Impuestos a los ricos para salvar al planeta

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) emitió una advertencia final a la humanidad: a menos que reduzcamos a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030, no podremos limitar el aumento de las temperaturas mundiales a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Alcanzar esa meta será un desafío extraordinario, pero tanto factible como asequible... si nos aseguramos de que los más ricos del mundo paguen lo que les corresponde.

La desigualdad se disparó en los últimos años. Durante la pandemia, mientras más de 160 millones de personas caían en la pobreza, las diez personas más ricas del mundo duplicaron sus fortunas. El 10% más rico de la población actualmente se embolsa el 52% del ingreso mundial y posee el 77% de la riqueza; al 50% más pobre solo le quedan el 8 y el 2%, respectivamente.

La brecha sigue creciendo. Miles de millones de personas sufren por la suba del costo de vida y el estancamiento salarial, y debido a la recesión en ciernes las posibilidades de una mayor prosperidad son sombrías. El mundo nunca tuvo tanta riqueza pero, sin embargo, la mayor parte de la gente sufre una inseguridad económica crónica. Es la receta para crear sociedades profundamente polarizadas y disfuncionales, la decadencia de la democracia y un mundo peligrosamente inestable.

La desigualdad económica se refleja en la desigualdad climática. Como señala el GIECC, el 10% de los hogares que causan la mayor cantidad de emisiones per cápita —es decir, los hogares más ricos del mundo— generan hasta el 45 % de las emisiones de GEI por consumo en hogares. El 50% que menos genera —4000 mil millones de personas, de las cuales muchas sufren una grave inseguridad energética— solo produce entre el 13 y el 15%.

También en este caso la brecha sigue aumentando: el 1% más rico —las 63 millones de personas que ganan al menos USD 109 000 al año— es responsable, por lejos, del mayor crecimiento de las emisiones de carbono. Y esto ocurre en un momento en el que, cada mes, el mundo quema más del 1% del presupuesto de carbono disponible para limitar el calentamiento global a 1.5 °C.

Pero la discrepancia en las emisiones solo es una parte de la historia. Como destaca el nuevo informe del GIECC, hay abrumadora evidencia científica que demuestra que un enfoque equitativo para la acción climática —en el que los beneficios y los costos de la transformación necesaria se distribuyan de manera justa— es vital para crear confianza social, en cuya ausencia será imposible lograr la meta de 2030.

Esto coincide con la evaluación que hicimos en Earth4All. Predijimos que, a menos que se actúe de manera concertada, la desigualdad continuará aumentando durante este siglo y producirá tensiones y malestar sociales gracias a los cuales será mucho más difícil lidiar con crisis existenciales como la del cambio climático.

La concentración de la riqueza lleva a la concentración del poder, y los actores más ricos tienen una influencia desproporcionada en las elecciones y las políticas públicas. Esto socava la confianza en la democracia y lleva a que sea más difícil para los gobiernos tomar decisiones de largo plazo para el bien común. Los países más igualitarios suelen contar con mayores niveles de confianza en el gobierno, además de mejores resultados en términos de educación, salud y longevidad, obesidad, mortalidad infantil, criminalidad y medio ambiente.

El informe del GIECC deja en claro que para evitar los peores efectos del cambio climático será necesaria una transformación económica profunda en la próxima década, pero esa transformación solo puede tener éxito con un amplio apoyo del público y basándose en un nuevo contrato social que garantice una distribución más justa de la riqueza y el ingreso.

Específicamente, Earth4All propone que para 2030 el 10 % de la gente más rica de cada país reciba menos del 40 % del ingreso nacional, y que esa participación siga una trayectoria descendente de ahí en adelante. La experiencia muestra que los impuestos progresivos al ingreso y la riqueza de las personas y corporaciones serían una manera eficaz de lograrlo.

Esto implica afectar los activos de las personas extremadamente ricas independientemente de dónde estén —incluidos los paraísos fiscales— y desarrollar y compartir registros nacionales de los activos en sus distintas formas. Los gobiernos también debieran aumentar los impuestos al consumo suntuario que impulsa las emisiones de GEI, como el uso de jets privados.

Además recomendamos la implementación de un impuesto corporativo universal mínimo cercano al promedio mundial del 25 %, muy superior a la tasa del 15 % que acordó el G20 en 2021. Las corporaciones multinacionales debieran pagar las mismas tasas impositivas que las empresas locales, con un sistema fiscal unitario para los beneficios mundiales basado en la proporción de ventas, empleo y activos en cada país.

También proponemos impuestos a los beneficios extraordinarios en sectores como el energético. Las empresas de combustibles fósiles no debieran haber embolsado cientos de miles de millones de dólares en beneficios mientras el mundo enfrentaba una crisis energética por la guerra de Ucrania. De igual modo, los gobiernos deben eliminar definitivamente los vacíos impositivos y los subsidios desmedidos a los combustibles fósiles —que actualmente superan el billón de dólares al año—. El GIECC estima que eliminar los subsidios podría llevar a una reducción de las emisiones de GEI de hasta el 10 % para 2030.

En términos más amplios, los gobiernos debieran usar impuestos progresivos para desalentar los esquemas de recompra de acciones. En una época en que el mundo necesita innovación para facilitar la transformación económica, no se deben inflar las ganancias de los accionistas en vez de invertir en investigación y desarrollo.

Es fundamental que los ingresos adicionales que generen los impuestos progresivos a la riqueza y al ingreso se usen para proteger a los grupos más vulnerables, asistir a quienes se ven obligados a desplazarse por la transformación verde, avanzar en la equidad de género y revisar los sistemas energéticos y alimentarios.

Al aliviar las tensiones sociales y mejorar el bienestar, los avances para reducir la desigualdad aumentarán la estabilidad y resiliencia de las democracias, permitiéndoles responder con mayor eficacia a los impactos y tomar decisiones a largo plazo racionales para el bien común, especialmente en temas vinculados al cambio climático. Pero, como lo dejó en claro el GIECC, el tiempo se agota.

*Artículo publicado originalmente en Project Syndicate.