2 de mayo 2023
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El Ejército de Nicaragua capitalizó una serie de beneficios económicos a cambio de lealtad política al régimen de Daniel Ortega en los últimos dieciséis años y eso impactó en la institución, considera el investigador en temas de seguridad, Javier Meléndez, fundador de la iniciativa Expediente Abierto y exdirector del Instituto de Estudios Estratégicos y de Políticas Públicas (IEEPP).
Meléndez analizó en el programa televisivo Esta Semana los hallazgos de una investigación periodística realizada por CONFIDENCIAL en alianza con la plataforma periodística latinoamericana Connectas.
La investigación documentó una política estatal de donación de propiedades a favor de las fuerzas castrenses desde 2007, el aumento del presupuesto militar y la reelección del general Julio César Avilés en tres ocasiones, acumulando 13 años continuos al mando de los militares, rodeado de una cúpula de generales que Meléndez no cree “ajenos a la relación con el régimen”.
Junto a esos beneficios, se realizaron negocios con el Estado a través del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) y el comandante en jefe, el general de Ejército, Julio César Avilés. “No hay en el Ejército reserva moral, están jugando un juego desde hace muchos años con Ortega que los ha destruido institucionalmente”, afirmó en esta conversación, donde además compara la situación del Ejército con sus homólogos de Centroamérica.
Esta investigación de CONFIDENCIAL documenta que, en los dieciséis años consecutivos del régimen de Daniel Ortega, el Ejército ha sido el principal beneficiario de las donaciones de propiedades otorgadas por el Estado. El 42% de estas van dirigidas a esta institución. ¿Hay alguna lógica dentro de lo que podría llamarse la estrategia de defensa?
No hay ninguna lógica en la forma en que el régimen Ortega ha beneficiado al Ejército con las propiedades y todos los activos que ustedes en su reportaje han hecho saber. Básicamente la idea (es) que, capturando a las Fuerzas Armadas, estos regímenes autoritarios consolidan un poder letal y de control sobre la sociedad.
Recordemos que desde el 2007 fue muy claro. Él (Ortega) dijo que la Policía y el Ejército venían del sandinismo y mucha gente no tuvo (claro) en ese momento que había la intención de un proyecto hegemónico de captura de las Fuerzas Armadas. Si ves los regímenes de este corte como el de Venezuela, por ejemplo, vamos a notar que el elemento intrínseco a esos sistemas es lograr la adherencia política, partidaria y a los ejércitos a sus intereses hegemónicos y dictatoriales. Entonces, no tiene nada que ver con defensa, tiene que ver con mantener un sistema que esté bajo el mando del círculo familiar, su élite económica y política y responda a los intereses específicos del régimen.
La mayoría de estas propiedades no tienen prácticamente ningún uso para fines militares. Parece que más bien están destinados a eventuales negocios de inversión: desarrollo inmobiliario o incluso de soporte para préstamos. ¿Quién define esta relación económica privilegiada? ¿El Ejército u Ortega?
Ha sido definida siempre por el Ejército. Es decir, es un agente económico poderoso desde 1990. La diferencia es que hubo una suerte de complacencia y acuerdo entre la élite política desde 1990, para que acumulara una cantidad de activos que lo llevó a ser uno de los principales poderes económicos de Nicaragua. No se decía nada porque el pastel era grande y alcanzaba para repartir para todos. Ahora la historia es diferente. El Ejército prioriza sus intereses económicos, intercambiando lealtad política al régimen.
También sería interesante que, además de ver cómo ellos utilizan esas propiedades para fines privados, habría que ponerle un foco en el futuro si también pueden ser para otros objetivos relacionados con la criminalidad organizada o algo por el estilo. Nicaragua está muy comprometida con esos asuntos a través de sus instituciones.
Decías que el Ejército es un agente económico poderoso. ¿Cómo ha evolucionado esta estrategia de negocios en los últimos cinco años, cuando se ha deteriorado la relación del régimen con el sector privado?
En 2010 nosotros (IEEPP) hicimos una investigación sobre los negocios del Ejército, que, por cuestiones de seguridad, decidimos no publicar. Y toda la información que obtuvimos en términos de testimonios, se nos hizo prometer que íbamos a mantener el anonimato de los entrevistados.
Siempre hubo una incomodidad del sector privado sobre la presencia del Ejército como un agente económico importante, porque, además, la constante queja es que jugaban con reglas que eran diferentes. Mientras ellos tenían que licitar, el Ejército tenía asignaciones directas; mientras que ellos tienen una tabla de impuestos que cumplir, era incierto si el Ejército y sus empresas estaban cumpliendo con esas obligaciones fiscales. Pero nunca lo hicieron público.
Ahora hay una empresa privada que simplemente ha aceptado esa realidad a la fuerza y estamos en una situación donde el sector privado sigue callado al respecto, porque realmente hay un estado de terror. Pero, los problemas se arrastran desde hace años en términos de la falta de transparencia.
Además de la donación de propiedades, esta investigación demuestra que en los trece años en que el Ejército ha estado bajo el mando del general Julio César Avilés, subordinado a Ortega, ha tenido un incremento permanente del presupuesto en más de 300%. ¿Hay alguna justificación?
Hemos revisado los presupuestos de defensa de Centroamérica y en todos los países hay incrementos notables. Las diferencias son bastante claras. En El Salvador hay un plan de control territorial, donde el pivote principal son las Fuerzas Armadas. El gobierno de (Nayib) Bukele se ha visto obligado a incrementarlas, porque además le da una especie de bono político frente a ellos, que, para él, es muy importante en su proyecto autoritario.
Guatemala está en una situación igual. Ha incrementado notablemente lo mismo que Honduras, pero también la justificación es la modernización de su sector defensa que va a ser muy difícil que lo hagan según el patrón institucional que han tenido todos estos años de corrupción, de falta de rendición de cuentas.
Nicaragua quizás es el único país donde hay un claro proyecto de beneficio presupuestario a las Fuerzas Armadas con fines políticos y de reforzar la subordinación del Ejército a la familia Ortega Murillo.
Me parece también que Honduras va por el mismo camino donde también Mel Zelaya, junto con su esposa públicamente, han declarado que el modelo de Nicaragua se puede reproducir en Honduras. Es un asunto muy complicado, porque el Ejército de (ese país) tiene una impronta diferente a la de Nicaragua.
También ha habido un incremento notorio en el número de efectivos en Nicaragua. Pasó de 10.500 efectivos cuando Ortega retornó al poder en 2007 hasta 15 700 en 2023. ¿Cómo se corresponde con el resto de Centroamérica?
Todos los ejércitos han aumentado sus efectivos, pero cuando ves la doctrina a la que apelan en el resto de la región, ellos te dicen que los líderes políticos les están pidiendo más cosas que hacer. Es cierto. Hacen muchas más cosas que hace diez años. Están trabajando activamente en asuntos de apagar incendios, gestión de medio ambiente.
En Nicaragua, claramente la historia es diferente. El crecimiento del Ejército es para aumentar el control territorial y político sobre las zonas donde el régimen siente que es vulnerable. Si lográs ver el crecimiento en cantidad y en cobertura de las bases y comandos militares regionales, departamentales y locales en la zona norte del país, por ejemplo, te vas a dar cuenta que eso está específicamente orientado a contener políticamente cualquier riesgo de explosión política y social en esa zona.
Nos encontramos en un escenario donde la doctrina del Ejército, en términos de crecimiento—presupuesto y efectivos— tiene que ver con la capacidad que necesita el régimen Ortega Murillo para mantener el control político y la lealtad del Ejército.
Los trece años de Avilés en la jefatura
Un punto central es la relación entre el jefe del Ejército y Ortega. El general Avilés ha sido prorrogado en su cargo por tres períodos. ¿Hay algún parangón con el resto de Centroamérica? ¿Cómo afecta esa continuidad las reglas de la institución?
En el caso de Centroamérica no hay ejemplos (como) lo que está sucediendo en Nicaragua en términos de que el jefe del Ejército se mantiene en el mando tres veces y por tantos años. Al contrario.
Lo que sucede es que hay un rejuego político, donde ha habido casos donde un coronel, por ejemplo, que inspira confianza al presidente que no estaba en la cadena de mando para ser el jefe de las Fuerzas Armadas, entonces es puesto en ese lugar y en consecuencia el resto de mandos tiene que retirarse.
Ese escenario donde un coronel tomó el mando de las Fuerzas Armadas, igual hay una especie de balance todavía en la región donde de alguna manera pueden ser controlados a través de la prensa independiente, de la oposición en los congresos.
En el caso de Nicaragua es otra historia. Ahí no hay nada que decir en términos positivos para la institución. Es una perversidad institucional. Es una situación donde el único objetivo es garantizar a través del general Avilés y su círculo militar de mandos: la lealtad total del Ejército al régimen.
¿Esto es bueno para Nicaragua? No. ¿Es bueno para la institución? No, porque se ha atrofiado. La aspiración de un oficial es ascender, hacer una carrera militar y pasar por todos los estamentos que le podrían competir en términos de función y rango y en el caso de Nicaragua esto no existe. La tubería está atascada. Los oficiales no pueden aspirar en los próximos años a ascender. Y entonces es que eso debiera crear una situación de estrés institucional que desafortunadamente no tenemos el termómetro para medir hasta dónde está en este momento.
Junto con el general Avilés, el jefe del Estado Mayor y el Inspector General, hay por lo menos otros diez generales que forman parte de esa cadena de mando. ¿Ellos forman parte de esa relación prebendaria y política?
Sin duda. Me es difícil pensar en un escenario en que estos mandos están ajenos a la relación que tiene con el régimen, a la responsabilidad que tiene el Ejército en el escenario de represión de derechos humanos y políticos y civiles que hay en Nicaragua. Me he encontrado con algún político, sobre todo hace dos años, que me decían que hay mandos que están insatisfechos, descontentos con esta situación. Puede ser, pero realmente las insatisfacciones personales en este escenario no cuentan.
Lo que cuenta es la realidad institucional y es que hay diez generales que están pegados a la argolla de la élite militar de Nicaragua; que están conectados profundamente con el régimen, aunque no lo quieran. Me dicen también que es difícil salir de esta situación porque es como una mafia donde si te sales, tienes que pagar las consecuencias. Pero al menos yo diría que a estas alturas deberíamos haber tenido y escuchado de algún mando que hubiera planteado por debajo: “hay que hablar, esto no está bien”, pero hasta donde entiendo, no ha sucedido y son tan responsables como el general Avilés.
¿Cómo es la estructura del Ejército después de los generales subordinados a Ortega? ¿Hay alguna reserva institucional con toda la inversión de profesionalización realizada en las últimas décadas?
Reserva institucional debe de haber. En ese concepto de generar lealtad, han hecho crecer con seguridad a todos los mandos como coroneles y mayores. Lo que no hay en el Ejército es reserva moral, están jugando un juego desde hace muchos años con Ortega que los ha destruido institucionalmente.
Lo que no sabemos es hasta donde se ha expandido la cultura de corrupción dentro de la institución. Porque yo podría pensar-bueno- hay mayores que vienen de una nueva generación y que no le gusta esto y que quizás piensan que ojalá que haya un cambio y que las cosas en el futuro sean diferentes. Pero en Nicaragua están tan corruptas las instituciones que es muy difícil realmente un escenario donde la corrupción no sea un cáncer dentro del Ejército, que está ya a un nivel súper complejo.
Efectivamente, hay recelo institucional, relevos teóricamente, pero el problema es un asunto de un daño moral brutal que han hecho a la institución.
El Ejército sigue siendo parte de la Conferencia de Fuerzas de América Central. Sigue participando en algunas actividades, pero los ejércitos ven con mucha sospecha el Ejército de Nicaragua. El escenario de un Ejército con esa afiliación tan fuerte ahora con Rusia, recibiendo logística y equipamiento militar, eso no gusta al resto de ejércitos de Centroamérica y están poniendo mucha atención. Hay una relación formal, intercambian hasta donde pueden, pero mi sentimiento es que el Ejército de Nicaragua se autodestruyó institucionalmente. Se mantiene la relación con sus homólogos centroamericanos, pero es completamente diferente a hace diez años.
