14 de mayo 2023
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó “suspender de por vida” los títulos profesionales de 26 abogados nicaragüenses, que en su mayoría se han destacado por su defensa de los presos políticos y derechos humanos en Nicaragua, y por su posición crítica hacia las acciones de represión. Además, en los últimos cinco años, han sido perseguidos por su labor y pensamiento.
Sin embargo, entre los “anulados” hay también fieles militantes orteguistas que cayeron “en desgracia” ante los ojos de la pareja presidencial.
En las resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se establece que estos abogados perdieron el derecho de ejercer dicha profesión por no tener la nacionalidad nicaragüenses, a excepción de la abogada Yonarqui Martínez, la primera defensora despojada de su título profesional, quien se encuentra en el exilio y no se informó sobre “las razones legales” que justifican esta decisión.
CONFIDENCIAL retrata quiénes son estos abogados y defensores de derechos humanos afectados con esta nueva represalia política de la dictadura Ortega-Murillo.
Los defensores de presos políticos y DD. HH.
Yonarqui Martínez. Es una de las defensoras de presos políticos que más casos tuvo a su cargo. Por su labor de defensa sufrió atentados y amenazas de muerte. “Cada vez que se acercan los juicios de líderes (de la protesta), hay una represalia al respecto. Quizás para que uno renuncie al caso o no vaya a sala”, dijo Martínez a CONFIDENCIAL, en marzo de 2019.
Por las amenazas, la abogada tuvo que moverse de casa en varias ocasiones y cuando fue despojada de su título profesional ya se encontraba en el exilio, desde donde denunciaba los atropellos a los presos políticos de la dictadura. Ella fue la primera abogada en ser suspendida de por vida.
“Años de estudio y experiencia profesional no se borran con una circular de un órgano cómplice del Ejecutivo en violaciones de DD. HH.”, dijo la defensora, quien es graduada de la UNAN-Managua.
María del Socorro Oviedo. Es coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), organización que llevaba a cargo la defensa de los presos políticos y cuya personería jurídica fue cancelada en abril de 2022.
Oviedo fue arrestada en julio de 2021 y condenada a ocho años de cárcel por supuestamente “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”, bajo la Ley 1055, y “propagar noticias falsas”. Fue una de los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos y desnacionalizados, en febrero de 2023.
En septiembre de 2019 fue suspensión temporalmente del ejercicio de abogada, luego que se defendió de una policía que la agredió en una estación policial de Masaya cuando ella brindaba acompañamiento al entonces preso político, Cristhian Fajardo. La defensora es graduada de la UNAN-León.
Vilma Núñez. Es una de las defensoras de derechos humanos más reconocidas en el ámbito nivel nacional e internacional. Es presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y es miembro del Consejo de Dirección de la Organización Mundial Contra la Tortura.
En su juventud fue miembro de agrupaciones que denunciaban la represión de la dictadura somocista. Por lo cual, fue encarcelada y liberada poco antes del triunfo de la Revolución Sandinista. Fue la primera mujer en ocupar un alto cargo en la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.
Núñez es una de las sobrevivientes a la masacre del 23 de julio de 1959 en León. En 2011 ganó el Premio Stieg Larsson, “por su larga lucha por los derechos de las mujeres y contra las injustas leyes antiaborto de Nicaragua”. En 2013, fue galardonada con el Premio Salvador Justo, por su trayectoria de más de 50 años en la defensa de derechos humanos.
Gonzalo Carrión. Tiene más de 30 años de trayectoria como defensor de derechos humanos en Nicaragua. Es graduado en derecho de la Universidad Centroamericana (UCA) y tiene un máster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Fue director jurídico del CENIDH durante 14 años y desde 2019 es defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +. Por su labor de defensa fue obligado a exiliarse en Costa Rica y es uno de los 317 nicaragüenses que ha sido desnacionalizado por la dictadura Ortega-Murillo.
Carrión afirmó que la resolución de la CSJ “”o tiene ninguna base legal” y es otra “cosecha de maldades” de Ortega.
Álvaro Leiva. Es secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), una organización creada en los años ochenta. Durante las protestas de abril de 2018, fue uno de los defensores que, cobijado por una bandera blanca en la que se leía “Derechos Humanos”, entraba a las barricadas ubicadas en Masaya para rescatar cuerpos, heridos y policías detenidos.
El defensor fue uno de los primeros que inició un recuento de los fallecidos en las protestas y por su trabajo fue víctima de asedio y persecución que lo obligó a exiliarse en Costa Rica, donde continúa con su labor de defensa de DD. HH.
En 2018 fue reconocido con el premio Franco-Alemán de Derechos Humanos. Leiva tiene especialidad en derechos humanos, derecho laboral y constitucional. El defensor, quien tiene asilo político en Costa Rica, fue despojado de la nacionalidad nicaragüense en febrero pasado.
Róger Reyes. Fue defensor del exaspirante a la presidencia y excarcelado político Félix Maradiaga. Fue el cuarto defensor que asumió su defensa después que los otros fueran presionados al exilio. En agosto de 2021 fue detenido y posteriormente condenado a diez años de cárcel por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
El defensor también fue miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y durante su tiempo en prisión fue uno de los reos de conciencia que inició una huelga de hambre para que le permitieran ver a sus dos hijas, de tres y cinco años. En febrero de 2023, Reyes fue desterrado a Estados Unidos y desnacionalizado.
“Yo salí con el deber y la responsabilidad de alzar la voz. Tenemos más de 50 presos políticos que deben estar en libertad”, dijo el defensor al medio Despacho 505 tras salir de prisión.
Uriel Pineda. Tiene una larga trayectoria como abogado, defensor de derechos humanos, docente universitario y consultor independiente. Su carrera inició en el CENIDH, después fue maestro en la Universidad Centroamericana (UCA), de donde se graduó.
Pineda se mudó a México desde 2015 donde ha prestado servicios a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y a la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México. También, fue docente en la Universidad Iberoamericana (Ibero) y actualmente es subdirector de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de ese país.
Por su experiencia en el derecho, Pineda es uno de los abogados que suele compartir análisis sobre la situación de represión y violación a derechos humanos de la dictadura Ortega-Murillo. Fue desnacionalizado en febrero pasado.
Mónica López Baltodano. Es abogada y ambientalista. Se ha destacado por investigar la corrupción en la concesión del proyecto del canal interoceánico. Es hija de los exguerrilleros Mónica Baltodano y Julio López Campos, quienes se encuentran en el exilio por la persecución del régimen.
“Pueden intentar desaparecer los títulos que me dio la Corte Suprema de Justicia luego de haber culminado mi carrera como graduada summa cum laude, pero para su dolor, ya llegaron muy tarde, porque mis tres libros de diez años de lucha jurídica junto a ambientalistas y el movimiento campesino anticanal no van a poder desaparecerlos en sus hogueras de la ignorancia”, dijo López Baltodano.
Los opositores o críticos del régimen
Edgard Parrales Castillo. Exsacerdote y defensor de la teología de la liberación en Nicaragua. En los años ochenta fue embajador y representante permanente de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA). También ha sido docente universitario de la UNAN-Managua y representante en la Cámara de Arbitraje en Managua.
En los últimos años destacó como analista político y crítico de la dictadura. En abril de 2022, a sus 79 años, fue condenado a ocho años de prisión por los presuntos delitos de “conspiración” y “difusión de noticias falsas”.
José Bernard Pallais. Fue viceministro del Ministerio de Gobernación y de Relaciones Exteriores en Washington durante el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. Años después fue diputado del Partido Liberal Constitucionalista. En 2019 se integró en la Alianza Cívica y fue uno de los integrantes del segundo intento Diálogo Nacional.
Fue arrestado en junio de 2021 por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, delito por el cual fue condenado a 13 años. En febrero pasado fue desterrado a Estados Unidos. Él ya no ejerce como jurista porque está jubilado.
Sergio Ramírez Mercado. Es un destacado escritor y novelista, ganador del Premio Cervantes 2017. Estudió derecho en la UNAN-León, fue parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y entre 1985 y 1990 fue vicepresidente de Nicaragua. En los años setenta, Ramírez fue parte del grupo "Los Doce" que reunió a empresarios, intelectuales, sacerdotes y dirigentes que apoyaban al Frente Sandinista ante la lucha contra la dictadura somocista.
Ramírez ha destacado por su trabajo en la literatura que ha sido reconocido por múltiples premios internacionales. Su última novela Tongolele no sabía bailar fue prohibida en Nicaragua por la dictadura. El escritor estaba en el exilio cuando fue desnacionalizado en febrero pasado. "Mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo", dijo Ramírez.
A sus 80 años, él es el intelectual público con mayor prestigio en Centroamérica. Su obra suma más de 60 libros, entre novelas, cuentos, crónicas y ensayos. Por su postura crítica ante el régimen de Daniel Ortega fue obligado al exilio.
Ana Margarita Vijil. Es abogada, politóloga, feminista y defensora de derechos humanos. Es graduada de la Universidad Centroamericana y trabajó en la misión de Nicaragua en la Corte de La Haya, en el juicio de Nicaragua contra Colombia. Vijil fue presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que ahora se conoce como Unión Democrática Renovadora (Unamos).
La abogada y defensora de derechos humanos ya había sido arrestada el 14 de octubre de 2018 cuando participaría en un plantón por Camino de Oriente que fue aplastado por las fuerzas represivas. Un día después fue puesta en libertad. En junio de 2021 volvió a ser arrestada. En prisión fue una de las presas políticas que estuvo aislada.
“No fue chiche, pero se pudo se pudo sobrevivir. Uno busca mecanismos de resistencia. Tu cabeza busca mecanismos de resistencia y esos son los que te van ayudando. Yo siento que mantener el ánimo era una forma de resistencia”, dijo tras ser desterrada a Estados Unidos.
José Talavera Arauz. Es un opositor de Ocotal que fue acusado en 2022 de espiar las votaciones municipales de ese año; según la Fiscalía, él recibía orientaciones por WhatsApp. En 2019, Talavera ya había sido acusado de menoscabo a la integridad nacional. El abogado era graduado de la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (UNIVAL) y tenía una pequeña empresa exportadora de café.
Osman Marcel Aguilar Rodríguez. La dictadura lo mantuvo prisionero desde julio de 2019 hasta febrero de 2023, cuando fue desterrado hacia Estados Unidos. Durante las protestas se atrincheró en la extinta Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI). Es abogado de profesión y tenía una pulpería en el barrio Laureano Mairena, en Managua. Fue condenado a seis años y nueve meses de prisión por los supuestos delitos de “tenencia y uso de armas de fuego”.
Hader Humberto González Zeledón. Es un exmiembro de la Policía Nacional que se unió a las protestas de abril de 2018 en el departamento de Masaya. Por el asedio y persecución en su contra se exilió durante un tiempo en Costa Rica, pero en 2021 intentó regresar y fue cuando lo arrestaron por supuestamente ser miembro de una banda delincuencial conocida como “los Topos”. Fue condenado a 48 años de prisión en un juicio donde usaron a policías y militares como testigos.
Manuel Sobalvarro Bravo. Fue preso político y es exmilitar del Ejército de Nicaragua. A Sobalvarro lo detuvieron en noviembre de 2019 por los delitos de “tenencia ilegal de armas” y de “atentar contra la seguridad del país”. Fue uno de los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos.
Noel Vidaurre. Fue presidente del Partido Conservado y aspirante a la presidencia de Nicaragua en cuatro ocasiones entre 1996 y 2021. En este último año fue arrestado y condenado a nueve años de cárcel por el supuesto delito de “conspiración”. Tiene un doctorado en derecho de la UNAN-Managua y una maestría en administración de empresas en el INCAE, de Costa Rica.
En 1983, Vidaurre fue asesor jurídico de la presidencia y en los años noventa ocupó el cargo de viceministro de relaciones exteriores y también fue viceministro de economía y desarrollo. Fue diputado por el Partido Conservador entre 2002 y 2007, e intentó sin éxito ser el candidato presidencial del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en 2006, en los comicios que devolvieron el poder a Ortega.
Eliseo Núñez. Abogado, analista político y consultor independiente. Fue cónsul general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en los años noventa, secretario general del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y diputado de la Asamblea Nacional. Desde junio de 2021 se exilió en Costa Rica.
Manuel Díaz. Es abogado de profesión, pero es conocido por ser el director del blog Bacanalnica —el más leído de Nicaragua—, desde donde opina y analiza con un lenguaje informal el acontecer del país. Es experto en temas de comunicación digital. Vive en el exilio y fue despojado de la nacionalidad nicaragüense en febrero de 2023.
Héctor Ernesto Mairena. Es graduado de Ciencias de la Comunicación y Derecho en la Universidad Centroamericana (UCA). Es vocero del partido Unamos y también fue integrante del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Mairena se encontraba en el exilio cuando fue incluido en el listado de 94 nicaragüenses que les quitaron su nacionalidad.
Hugo Ramón Rodríguez Flores. Estuvo prisionero de la dictadura entre octubre de 2022 y febrero de 2023. A él lo acusaron del presunto delito de “conspiración”. Fue desterrado a Estados Unidos y desnacionalizado.
Los militantes orteguistas
Rafael Solís. Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y disidente de la dictadura Ortega-Murillo. En 2019 se exilió en Costa Rica y los señaló de ser los “responsables” directos de las condenas judiciales contra los presos políticos, y la "cadena de mando" del asedio y acoso que ejecuta la Policía contra decenas de opositores.
Estuvo en el cargo de magistrado de la CSJ durante 19 años y antes fue diputado de la Asamblea Nacional. La relación entre Solís y Daniel Ortega se originó en los años setenta cuando este se unió al Frente Sandinista. En 2005, el exfuncionario fue el padrino de bodas de Ortega y Rosario Murillo.
Desde el exilio, Solís admitió que tras el encarcelamiento masivo de opositores que participaron en las protestas de 2018, él recibía órdenes directas de Ortega y Murillo. “Me reunía con ellos, cuando me decían Payo tenés que ver estos casos, que salgan condenados. Entonces, yo les decía: ‘voy a llamar por teléfono al juez, voy a citarlo a mi oficina’.
Marlon Sáenz. Es conocido popularmente como “Chino Enoc”. Antes de ser arrestado por la dictadura, se declaraba abiertamente militante sandinista, pero era crítico de Rosario Murillo. Se volvió conocido en el país por sus transmisiones en vivo en Facebook en las que reconocía haber participado en la represión a las protestas cívicas de 2018. Fue arrestado en mayo de 2022 por el supuesto delito de narcotráfico.
Roberto Larios Meléndez. Durante más de 20 años ocupó el cargo de vocero y director general del área de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Desde su puesto obstaculizó la labor periodística de los medios independientes. Sin embargo, en octubre de 2022, la misma dictadura que defendió lo encarceló. Previo a su arresto otros funcionarios del Poder Judicial fueron detenidos.
María José Camacho. Era asistente de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos. Fue arrestada en noviembre de 2022, ella fue acusada de traición a la patria y en 2023 fue desterrada a Estados Unidos.
Moisés Astorga Sáenz. Era asesor de la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos. Sáenz fue detenido en octubre de 2022 y desterrado a Estados Unidos en febrero pasado.
