4 de mayo 2023
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Más de cincuenta nicaragüenses capturados la noche de este miércoles 3 de mayo fueron acusados en audiencias exprés en los juzgados de Managua por los supuestos delitos de “conspiración y menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, confirmaron diversas fuentes a CONFIDENCIAL.
Según un informe preliminar cortado hasta el mediodía de este jueves, el Monitoreo Azul y Blanco verificó 57 detenciones arbitrarias: 22 mujeres y 35 hombres. Sin embargo, advierten que la cifra puede ser mayor debido a la falta de información y represión que impera en Nicaragua.
Los secuestros fueron ejecutados por la Policía orteguista al caer la noche de miércoles, en once de quince departamentos de Nicaragua: Rivas, Chontales, Chinandega, Estelí, Granada, Jinotega, León, Madriz, Managua, Matagalpa, Nueva Segovia y las dos regiones autónomas del Caribe. Los arrestados fueron presentados en diferentes salas, coordinadas por jueces orteguistas, quienes ordenaron su libertad condicional, obligándolos a que se presenten a firmar a la delegación policial de su localidad a partir de este jueves.
Según relatos de diversas fuentes, los secuestrados fueron trasladados directamente de sus casas por agentes de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) hacia los juzgados capitalinos. Los presentaron en grupos por departamento de procedencia. Los jueces orteguistas, fieles a la dictadura, admitieron la acusación presentada por varios fiscales, mientras les impusieron a los acusados defensores públicos, también alineados al régimen orteguista, relató la abogada Yonarqui Martínez, quien ha estado dando seguimiento a la redada.
Las audiencias preliminares se realizaron entre la noche de este miércoles y la madrugada de este jueves 4 de mayo. Una vez que los acusados salían de sus audiencias, los subieron a buses y fueron trasladados a sus casas por oficiales de la Policía departamental.
Entre los secuestrados y ahora, acusados bajo libertad condicional, se encuentran defensores de derechos humanos- Harold Antonio González, originario de San Pedro de Lóvago, Chontales-, periodistas -William Aragón, excorresponsal de La Prensa; opositores - Danelia Argüello-; líderes territoriales y miembros del Movimiento Campesino -Octavio Ortega, de Rivas y Teresa Mena, de Juigalpa; la señora Mary Cruz Bermúdez, madre del primer asesinado durante las manifestaciones de abril de 2018, Richard Pavón Bermúdez, y miembro de la Asociación Madres de Abril (AMA), y muchos más.
La ola de capturas incluyó allanamientos y robos con violencia, según las fuentes, que por seguridad solicitaron omitir sus nombres. La Policía llegó buscando teléfonos y computadoras, que se llevaron y no regresaron. En algunos casos también sustrajeron dinero y objetos de valor.
Más violaciones de leyes
La justicia orteguista, nuevamente, instrumentalizó delitos creados para la represión contra la población. Por supuesta conspiración, menoscabo y propagación de noticias falsas fueron condenados más de 50 nicaragüenses, que el pasado 9 de febrero integraron un grupo de 222 exreos político desnacionalizados y convertidos en apátridas por el régimen de Daniel Ortega.
La abogada Martínez señala que este accionar policial y judicial carece de legalidad, representando violaciones al debido proceso como detenciones y allanamientos después de las seis de la tarde; los capturados fueron sustraídos de su juez natural y obligados a enfrentar un proceso judicial en Managua. Tampoco se les permitió un abogado de su confianza. “No es un proceso justo, está plagado de nulidades”, expresó.
Esta es la más grande ola de secuestros ejecutada en una misma noche, después de la arremetida policial de la dictadura en el contexto de las votaciones generales de 2021, en la que detuvo a más de 30 líderes sociales, cívicos y opositores.
