25 de abril 2023
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Un estimado de 70 indígenas miskitos y mayangnas de la Costa Caribe de Nicaragua han sido asesinados por colonos invasores en los últimos diez años. Mientras, otro centenar ha sido víctimas de secuestros, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, traumas psicológicos y heridas que los han dejado con amputaciones o en estado cuadripléjico, en el peor de los casos.
“A pesar de que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, formado por la Comisión y la Corte, han emitido medidas de protección con alrededor de 15 comunidades indígenas miskitas y mayangnas, el Estado cuando se ha presentado a estas instituciones ha dicho que no es cierto, que esto no está ocurriendo. Y si el Estado dice que no está ocurriendo, mucho menos ha tomado las medidas necesarias (para protegerlas)”, lamentó María Luisa Acosta, del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), en el programa Esta Semana.
El líder comunitario miskito, Juan Carlos Ocampo, señala que “siempre que hay un conflicto, el Estado dice que se debe a rencillas personales, a ajustes de cuentas y niega el problema estructural de fondo, que es la impunidad, que es un modelo económico extractivista que no respeta la vida”.
La violencia a estas comunidades también ha empujado a miles de indígenas a abandonar sus territorios, cambiar sus hábitos de alimentación y sobrevivencia, y de creencias y cultura, señalan ambos defensores de derechos indígenas.
“La situación de los ataques es permanente. No siempre hay muertos, pero permanentemente los colonos no permiten a los miembros de las comunidades acceder a sus áreas de alimentación, de recolección, de frutos, de pesca, de caza y esto está causando inseguridad alimentaria y terror entre los comunitarios porque los amenazan, los violan, les disparan”, explica Acosta.
Régimen no responde a genocidio
El último ataque registrado contra los indígenas mayangnas, asentados en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, ocurrió el 11 de marzo de 2023. En esta masacre fueron asesinados cinco indígenas mayangnas de la comunidad Wilú, que fue quemada en su totalidad y pertenece al Territorio Mayangna Sauni As.
“A más de un mes no hay ninguna comunicación oficial. No sabemos quiénes fueron los que han llevado a cabo eso. Sin embargo, las comunidades y las familias responsabilizan a bandas armadas (de colonos) que están operando en esa zona. En concreto, hablan de una persona llamada Javier Castro, que al parecer también ha tenido algún nivel de responsabilidad con las masacres de Kiwakumbaih ( de 2021) y en los ataques a la comunidad Alal (...) Castro fue detenido después de esa masacre, pero luego fue liberado por la Policía Nacional”, explica Ocampo.
El líder comunitario señala que los indígenas no tienen acceso a la información sobre las investigaciones que se realizan por los ataques en sus territorios. En enero de 2023, los comunitarios entregaron a las autoridades nacionales a 24 colonos que estaban invadiendo sus territorios, estos fueron trasladados a Managua, pero desde entonces no hay ninguna información oficial de qué ha pasado con ellos.
“Esto una vez más, deja claro que va a haber impunidad y la impunidad lo que le dice a los colonos es que pueden seguir haciendo toda estas atrocidades y no van a tener consecuencias. Mandar ese mensaje es muy grave en este momento”, lamenta Ocampo.
Un análisis de datos de CONFIDENCIAL, que parte de la unión de un listado propio y otro proporcionada por Calpi sobre las agresiones a las comunidades indígenas, muestran un patrón de violencia sistemática que ha incrementado desde 2018 y está acompañado de la impunidad, a pesar del clamor de justicia de los miskitos y mayangnas.
70 indígenas asesinados en diez años
El primer asesinato registrado en esta última década en un territorio indígena, sucedió el 13 de abril de 2013, en la comunidad Musawás, ubicada en el Territorio Mayangna Sauni As. Se trató del asesinato del guardabosques comunitario Elías Charles Taylor, quien al momento del ataque atendía una denuncia de colonos precaristas que están talando árboles en la reserva Bosawás.
Desde entonces, los ataques incrementaron tanto que en octubre de 2015, la CIDH otorgó por primera vez medidas cautelares para cuatro comunidades indígenas, quienes denunciaron que, entre 2013 y 2015, habían al menos 54 indígenas agredidos y se contabilizaban hasta entonces 24 asesinatos.
A estos 24 asesinatos, se le suman cinco más ocurridos en 2018; uno en 2019; 13 en 2020; 18 en 2021; tres en 2022, y seis en lo que va de 2023, para un total de 70 comunitarios indígenas asesinados. Ante estas matanzas, la CIDH ha extendido las medidas cautelares a 15 comunidades en los últimos tres años.
“A pesar de que las comunidades han presentado sus denuncias a la Policía Nacional con nombre, apellido y ubicación de estos colonos, no hay ninguno que esté siendo ni investigado ni que haya sido juzgado. Al contrario, hay cuatro indígenas mayangnas que fueron arbitrariamente culpados por la masacre Kiwakumbaih del 2021 (que dejó 15 indígenas fallecidos)”, señala Acosta.
Estos comunitarios condenados por la justicia orteguista fueron beneficiados este 14 de abril de 2023 con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien denunció que estos no reciben atención médica y están recibiendo amenazas de parte de los custodios y reos. “Las alegaciones indican que incluso fueron víctimas de agresiones físicas y sexuales”, sitió la CIDH.
Invasión causa destrucción de bosques
Ocampo explica que la violencia a las comunidades indígenas está acompañada por la destrucción de los bosques en las reservas naturales y corresponde a momentos claves de la vida indígena.
“¿Por qué está ocurriendo hoy en día la violencia contra las comunidades? Porque prácticamente las áreas de reserva, las áreas boscosas que las comunidades conservaban ya fueron tomadas y ahora están llegando a las áreas de cultivo. Y normalmente ocurre más violencia en esta época, porque son las épocas de preparación de suelo y los colonos lo que están haciendo es expandir sus áreas de potreros”, dice.
En el primer trimestre de 2023 se han reportado al menos cinco ataques a comunidades indígenas mayangnas que dejaron seis fallecidos, entre ellos un policía de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), de origen miskito.
“Desafortunadamente, las comunidades donde hay asesinatos, donde hay quema de comunidades son aquellas que están resistiendo más fuertemente contra la invasión. El hecho de que muchas comunidades estén movilizadas no quiere decir que no están bajo la presión de la violencia que están ejerciendo los colonos. Hay comunidades donde incluso la gente tiene miedo a hablar entre ellos y organizarse, porque los colonos tienen base social, tienen gente que les están informando de quiénes están contra ellos y qué dicen de los colonos”, explica Ocampo.
Mujeres indígenas son violadas por colonos
El ritmo de vida de los indígenas ha cambiado, coinciden los defensores. Las mujeres y niños ya no van solos a los ríos a lavar ropa, ni van a las parcelas de tubérculos para recoger alimentos porque existe el riesgo de ser secuestradas, violadas o asesinadas en el camino.
“La mayoría de las veces son los hombres los que son heridos y asesinados, pero también hay comunitarios que quedan parapléjicos, que se quedan sin un brazo, sin un dedo, sin un sin un pie y son personas que viven en la tierra, que necesitan su fuerza física para trabajar. Son decenas de personas las que están con esas secuelas permanentes en las comunidades”, explica Acosta.
Entre las víctimas también hay mujeres, niños y niñas. En la masacre de Kiwakumbaih, ocurrida el 23 de agosto de 2021, hubo dos mujeres de 21 y 22 años que fueron asesinadas, a una de ellas le mutilaron el pie en el ataque. Asimismo, hubo una señora de 43 años y su hija de 14 años que fueron violadas sexualmente en múltiples ocasiones y además presenciaron el asesinato de su esposo y padre. También hubo un adolescente de 12 años que fue obligado por los colonos a presenciar la matanza y ahora tiene secuelas psicológicas.
“Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, porque son crímenes que ofenden a toda la humanidad, son graves violaciones a los derechos humanos que pueden ser caracterizadas como persecución o hasta genocidio, y no prescriben”, opina Acosta.
Seguido agrega, “si bien es cierto, no se ha probado que sea el Ejército el que está causando esto, pero los comunitarios describen que estas personas con ropa de camuflaje, con botas militares, con wokitoki y con armas de guerra”.
El líder miskito, Juan Carlos Ocampo, señala que el reclamo de las comunidades indígenas por estos diez años ha sido principalmente el saneamiento de sus territorios, pero también piden que “se deje de imponer a simpatizantes del Frente Sandinista como autoridades porque son los principales promotores de las invasiones, son los que los avalan, agarran dinero, venden y eso está socavando la autonomía de las comunidades”.
Asimismo, agrega que para los comunitarios es importante que se dé un proceso de “compensación y no repetición”, es decir que “responsables sean judicializados, pero que las comunidades recuperen sus bosques, recuperen sus territorios y que esos territorios puedan nuevamente regenerarse”.
