18 de abril 2023
AA
Share
“Estoy aquí representando a más de cien madres que exigimos justicia, pero una justicia sin impunidad” dijo Azucena López, madre de Erick Antonio Jiménez López, una de las 355 personas asesinadas por el régimen orteguista en 2018. López es miembro de la Asociación Madres de Abril (AMA), integrada por los familiares de las víctimas de la violencia estatal. En ocasión del quinto aniversario de la lucha cívica, este 18 y 19 de abril, López sigue alzando su voz para denunciar los crímenes perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega y su impunidad.
“Hoy 17, siempre recuerdo esa fecha porque es el día más negro de mi vida, velar a mi hijo en la oscuridad, con una velita y cuatro personas que eran de mi familia. Me duele y que hoy seguimos sin justicia, que hoy sigo siendo maltratada…”, relató durante un panel, como parte de una jornada titulada "Nicaragua, cinco años de crímenes de lesa humanidad", organizada por la organización Raza e Igualdad a propósito de los cinco años de la Rebelión Cívica en Nicaragua.
Jiménez López fue asesinado durante la "Operación Limpieza" en el Barrio Monimbó, de Masaya, el 17 de julio de 2018. La tía del joven, Nelly López García, se lanzó encima del cuerpo tirado en la calle. “Yo sentía que las balas me pasaban por arriba. Estaba toda mojada por la sangre que le salía del pecho, donde le dio la bala. Me quedé así, abrazando su cuerpo para evitar que se lo llevaran…” se lee en un testimonio compartido por AMA.
Tía de joven asesinado es uno de los nuevos presos políticos
Este sábado 15 de abril, Nelly López, también integrante de AMA, y su pareja, Eddy Castillo, fueron encarcelados. La mujer fue “sacada de la casa como un delincuente” por policías y paramilitares, denunció Azucena López desde San José, Costa Rica. Ambos fueron llevados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote, y hasta ahora se desconoce el motivo de su detención. Ese mismo día también se confirmaron otros dos arrestos de familiares del expreso político, Danny García.
Durante cinco años, el régimen orteguista se ha negado a investigar los 355 asesinatos confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En cambio, fabricó una Ley de autoamnistía, que protegió a los perpetradores de las balas dirigidas al tórax, pecho y cabeza. Para AMA, señala López, el camino hacia una nueva nación debe basarse en la verdad, justicia, libertad y la democracia.
“Para nosotros significa ejercer nuestros derechos ciudadanos, derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia y a la reparación, a la no repetición de otra dictadura en Nicaragua”, expresó López.
El gran reto es la reconstrucción de Nicaragua
En este panel también participaron la dirigente campesina, Francisca Ramírez y Azáhalea Solís, declarada apátrida por el régimen orteguista. Ramírez recordó que antes del estallido social de 2018, el Movimiento Campesino ya había sido víctima de cárcel, persecución, negación de atención médica y agresiones directas por parte de la Policía. Actualmente muchos de sus dirigentes e integrantes están en el exilio, desterrados y confiscado sus bienes.
“No tenemos necesidad de andar siendo desplazados, ni trabajando en tierras ajenas como campesinos, teniendo nuestras tierras en nuestro país, pero la dictadura nos obliga…”, expresó Ramírez.
Para Solís, quien resistió el embate de la dictadura orteguista dentro de Nicaragua hasta inicios de 2023, cuando fue declarada prófuga de la justicia y tuvo que exiliarse en Costa Rica, existe una situación inédita de la represión orteguista, ya que ha alcanzado a dos grupos vulnerables, que en dictaduras anteriores no habían sido afectados de la forma masiva: niñez y personas de la tercera edad. Han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, privación de libertad arbitraria, torturas, tratos crueles, desplazamiento forzado, exilio, violación a la identidad y a la nacionalidad, robos de pensiones y demás.
"El gran reto es la reconstrucción de Nicaragua", señala la también líder feminista, abogada constitucionalista y activista opositora. Solís advirtió que se toparán con la eliminación de registros de propiedad y registros civiles de las personas desterradas y apátridas. “¿Cómo vamos a reconstruir Nicaragua de la forma integral y con el paso a paso con el que se fue demoliendo toda la institucionalidad?", cuestionó.
Crímenes de lesa humanidad
A cinco años del estallido social de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), ha monitoreado la crisis sociopolítica.
Actualmente observa una nueva etapa de represión consistente en la “intensificación de estrategias y consolidación de mantener coaptado el estado cívico y democrático en un contexto de concentración absoluta del poder”, mediante la adopción de medidas despóticas y arbitrarias como la aprobación de leyes y medidas que restringen aún más las libertades públicas y los derechos humanos, señaló Fiorella Melzi, coordinadora del Meseni, y participante del panel titulado Desafíos y perspectivas del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos frente a la profundización de la crisis de Nicaragua.
El régimen ha cancelado más de 3000 organizaciones de la sociedad civil, deportado y convertido en apátridas a 222 presos políticos y otros 94 ciudadanos mediante resolución judicial, calificándolos de traidores a la patria. Según Melzi, la CIDH ha presentado nueve informes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y ha otorgado más de 139 medidas cautelares. Asimismo, ha recabado más de 2000 testimonios, que han permitido nutrir tres bases de datos: de víctimas fatales, privados de libertad y heridos en el contexto de la crisis de abril.
Además del Meseni, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y más recientemente el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), determinaron que el régimen de Ortega ha ejecutado crímenes de lesa humanidad y orientaron investigar la responsabilidad penal de la pareja presidencial.
Viviana de la Peña Escobar, coordinadora del secretariado del GHREN, resaltó la aprobación por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de prorrogar por dos años más el mandato del GHREN, lo que facilitará investigar a fondo las responsabilidades individuales en la comisión de graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones y demás. A la vez, recordó que los Estados están obligados a sancionar a los responsables, ya que la prohibición de crímenes de lesa humanidad es una obligación imperativa del derecho internacional.
Los expertos del GHREN han demandado a la comunidad internacional activar la justicia universal para abrir investigaciones contra los responsables de crímenes ocurridos en Nicaragua en los últimos cinco años.
La criminalización de la prensa independiente
Ortega y su maquinaria de propaganda se han encargado de criminalizar el trabajo de la prensa independiente. Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, dijo en un panel sobre los ataques hacia la libertad de prensa, que durante este último quinquenio el Gobierno nicaragüense se ha valido de sofisticados mecanismos de censura, que no operan de forma aislada, sino que se encuentran interconectados y hacen parte de una estrategia para perseguir a la prensa independiente y limitar todo aquel discurso que cuestiona o critica las voces oficiales”.
Los periodistas han sido acusados de sembrar terror, al punto de ser etiquetados como "terroristas de la comunicación”, agregó Vaca. La violencia por parte del Estado es de tipo física, a través de cuerpos policiales, allanamientos, jurídica y simbólica.
Entre 2018 y 2022, mediante 22 resoluciones la CIDH ha protegido con medidas cautelares alrededor de 69 personas vinculadas al periodismo y de 12 medios de comunicación. En algunos casos, esas medidas han sido extendidas a sus familiares mediante resoluciones de la Corte Interamericana. Vaca compartió el panel con los dirigentes de medios de comunicación y periodistas de 100%Noticias, Lucía Pineda Ubau; de Divergentes, Wilfredo Miranda y del confiscado diario La Prensa, Eduardo Enríquez. Todos coincidieron que ejercer periodismo en Nicaragua es un gran riesgo y quienes aún están en el país ejercer la profesión desde la clandestinidad.
