26 de abril 2023
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La empresa Dominion demandó a la cadena Fox por 1.6 billones de dólares por acusaciones falsas sobre su supuesta participación en una conspiración contra Donald Trump en el escrutinio de la elección presidencial del 2020. Lo que se pensaba sería un juicio con ribetes especulares, acabó en un acuerdo entre ambas compañías, según el cual Fox debe pagar 787.5 millones de dólares. Sin duda, un hecho sin precedentes debido a dos razones: la prominencia de Fox y la cifra a pagar – la más alta en un caso por difamación en Estados Unidos.
Es un caso clave para entender las relaciones entre desinformación, libertad de prensa, y ética periodística. Las fronteras no siempre están claras en estas cuestiones. Las democracias precisan un balance entre proteger la libre expresión y evitar daños a la reputación. La información puede apuntar a buscar la verdad, o convalidar convicciones despegadas de la realidad.
Desde finales de los ‘80, la señal de noticias de cable de Fox transformó el panorama mediático y la política estadounidense. Lidera los ratings, especialmente las franjas nocturnas. Es la fuente de noticias más creíble para votantes republicanos, y audiencias de mayor edad y blancos. Su público está a la derecha del ciudadano promedio. Es objeto de amor y desconfianza por igual en la población.
El objetivo legal de Dominion —probar que Fox actuó con malicia—, era difícil. La vara legal para probar difamación es alta. Sin embargo, expertos legales especularon que Dominion tenía chances de triunfar en un juicio; sus abogados construyeron un caso sólido, con evidencia que Fox sabia a conciencia que dijo mentiras. Las pruebas más comprometedoras son correos electrónicos que muestran que altos ejecutivos de Fox creían que lo informado sobre fraude en el procesamiento de votos no era cierto.
Además, afirmaban con preocupación que, si Fox decía la verdad sobre el resultado, perderían a su audiencia, convencida que había una conspiración contra Trump. Cuando las cámaras de Fox mostraron a los abogados de Trump denunciando fraude, Rupert Murdoch, patriarca de la familia propietaria principal de la empresa, exclamó: “Esto es realmente una locura. Probablemente, nos dañe también.” Ambas compañías ganan con el acuerdo. Dominion evita un juicio con veredicto incierto, y recibirá una cifra sustancial de dinero, que no era seguro obtendría, aun con una decisión favorable del jurado, sumadas a las posibilidades de apelación. Para sus abogados, Fox tácitamente acepta su responsabilidad en un caso de mala práctica profesional y corporativa.
El acuerdo también es un triunfo para Fox, más allá de la astronómica suma a pagar. Semejante desembolso no hace gracia, ni siquiera a una compañía con ganancias superiores al billón de dólares en el 2022, pero es el precio de evitar dolores de cabeza en un eventual juicio, y la crisis de relaciones públicas. Fox evita que Murdoch y luminarias periodísticas de su plantel tengan que declarar en un juicio. Eluden una situación humillante y complicada, y la incertidumbre sobre información que hubiera salido a la superficie. Finalmente, Fox no deberá pedir disculpas al aire, otra situación que la compañía buscaba evitar.
¿Quién pierde? La sociedad pierde una oportunidad de conocer más sobre Fox –la brecha entre su pretensión de hacer un periodismo “justo y equilibrado” y las coberturas plagadas de falsedades y exageraciones, la contradicción entre alimentar y validar las creencias de su público sabiendo que informa mentiras.
Fox es leal a las convicciones distorsionadas sobre la realidad de su audiencia. Nunca mostró mayor preocupación por corregir desinformación, sino complacer y fomentar creencias sin base fáctica. De hecho, cuando Fox anunció que Joe Biden ganó las elecciones, sus seguidores se sintieron traicionados, especialmente porque medios competidores por derecha, como Newsmax, no declararon la victoria demócrata.
Las acusaciones de fraude del trumpismo pusieron a Fox en una situación incómoda. Fox fue víctima de su propia encerrona: Tomar distancia de las acusaciones era enojar a sus fanáticos; sumarse a la opereta en curso corría el riesgo de difamar a compañías privadas.
Acusar a una compañía como Dominion colocó la difamación en una situación legal diferente a las provocaciones habituales de Fox contra “los demócratas”, “la izquierda”, y Joe Biden. Dominion tiene anchas espaldas financieras para aguantar un proceso legal, arduo y prolongado. En cambio, es difícil que funcionarios públicos demanden por difamación debido a cuestiones legales, económicas y políticas.
Con el arreglo, Fox no tiene la obligación de transparentar su funcionamiento o reconocer errores. No tendrá razones para modificar sustancialmente su enfoque periodístico, salvo tener cautela frente a empresas privadas con recursos económicos y argumentos legales. Es improbable que el arreglo cambie el modelo de Fox, tan exitoso para sus arcas, pero peligroso para la información y la democracia.
*Artículo publicado en Clarín de Argentina.
