9 de mayo 2023
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Cuatro indígenas mayangnas, encarcelados desde el 23 de agosto de 2021, están sometidos a un "régimen de tortura", que incluye condiciones inhumanas de encierro, amenazas de lesiones y muerte y abuso sexual, según denuncias hechas por cuatro agrupaciones nicaragüenses y extranjeras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En agosto de 2021 ocurrió una masacre en la comunidad de Kiwakumbaih, jurisdicción del territorio mayangna Sauni As, en el Caribe Norte de Nicaragua. Sobrevivientes del ataque señalaron a un grupo de aproximadamente treinta hombres armados, que hablaban español, vestían con ropa militar y utilizaban armas de fuego de alto calibre. Sin embargo, las autoridades policiales responsabilizaron en su lugar a un grupo de 13 indígenas mayangnas.
Cuatro de los 13 indígenas fueron arrestados: el síndico territorial, Ignacio Celso Lino, el juez comunal de Suniwás, Argüello Celso Lino, y los guardabosques Dionisio Robins Zacarías y Donald Andrés Bruno. Los cuatro fueron acusados de violentar, torturar y abusar sexualmente a once personas durante la masacre y, el 10 de marzo de 2022, fueron condenados a cadena perpetua por supuestamente ser coautores del delito de asesinato agravado en perjuicio de nueve personas.
La Organización Mundial Contra la Tortura, el grupo Acción Penal, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia de la Universidad Jesuita de Guadalajara y el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) denunciaron a través de una carta dirigida a la CIDH que el proceso contra los cuatro indígenas estuvo “lleno de irregularidades”.
Entre las arbitrariedades señalaron que fueron "detenidos sin orden judicial, abstraídos de su juez natural, dejándolos incomunicados por varios meses, negándoles la protección del habeas corpus, violando su derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia".
A través de familiares de los detenidos, Calpi, constató las condiciones de los encarcelados. La última vez que pudieron verlos estaban en una celda de castigo y aislamiento, con los pies encadenados, muy delgados, tres de ellos pálidos y uno, inflamado.
Los detenidos padecen de "enfermedades crónicas" y no reciben "atención médica o medicamentos". Además, duermen "en losetas de cemento, sin colchón ni sábanas", y permanecen "en calzoncillos o desnudos, sujetos a castigos físicos y sexuales y encadenados de pies y manos".
"Sobre el abuso sexual señalan dos modalidades; primero, perpetrados por los otros internos —presos comunes— penetrándolos sexualmente mientras los amenazan con armas blancas hechizas en el penal. Por parte de los custodios, quienes realizan los vejámenes con objetos como las puntas de las armas, macanas, etc.", detallan.
Condiciones se han agravado tras primer año de cárcel
Durante el primer año de su detención, los familiares de los indígenas podían llevarles alimentos preparados, pero las condiciones se han agravado desde diciembre de 2022. Ahora que están en celdas de castigo no pueden realizar bien sus necesidades ni tampoco preparar sus alimentos. En cambio, están limitados a consumir la comida del centro penitenciario, que catalogan de "cruda y en mal estado".
Los detenidos también fueron sometidos a interrogatorios constantes durante su primer año de cárcel, hasta que fueron separados y enviados a celdas con reos comunes, quienes --al escuchar que no hablaban en español, sino en su idioma natal-- los golpeaban y amenazaban con matarlos con cuchillas de afeitar o armas hechizas.
Calpi, la Organización Mundial Contra la Tortura, Acción Penal y el Centro Universitario por la Dignidad y a Justicia de la Universidad Jesuita de Guadalajara consideran que los cuatro comunitarios mayangnas "pagan condenas injustas, arbitrarias y desproporcionadas" y consideran que este régimen de tortura "les causará daños irreparables".
