22 de abril 2023
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo robó y repartió de forma exprés el monasterio de las hermanas trapenses, ubicado en San Pedro de Lóvago, Chontales, sin que exista una resolución del Ministerio de Gobernación (Migob) o un decreto de la Asamblea Nacional, que cancele la personería de las religiosas y ordene la confiscación de sus bienes, como ha ocurrido con otras oenegés y asociaciones anuladas.
La confiscación de facto fue ejecutada el 3 de marzo, ocho días después que las religiosas salieron de Nicaragua, y tres días después que éstas iniciaran un proceso de “disolución voluntaria” ante el Migob. Sin embargo, hasta el momento, ese Ministerio no ha publicado ninguna resolución sobre el caso, confirmó CONFIDENCIAL al revisar las 32 ediciones de La Gaceta —Diario Oficial—, publicadas entre el 1 de marzo y el 21 de abril de 2023.
Pese a la ausencia de un fallo del Migob, la dictadura ya inauguró en el monasterio —donde también hay un convento— un Centro de Desarrollo de Tecnologías “Compañero Cornelio Silva”, que administra el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Las hermanas trapenses informaron que, el 3 de marzo, autoridades del Gobierno notificaron verbalmente al obispo de Juigalpa, monseñor Marcial Guzmán Saballos, que ya no podían ir más al monasterio y convento porque ahora el inmueble le pertenecía al INTA. El religioso quedó a cargo de los bienes inmuebles de las monjas.
Las monjas trapenses abandonaron Nicaragua después de 22 años de presencia en el país, según informaron se fueron por “falta de vocaciones, ancianidad de varias hermanas", pero aseguraron que continuarán su misión pastoral desde Panamá.
El pasado 28 de febrero, las religiosas compartieron en su página de Facebook, fotos y videos del monasterio que comprobaban que, hasta ese momento, estaba bajo resguardo de la Diócesis de Juigalpa. “Todo está tranquilo. El monasterio está según lo dejamos en manos de la Diócesis”, escribieron.
Disoluciones voluntarias no establecen confiscación
La Ley 1115 o General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines De Lucro establece que, en el caso de las disoluciones voluntarias, las organizaciones deben informar sobre el destino de su patrimonio. Este debe ser entregado a un organismo que tenga objetivos similares. No puede ser repartido entre los miembros de la organización.
Por lo que si se trata de una organización educativa, de salud o religiosa, sus instalaciones tendrían que ser entregadas (donadas o vendidas) a otra institución con ese enfoque —como fue el caso de las monjas trapenses—. En caso que el organismo no detalle el destino de sus bienes, entonces pasarán a nombre del Estado.
En cambio, cuando se trata de cancelaciones de personería jurídica unilaterales del Ejecutivo o Legislativo, por un supuesto incumplimiento de la Ley 1115, las organizaciones no deciden el destino de sus bienes. De acuerdo con la legislación, estos pasan a nombre del Estado de Nicaragua.
La abogada Martha Patricia Molina señala que “todos los procesos relacionados a la propiedad en Nicaragua son confiscaciones. El Estado está usurpando la propiedad privada de instituciones y personas y esto lo hace por el poder punitivo que lo tutela y ampara”.
El artículo 44 de la Constitución nicaragüense prohíbe de forma taxativa las confiscaciones: “Se prohíbe la confiscación de bienes” y seguido se lee que: “los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
La expulsión de monjas del orteguismo
Las monjas trapenses pertenecen a la Orden monástica católica OCSO, por su nombre en latín (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae), bajo la regla de San Benito, y tenían el monasterio Santa María de la Paz, en San Pedro de Lóvago. Desde Hinojo, Argentina, las hermanas trapenses llegaron a Nicaragua el 20 de enero de 2001.
Las monjas trapenses fueron el segundo grupo de religiosas que dejaron Nicaragua. Dieciocho monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, fueron expulsadas de Nicaragua en julio del año pasado, después de que la Asamblea Nacional, bajo el control del orteguismo, y a petición del Ejecutivo, les cancelara su personalidad jurídica.
El pasado 12 de abril, la dictadura ordenó la expulsión de tres monjas de la congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, quienes dirigían el asilo de ancianos López Carazo y el colegio Susana López Carazo, en la ciudad de Rivas
Las propiedades de las Misioneras de la Caridad también fueron confiscadas por el Migob. Semanas después de su partida, la dictadura anunció que instalaría un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el hogar de ancianos que administraban las hermanas, en Granada.
El reportaje de CONFIDENCIAL, “La Nicaragua confiscada: La nueva ola de robo de propiedades” reveló que la dictadura ha confiscado ilegalmente más de 150 propiedades privadas que incluyen 87 que eran de oenegés canceladas por órdenes de Ortega y Murillo. Estas propiedades fueron entregadas a instituciones y ministerios del Estado.
