26 de abril 2023
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El Ministerio Público acusó este 24 de abril al arquitecto mexicano-nicaragüense Arnoldo Horacio Guillén Monterrubio, de 62 años, un día después que se conoció que el régimen lo había desterrado de Nicaragua.
En la misma causa, las autoridades abrieron proceso contra seis presos políticos más. En ninguno de los casos se han especificado los cargos, pero las autoridades presentaron su demanda en un tribunal local que aborda delitos de menor gravedad, según el Código Penal de Nicaragua.
Guillén fue detenido el 18 de abril en Corinto, Chinandega, en el occidente del país, supuestamente por repartir calcomanías azul y blanco cuando se cumplieron cinco años de la Rebelión de Abril, en la cual miles de ciudadanos desafiaron al régimen de Daniel Ortega en las calles.
La respuesta fue una brutal represión que dejó 355 asesinados y más de 2000 heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que aún crispa a las autoridades que iniciaron una ola de detenciones y hostigamientos, mientras prohibieron las procesiones religiosas y intensificaron su persecución a la Iglesia católica en plena Semana Santa.
Los otros acusados son Martha Lorena Centeno Marín, Hazel del Socorro Martínez Ulloa, Luis Enrique Palma Obando, Ivonne Patricia Espinoza Hurtado, Brenda Lee Baldelomar Alemán y Anner Herrera. El expediente del caso es el número 007008-ORM4-2023-PN.
El experto en administración judicial, Yader Morazán, explicó que “los delitos menos graves son aquellas que no trascienden a penas mayores a cinco años”, por lo que se podría hablar en este caso de que la acusación sea por propagación de noticias falsas o menoscabo a la integridad nacional en su fase de conspiración.
“Es prematuro para hablar de patrones, esta podría ser una de las primeras acusaciones en el contexto de Semana Santa y la conmemoración de abril. Sin embargo, han venido operando de manera sistemática, coordinada y bajo una misma línea. Sabemos que esto no se maneja como hechos aislados, particulares”, dijo Morazán.
La “justicia” del FSLN
Según la carátula del caso, la fiscal es Heydi Estela Ramírez Olivas y la acusación en el Juzgado Cuarto Local Penal de Managua, presidido por la jueza Ana María Vado Miranda.
Ramírez Olivas se destacó por perseguir a periodistas independientes, en medio del caso fabricado en 2021 contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que sirvió para estigmatizar al gremio e inhibir y encarcelar a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios.
En el Poder Judicial, que está bajo control de Ortega, Vado Miranda aparece situada en 2018 como secretaria del Tribunal Uno de Apelaciones de Managua, presidido actualmente por el sancionado magistrado Octavio Rothschuh, una instancia judicial que hace parte del eslabón represivo del orteguismo.
Rothschuh es parte de los magistrados que hacen parte de la cadena de represión al mando de Ortega, integrado por policías, fiscales y jueces. Producto de los abusos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua fue señalado de cometer “delitos de lesa humanidad” por organismos internacionales, que documentaron los abusos.
La represión ha continuado desde 2018 y se incrementó en abril de 2023. Según el monitoreo Azul y Blanco, en este mes fueron detenidas 39 personas—en su mayoría opositores, feligreses católicos y un periodista—, pero también confirmaron la liberación de nueve. Eso reduce a 30 los cautivos por la dictadura en este nuevo contexto.
A la par de los secuestros, el observatorio registró, además, entre el 17 y 19 de abril de 2023, 70 incidentes en 13 departamentos del país y una de las regiones autónomas del Caribe nicaragüense. Están relacionados con hostigamientos, allanamientos, retenciones, control territorial, agresiones, amenazas, entre otros.
La excarcelada política Ivania Álvarez explicó que fueron informados que Brenda Lee Baldelomar, otra de las procesadas en el caso del arquitecto Guillén, también es una reconocida opositora en Chinandega.
Álvarez lamentó que estos procesos judiciales sepultan la esperanza que algunos tenían de que los detenidos fuesen liberados al finalizar abril.
“Empezamos de nuevo con ese proceso de esas grandes listas de presos y presas políticas, el Monitoreo estaba hablando de más de 30 capturas en abril, más 37 que teníamos anteriormente”, afirmó Álvarez.
Cuando Álvarez mencionó a los 37, se refirió a los presos políticos que el régimen mantiene en las cárceles, después del destierro de 222 reos de conciencia el 9 de febrero pasado a Estados Unidos. Entre ellos, está el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.
