11 de mayo 2023
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El Gobierno de Estados Unidos ha acelerado el proceso de adaptación y de reunificación familiar de los 222 excarcelados políticos que fueron desterrados de Nicaragua y desnacionalizados por la dictadura Ortega-Murillo, en febrero pasado. En solo tres meses, ya el 95% de estos consiguieron sus permisos de trabajo estimó Damaris Rostrán, miembro de la diáspora nicaragüense e integrante de la Mesa de Trabajo Nacional de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
“Eso para ser Estados Unidos y tenerlo en dos meses, como acaban de cumplir ellos, es una maravilla. Diría que es una magia, porque realmente nosotros en Estados Unidos no tenemos una Ley Migratoria muy buena. Hay reunificaciones familiares que han tardado diez o quince años, y es porque no tenemos una Ley de Migración clara hacia esto”, destacó Rostrán en entrevista con el programa Esta Noche.
La activista explicó que, para este grupo de excarcelados políticos, el parole humanitario ha sido la forma administrativa que el Gobierno de Joe Biden encontró para “rescatarlos” y solo se puede comparar con una operación similar ejecutada en los años sesenta en Cuba.
“La operación (nicaragüense) tenía tres componentes: vivienda, migración y salud. El tema de vivienda lo absorbió completamente la diáspora, porque al ellos tener el parole humanitario no tuvieron otros beneficios que sí han tenido algunos refugiados, como los afganistanos y ucranianos. (...) El tema de migración está súper avanzado en comparación con otras comunidades. O sea, tener un permiso de trabajo, un Seguro Social en dos meses, en Estados Unidos, es algo súper bueno y relevante”, señaló la nicaragüense que tiene más de veinte años viviendo en EE. UU.
Centro para Víctimas de Tortura acompaña a excarcelados
Aseguró que en el tema de salud, los excarcelados se han apoyado de organizaciones comunitarias y sin fines de lucro, pero también el Departamento de Estado, quien asignó al Centro para Víctimas de Tortura para acompañarlos en los diferentes estados donde se encuentran.
“Hay un equipo de aproximadamente quince personas alrededor de ellos, ayudándoles a navegar en los sistemas de cada estado, porque están diseminados por todo Estados Unidos. En su mayoría están en Florida, Maryland, Washington, Virginia, California y Georgia, y cada uno de ellos tiene asignado a una trabajadora social”, detalló.
Subrayó que cada estado tiene un sistema diferente de operar; es decir, que el acceso a la salud es más amigable con los migrantes en unas zonas que otras. Asimismo, los migrantes tienen mayores beneficios o desventajas en unos estados que en otros, por eso es importante que reciban acompañamiento.
Hasta este momento, hay diez o quince familias de excarcelados políticos que están en el proceso de reunificación. Ellos han aplicado a través del parole humanitario. En este proceso, los nicaragüenses desterrados se apoyan en organizaciones como Welcome USA, que los ayuda a conectar con posibles patrocinadores, pero también con el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional.
Sin embargo, el mayor desafío para los excarcelados es la adaptación en un país al que no decidieron ir y que tiene otro idioma. Este cambio para unos está siendo más duro.
“Los 222 son una muestra de lo que es la sociedad nicaragüense. Entre ellos podés encontrar gente que nunca fue a la escuela, que no sabían leer y escribir, y también podés encontrar gente que tiene un doctorado en Oxford. Son de todos los niveles de liderazgos de una sociedad y por eso los afecta de diferente forma”, indicó.
Nicaragua es el candidatos más óptimo para el TPS
La también representante de Mesa de Trabajo Nacional de TPS informó que se ha intensificado la campaña para la aprobación del TPS para los nicaragüenses que llegaron después de 2018. Esperan que esta sea aprobada antes que termine el primer semestre de 2023.
“Esta es una campaña que la hemos estado trabajando ya por varios años. Lo que pasa es que lo de 2018 (la Rebelión de Abril), nos dio las herramientas para ir a la administración, a la Casa Blanca, a exponer la situación de Nicaragua para volvernos candidatos a tener este beneficio migratorio”, comentó Rostrán.
El TPS es un beneficio migratorio que otorga el Gobierno de los Estados Unidos a los nacionales de países afectados por desastres naturales, conflictos armados u otras “condiciones extraordinarias y temporales”. Este permite al beneficiario permanecer legalmente, obtener un permiso de trabajo, un número de Seguro Social y optar a diferentes beneficios públicos que pudiesen necesitar en algún momento. Los nicaragüenses recibieron el TPS por primera vez en 1999 después del desastre ambiental causado por el huracán Mitch.
“El TPS ya tiene más de 20 años y hay aproximadamente 5000 nicaragüenses beneficiados; en comparación con salvadoreños, que hay más de 200 000, o de los hondureños que hay aproximadamente 75 000. Guatemala nunca ha tenido TPS. Entonces, realmente comenzó como una campaña para Centroamérica y se fueron dando las condiciones para empujar a que Nicaragua fuera candidato. Y al día de hoy, es el candidato de Centroamérica con más opciones de tener el TPS” por el trabajo impulsado por la diáspora, explicó.
Rostrán afirmó que tienen expectativas de que el TPS sea aprobado en lo que queda del primer semestre de 2023 por las gestiones que han realizado desde la diáspora. “Hemos estado en las últimas semanas, cada martes, haciendo campaña, llamando a la Casa Blanca para asegurarnos que el presidente (Biden) esté escuchando directamente de las comunidades, de la comunidad nicaragüense, que realmente necesitamos, que ya asigne el TPS. Tenemos expectativas, pero bueno, hasta que no tengamos listo la firma del presidente, no vamos a decir que se dio”.
Sin embargo, resaltó que si no se da en este semestre, en el próximo se corre el riesgo de que pase de ser un tema humanitario a tema político por la cercanía con 2024, que será un año electoral.
Ley de Seguridad Fronteriza de 2023
La activista opinó que en el caso del proyecto de Ley H.R. 2, conocido como Ley de Seguridad Fronteriza de 2023, que amenaza el parole humanitario, el presidente Biden ya ha dicho que la va a vetar, pero “eso no significa que muera allí”.
“El presidente tiene la obligación de mandarla para el Congreso de regreso con su cambio o la sugerencia que él quiera y pueden pasar dos opciones: o se muere ahí o definitivamente la ley tiene que regresar y hacer el círculo completo otra vez, de ir al Senado, a los comités, de entrar a las negociaciones y entonces llegar otra vez donde el Presidente. Yo diría que es un camino largo que recorrer y hay otras propuestas migratorias de parte de otros senadores, como el senador (Robert) Menéndez, pero ojalá que encontremos un balance en esto y que el tema de migración no siga siendo un tema político, sino como lo que es: un tema humanitario”, describió.
