30 de marzo 2023
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Las confiscaciones que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está ejecutando en Nicaragua con las propiedades de los ciudadanos a los que declaró ‘traidores a la patria’, tendrá consecuencias legales y económicas para los funcionarios que cooperen en esa nueva violación a los derechos humanos, además de afectar los intereses económicos de la dictadura misma, asegura el politólogo y expreso político, Félix Maradiaga.
Entre el 9 y el 15 de febrero, se ordenó quitar la nacionalidad a 317 ciudadanos nicaragüenses, tratando de darle una pátina de legalidad a ese hecho, al ordenar una reforma exprés a la Constitución, luego de declararlos ‘traidores a la patria’.
“Tenemos información de que operadores del régimen están trabajando arduamente para ejecutar una nueva piñata con las propiedades de los 222 más 94, consistente en una búsqueda en los Registros de Propiedad, donde muestra que la nueva fase de represión también va a atacar, no solamente libertades, como lo ha venido haciendo, sino también nuestro derecho de propiedad”, dijo Maradiaga.
A modo de advertencia, dijo que “no vamos a permitir que vuelva a repetirse una piñata como la de los años 90 que quede impune, porque la violación del derecho de la propiedad es también una violación a los derechos humanos, y que tarde o temprano, cualquier propiedad que sea robada tendrá que ser regresada, y se tendrán que hacer reparaciones a sus legítimos dueños”.
Si bien la piñata de los años 90 se pagó con dinero público, Maradiaga dijo que “estamos haciendo el compromiso para que esas reparaciones no salgan del bolsillo del pueblo trabajador… los responsables directos de cada robo serán quienes ‘toquen lo ajeno’. Que quede claro, además, que el esquema jurídico internacional de hoy es muy distinto al que había en los años 80 y 90, que no estaba preparado para lidiar internacionalmente con temas de propiedad”, añadió.
Confiscación de las pensiones del INSS
“Sabemos que la PGR ha estado haciendo visitas a nuestras propiedades, tomando fotografías de los bienes, y fingiendo que mide la extensión de los terrenos, obviamente, con la intención de aterrorizar a los ocupantes de esos bienes inmuebles, que son generalmente familiares nuestros, o a quienes los alquilan”, aseveró Mónica Baltodano.
“Estos son actos ilegales, inconstitucionales, aberrantes”, añadió, al considerar el conjunto de medidas que también ha llevado a la confiscación de las pensiones que otorga el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), a lo que después le siguió el cierre de cuentas bancarias, acción que, a su juicio, muestra “el talante brutal” con que opera del Gobierno en contra del patrimonio de todos los opositores.
“No solo está la confiscación de propiedades, sino también las pensiones de retiro, que es un acto sumamente cruel e inhumano, puesto que una cantidad de las personas a la que se les está confiscando esta pensión, depende de esa pensión para vivir, así que atenta contra la seguridad, la estabilidad, la vida y la supervivencia de algunas familias”, aseveró el exmiembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, Moisés Hassan.
En opinión de Héctor Mairena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), “esto demuestra que el orteguismo actúa de forma totalitaria, que controla todas las instituciones del Estado, y pone absolutamente todos los instrumentos del Estado -en este caso, la Procuraduría General de la República (PGR)- en función de sus acciones represivas. En Nicaragua está establecido un terrorismo de Estado, totalitario, y autoritario, que pretende aplastar cualquier voz que le critique, como nosotros lo hemos hecho”, afirmó.
Temor de afectar a más inocentes
Más allá del valor económico de las propiedades confiscadas —o en proceso de confiscación— los afectados temen porque hasta hace unas semanas, estos inmuebles eran ocupados por sus madres, padres, hijos, o parejas que quedaron en Nicaragua, mientras que unos pocos los habían puesto en alquiler, lo que les generaba una renta adicional, y explica que varios de ellos hayan accedido a hablar con CONFIDENCIAL, demandando el anonimato.
“La casa la está ocupando mi madre. Por eso tengo temor de hablar, y que lleguen a sacarla”, dijo un profesional al que Ortega y Murillo pretenden arrebatar su nacionalidad. “En este último mes, la situación no ha variado: hasta ahora, no hay acción física de ocupación de la casa en la que estaban viviendo mis hijos”, dijo otra fuente, reconociendo que su familia evacuó el inmueble, y que ahora solo efectúan una presencia “simbólica”.
Hassan, el exgobernante, refiere que él tenía una sola propiedad en Managua, que ocupaba como casa de habitación, “y ahora está totalmente sola. Yo tenía un cuidador ahí, pero cuando se anunció la confiscación, vi que no valía la pena tenerlo, y que más bien lo estaba poniendo en riesgo, así que me arreglé con él, y cesamos nuestro acuerdo”, relató.
Añade que “una semana después del decreto, empecé a sacar algunos muebles y cosas personales con ayuda de familiares, y aunque las fuerzas del orteguismo todavía no han entrado a mi casa, yo estoy en la lista de los 94, además que cortaron mi pensión de jubilación, que recibía en una cuenta de Banpro, y congelaron mis cuentas y tarjetas de crédito emitidas por el BAC”, detalló.
Pensando en opciones legales, admite que no ha consultado con nadie, pero que tampoco cree que exista una base legal que pudiera ser impugnada. “El grupo de los 94 ha estado tomando algunas acciones, pero pienso que la única manera de deshacer estas cosas es acabando con la dictadura. Soy muy escéptico de que con acciones legales se pueda deshacer lo hecho. La única manera es derrocándolos, o quizás por medio de la justicia internacional, pero aun así, no creo que vayan a devolver lo robado”, sentenció.
Luis Carrión, también declarado ‘apátrida’, dijo que “las propiedades de los 94 —y no sabemos si también de los 222— han sido inmovilizadas en el Registro (de la Propiedad). No se pueden transferir a nadie. Esta acción de convocar a quienes habitan los inmuebles a que se presenten (ante la Procuraduría), tiene la intención de empezar a cobrarles un alquiler, o sea que este proceso de confiscación se está produciendo paso a paso”, ilustró.
Documentar las ilegalidades
Más allá del escepticismo que demuestra Hassan, los afectados no se han quedado de brazos cruzados, sabidos que hay que seguir documentando los exabruptos de la dictadura, para lo cual es válido el uso de imágenes, así como las escrituras y certificaciones que demuestran el valor monetario de la propiedad.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrevistará a los afectados, y cada quien tiene que presentar sus papeles, además que el Colectivo de Derechos Humanos ‘Nicaragua Nunca Más’ también está documentando los casos”, dijo una lideresa política que se vio afectada por la medida.
“Hay una serie de derechos que han sido vulnerados”, dijo por su parte el economista Enrique Sáenz. “En el tema de las pensiones, vamos a actuar legalmente, no solo en las instancias internacionales, sino también en las jurisdiccionales”, agregó.
Y si el temor ha alimentado el nacimiento y la existencia de esta ‘hermandad del silencio’, la ferocidad del acto consumado que varios ya sufrieron en carne propia, les muestra que ya no hay por qué quedarse callados.
Es el caso de la periodista Sofía Montenegro, y la abogada Azáhalea Solís, que lograron seguir viviendo en Nicaragua durante los cinco años que lleva ya la Rebelión de Abril de 2018, pero tuvieron que salir del país cuando fueron declaradas ‘traidoras a la patria’, se les retiró la nacionalidad, y se ordenó confiscar sus propiedades.
El 17 de febrero, la Procuraduría confiscó los 16 apartamentos del complejo habitacional “Amazonia”, donde está ubicado el inmueble que compartían ambas lideresas, el que fue allanado por tropas de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) de la Policía.
Los propietarios de los 15 apartamentos restantes fueron citados a la Procuraduría, donde se les notificó el despojo de sus propiedades; se les informó que sus casas ahora son del Estado, pero que podían seguir viviendo en ellas si pagaban 500 dólares de arriendo mensual, o si no, que los desalojaran.
El grupo de afectados incluye a personas que viven ahí desde que los adquirieron en los años 90. Otros propietarios compraron a los primeros dueños y realizaron costosas inversiones en las viviendas. Un tercer grupo de usuarios paga un alquiler a sus propietarios. Sin importar a qué grupo pertenezca cada uno, la acción de la dictadura los hermanó en una situación absolutamente inesperada, después de tantos años de vivir ahí.
El 14 de marzo, la guadaña confiscadora —empuñada por la Policía y la Procuraduría— cayó sobre cuatro propiedades: tres del excarcelado político Cristhian Fajardo, del Movimiento Cívico de Masaya, y una más, perteneciente a la esposa del líder del Movimiento Campesino, Freddy Navas.
Fajardo denunció la confiscación de un hotel, una casa que servía como extensión de este, y la vivienda que compartía con su esposa María Adilia Cerrato. Navas por su parte, dijo que la casa tiene muchos años de estar a nombre de su esposa, que hace pocos días salió hacia Panamá.
El más reciente caso es el del periodista Aníbal Toruño, director de Radio Darío, quien también denunció la confiscación de una casa y bienes de sus hijos ubicada en León, perpetrada por la Procuraduría General de la República y agentes de la Policía Nacional, los que habrían sido dirigidos por el sancionado comisionado general Fidel Domínguez.
Toruño denunció a través de su perfil en la red social Twitter, que “esto es una violación que traspasa mis bienes personales”, añadiendo que las autoridades se tomaron hasta “los enseres domésticos que son inembargables”.
