Es hora de liberar a José Rubén Zamora

Hoy es un día tan bueno como cualquier otro para que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, permita que mi padre vuelva a casa.

José Rubén Zamora lleva 228 días en prisión en Guatemala. Ha sido acusado de blanqueo de dinero, chantaje y tráfico de influencias y está a la espera de juicio. Su verdadero delito, sin embargo, ha sido investigar y hacer públicos 144 casos de corrupción durante las primeras 144 semanas del mandato de Giammattei.

Pero la persecución de mi padre no ha sido simplemente el resultado de una venganza de los bien conectados. Forma parte de una campaña coordinada para aplastar el periodismo en el país.

Desde que Guatemala salió de la dictadura militar y adoptó una Constitución democrática en 1985, cada Administración ha superado a su predecesora en lo que se refiere a prácticas corruptas. El Gobierno de Giammattei, inaugurado en 2020, se ha mantenido fiel a la forma, manteniendo al país cerca de la parte inferior del Índice de Percepción de la Corrupción anual de Transparencia Internacional. Pero su Administración se ha distinguido aún más de las anteriores por llevar a cabo ataques sistemáticos contra las instituciones democráticas de Guatemala, persiguiendo a cualquiera que intente luchar contra la corrupción o promover la libertad y el Estado de derecho.

A última hora de la tarde del 29 de julio de 2022, la Policía allanó la casa de mi padre. Mis hijos, que son ciudadanos estadounidenses, estaban visitando a sus abuelos en ese momento y fueron detenidos ilegalmente durante más de seis horas. Mi padre, un hombre de 66 años que mide 1.70 metros y pesa 70 kilos, se habría entregado pacíficamente si se lo hubieran pedido las autoridades. En lugar de ello, esa misma noche, pasada la medianoche, fue trasladado en una caravana de camionetas al edificio principal de los tribunales de Guatemala —una demostración de fuerza reservada normalmente a los grandes narcos—, a pesar de que la redada no aportó ninguna prueba.

El caso contra mi padre ha estado plagado de irregularidades.

Por ley, las personas detenidas deben tener su primera audiencia judicial en un plazo de 24 horas. En cambio, mi padre fue trasladado a una prisión de la ciudad, y su primera vista se programó para 72 horas después de su detención. Pero ni siquiera esa vista se celebró. Las autoridades alegaron que no había ningún vehículo policial disponible para trasladarlo. La primera vista se celebró diez días después.

En los 13 días posteriores a la detención, los fiscales no compartieron el expediente del caso con los abogados defensores de mi padre, que lo recibieron apenas unas horas antes de la vista. Fue entonces cuando nos enteramos de los cargos que se le imputaban. Además, las autoridades han estado acosando y persiguiendo a los abogados de mi padre mientras hacían todo lo posible por excluir las pruebas que refutaban sus argumentos.

Esto es lo de siempre con Giammattei. La fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, y Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, llevan años acosando a periodistas, fiscales y jueces con procesos penales arbitrarios y abusivos. Algunos de los jueces, fiscales, activistas y periodistas de más alto perfil han sido blanco del régimen. Hay más de 25 abogados y exjuristas y más de 12 periodistas en el exilio. Tanto Porras como Curruchiche han sido sancionados por el Gobierno estadounidense.

A principios de este mes, el Departamento de Estado expresó la preocupación del presidente Biden por las acusaciones contra mi padre y otros periodistas e instó “al sistema judicial guatemalteco a rechazar la criminalización de los periodistas independientes y a apoyar el periodismo independiente como uno de los fundamentos de una sociedad democrática segura y próspera”.

El Gobierno ha insistido en que la detención de mi padre no está relacionada con su trabajo como periodista. Sin embargo, el año pasado, las autoridades allanaron el periódico que fundó, El Periódico, e impidieron a sus empleados ponerse en contacto con nadie durante más de 12 horas. Congelaron las cuentas bancarias de El Periódico y, justo el mes pasado, un juez guatemalteco ordenó la investigación de otros ocho de sus periodistas como parte de una nueva acusación de “conspiración para obstruir la justicia” contra mi padre por supuestos reportajes malintencionados sobre fiscales, jueces y otros miembros del sistema judicial de Guatemala.

Durante más de 26 años, el trabajo de El Periódico ha derribado a miembros del Congreso, ministros del gabinete e incluso presidentes. El periódico de mi padre ha marcado una diferencia en la sociedad guatemalteca, y su trabajo ha sido reconocido en todo el mundo. Todos esos logros han tenido un precio muy alto. Mi padre, nuestra familia y su equipo se han enfrentado a campañas de difamación dirigidas por el Gobierno, explosiones de coches, redadas ilegales, secuestros, amenazas de muerte e intentos de asesinato.

Al encarcelar a mi padre, el régimen de Giammattei perseguía tres objetivos: castigarle, cerrar El Periódico y enviar a los periodistas de todo el país el mensaje de que, en Guatemala, el periodismo es un delito.

Ha fracasado en las tres cosas. Mi padre sigue escribiendo ocasionalmente desde la cárcel. Aunque El Periódico se vio obligado a dejar de imprimir y a despedir a más de 130 miembros de su equipo, sigue publicando reportajes de investigación en internet. Por último, la persecución ha reforzado los lazos entre periodistas de diferentes medios, que, anteponiendo la misión a la competencia, han seguido denunciando la corrupción y los abusos del régimen.

Incluso después de todo este tiempo en régimen de aislamiento, mi padre se mantiene firme e invicto. Sabía lo que se le venía encima, pero decidió quedarse en su país de todos modos, coherente con sus valores y con el modo en que ha vivido su vida. Defender lo que es justo es lo que le da tranquilidad y esperanza en la oscura celda en la que sigue pasando 23 horas al día.

El presidente Giammattei debe hacer caso de la advertencia del presidente Biden y dejar de perseguir a los periodistas, y debe poner en libertad a mi padre ya.

*Artículo publicado originalmente en Infobae.