porque “no existe una Cruz Roja oficial”.
La acción del régimen implica “la negación de la neutralidad de una institución humanitaria que existe para prevenir, aliviar sufrimiento”, subraya el activista brasileño.
Pineda asegura que Nicaragua queda desprovista de una protección internacional humanitaria, y que ante una situación similar a la Rebelión Cívica de 2018 —en la que el Ministerio de Salud ordenó a los hospitales no atender a los heridos—, “no tenemos garantía de que exista una protección humanitaria neutral”.
“Profunda contradicción” del régimen
La dictadura justificó el cierre de la Cruz Roja acusándola de infringir sus propios principios —humanidad, imparcialidad, neutralidad— al brindar auxilio a miles de heridos en las protestas cívicas de abril de 2018. Sin embargo, para Abrão, implica una “profunda contradicción” porque la labor de la Cruz Roja es “exactamente aliviar el sufrimiento humano, atender a las personas que están heridas en situaciones de conflicto, proteger la vida de las personas independientemente de donde provienen los actos de violencia, de proveer apoyo en materia de salud para quien lo necesita para proteger sus vida, su integridad física y defender esa dignidad humana”, que fue lo que ocurrió en las protestas.
El defensor brasileño dirigió la misión de la CIDH que estuvo en Nicaragua en 2018 y determinó el asesinato de 355 personas, aún en impunidad. Abrão recordó que en varias ocasiones se encontraron a la Cruz Roja Nicaragüense en el terreno, pero “claramente sabíamos cuál el rol que cada uno cumplía en ese momento eran distintos”.
“Ellos nos comentaban que no podían estar en las mismas actividades nuestras, porque ellos iban a informar de manera privada al Estado. Entonces, no veo las razones por la cual el Estado ahora, cinco años después, viene a caracterizar la ayuda que el propio Gobierno solicitó a Cruz Roja, en su momento”, comenta.
Amenazas contra gremio de abogados
Tras la cancelación de la CRN, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló la licencia de abogado y notario público a 26 personas, entre ellos, la abogada Yonarqui Martínez, la fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, Pineda y otros desnacionalizados.
Para Pineda, además de representar una represalia directa por su permanente denuncia sobre las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, considera que el principal objetivo es “enviar una advertencia, una amenaza al gremio que ejerce la abogacía en Nicaragua, que si osan proteger o procurar justicia en favor de aquellas personas que sufren graves violaciones a derechos humanos pueden enfrentar esta misma consecuencia”.
Otro efecto de la resolución de la Corte, apunta el defensor, es que cualquier persona que haya sido violentada en sus derechos y busque una representación legal independiente en el país, “va a ser prácticamente imposible encontrarla”. “Con esta amenaza, básicamente, se ha anulado el derecho de acceder a una defensa en Nicaragua, ante la posibilidad de violaciones a derechos humanos, por un tema vinculado a la persecución política”, subraya Pineda. Por su parte, Abrão calificó la suspensión como un “acto arbitrario inaceptable”.
“Los abogados son imprescindibles para la administración de justicia. Si no hay abogado, no hay justicia. En Nicaragua nosotros sabemos que la justicia es instrumentalizada y no hay efectiva independencia del Poder Judicial, tanto es, que la Corte Suprema está implementando estas decisiones sin debido proceso y obviamente por orientación del Poder Ejecutivo”, expresa el exdirigente de la CIDH.
Transformación de la estrategia represiva
La reciente ola de secuestros ejecutada el 3 de mayo en todo el país y que concluyó con la aprehensión y puesta en libertad condicional de 57 personas, representa un cambio en la estrategia represiva del régimen orteguista. Según Pineda, estas acciones responden a que el Gobierno “pagó un alto costo político por mantener presos políticos”.
“El régimen necesita mantener la intimidación, censura y, sobre todo, generar la autocensura en la población, justamente, como un mecanismo de permanencia en el poder. Y por esa razón no encarceló a los afectados”, explica el defensor nicaragüense.
Agrega que “los libera, pero los controla de una manera muy cercana y muy intimidatoria”, al hacerlos presentar diariamente ante autoridades policiales.
“El mensaje que está transmitiendo es que tu libertad puede cambiar en cualquier momento. Es un acto de intimidación muy grande y lo que busca, justamente, es evitar la articulación entre la población civil para que elabore acciones de resistencia o de protesta contra el régimen ante el ambiente de represión que persiste en el país”, subraya Pineda.
A la par, la Policía orteguista ha visitado a varias personas amenazándolas con cárcel si no dejan de publicar críticas al Gobierno o recordar la lucha cívica de abril en sus redes sociales.
Un ingeniero agrónomo contó a la agencia Efe que la Policía llegó a su casa después de haber pedido al Estado, a través de las redes sociales, que se garantice el agua potable en su ciudad en la actual época de verano, en la que las temperaturas han rozado los 40 grados centígrados.
“Llegaron a mi casa y me tomaron fotos”, reprochó el profesional. Todas estas acciones en vez de representar una señal de fortaleza política, demuestran que “el Gobierno sabe que está siendo derrotado porque se está visibilizando y desnudando todos sus actos arbitrarios y sus rasgos dictatoriales, totalitarios, personalistas, de partido único”, analiza Abrão.
Lo que el Gobierno ha intentado hacer es adaptar “una cierta legalidad autoritaria dentro del país para justificar sus actos represivos”, pero esa legalidad es “a conveniencia, para ajustar a los deseos y las necesidades del manejo político, para sostener un poder que sabemos que en Nicaragua solo se mantiene por razones de ejercicio de la violencia, del abuso de poder, de un ambiente represivo, de intimidación social y de control de toda la institucionalidad estatal”, cuestiona el defensor brasileño.
