11 de mayo 2023
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La dictadura que encabeza Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua decidió cerrar la Cruz Roja en ese país. En su lugar, la disposición crea a la Cruz Roja Nicaragüense como un ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud que continuará dando cumplimiento al marco jurídico internacional fundamentado en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales. En otras palabras, el régimen tiene su propia Cruz Roja, pero ¿qué implicaciones tiene esto desde el Derecho Internacional Humanitario?
Si bien para el nicaragüense promedio la Cruz Roja es una institución que traslada heridos y enfermos para que reciban atención médica; el lugar donde haces tu examen de la vista para obtener tu licencia de conducir; un sitio donde puedes donar sangre o buscar en caso de requerir; y que, en vacaciones de verano, brinda apoyo con socorristas a los diferentes balnearios del país. Pero lo cierto es que la Cruz Roja surge hace 160 años para velar por la suerte de enfermos y heridos en los conflictos armados, haciendo nacer consigo lo que hoy se conoce como Derecho Internacional Humanitario.
La adhesión orgánica de la Cruz Roja a la estructura del Estado es totalmente incompatible con la neutralidad que caracteriza y se le reconoce a la Cruz Roja internacionalmente, así como los principios de imparcialidad e independencia que también rigen a la institución. Ilustrado de forma práctica, si en estos momentos en Nicaragua estallara un conflicto armado o guerra civil (Fuerzas Armadas orteguistas contra Fuerzas Armadas disidentes o Fuerzas Armadas contra el ejército irregular) la Cruz Roja del régimen no puede brindar la asistencia humanitaria de forma neutral por formar parte de un bando.
Tal vez el ejemplo luzca exagerado, pero es pertinente recordar que tanto en el Informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2018, como en el Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU de marzo de este año, se documentó como el Ministerio de Salud de Nicaragua negó atención médica a los heridos por la represión del régimen durante 2018 y se sumó a la política gubernamental que convirtió en objetivo a manifestantes y derivó en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad.
La adhesión de la Cruz Roja por parte del régimen permite suponer que, ante una nueva oleada represiva, los servicios de la benemérita institución pueden ser obstaculizados, tal y como ocurrió con la Dirección General de Bomberos ubicada en la carretera norte respecto del fatídico incendio del barrio Carlos Marx en Managua.
En Nicaragua se han cometido y se siguen cometiendo Crímenes de Lesa Humanidad, además se ha cerrado cualquier espacio de participación política que demande el restablecimiento de la democracia en el país y el régimen también ha refrendado lealtades en el Ejército a cambio de prebendas económicas. La suma de estas acciones son caldo de cultivo para el surgimiento de grupos beligerantes que aspiren derrocar al régimen por la vía armada, o al menos un nuevo estallido social.
En el volátil contexto nicaragüense, la decisión del régimen de eliminar a la Cruz Roja no puede leerse como el cierre de una ONG más, sino como el acto para dejar desprovisto a un país de la protección humanitaria y a merced de una dictadura que ha cometido Crímenes de Lesa Humanidad y está dispuesta a seguirlos cometiendo para permanecer en el poder. El cierre de la Cruz Roja en Nicaragua es una campanada de alerta para la comunidad internacional respecto del costo humano que implica la persistencia del estado policial en Nicaragua o su agravamiento.
*Maestro en Derechos Humanos.
