29 de marzo 2023
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Un total de 30 organizaciones sin fin de lucro han cerrado sus operaciones en Nicaragua tras disolver voluntariamente sus personerías jurídicas en los primeros tres meses de 2023. Las disoluciones están ocurriendo en su mayoría por inactividad y falta de fondos para ejecutar sus proyectos, asegura el Ministerio de Gobernación (Migob).
Pero la realidad es que esta institución en paralelo ejecuta cancelaciones de personerías jurídicas e impone “trabas” a los organismos, lo que les impide operar en el país, según han denunciado miembros de varios organismos.
En lo que va de 2023, el Migob ha cancelado la personería jurídica de 139 asociaciones, fundaciones y universidades. Y en ese mismo período han cerrado 30 por disoluciones voluntarias. En 2022 se conoce de dos organismo más que cerraron antes de ser eliminados: la Fundación Centro Empresarial Pellas y la American Nicaraguan Foundation (ANF).
“La ventaja, respecto al otro tipo de cancelación, es que pueden definir el destino de su patrimonio. Los dejan hacer el cierre de la organización, vender las camionetas, los equipos, liquidaron todo”, explica el activista Amaru Ruíz, quien ha dado seguimiento a los cierres de oenegés en Nicaragua.
El Reglamento de la Ley Nº 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines De Lucro establece que en el caso de las disoluciones voluntarias el destino del patrimonio será establecido según el acta constitutiva y los estatutos de la organización.
Sin embargo, cuando se trata de cancelaciones de personerías jurídicas por incumplimiento a la Ley Nº. 1115, “corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría General de la República con el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua”.
Esto mismo puede ocurrirle a las oenegés que se disuelvan de forma voluntaria, pero solo en los casos que el destino de los bienes no esté establecido dentro del acta constitutiva y estatutos, aclara el reglamento de la ley.
Migob varía las razones de las disoluciones voluntarias
Representantes de oenegés que han sido canceladas por el Migob han denunciado que esta institución impide que estas cumplan con la entrega de la documentación requerida. Asimismo, ha habido presiones para que otras organizaciones cierren.
Cáritas Diocesana de Jinotega, que finalmente cerró por disolución voluntaria el pasado 7 de marzo, esperó durante meses un aval para recibir donaciones con las cuales beneficiaba el hogar de ancianos San Vicente de Paul, además de otros proyectos sociales, por lo cual finalmente pidieron la disolución.
En las disoluciones voluntarias que se han realizado, el Migob no establece una sola causa. Sin embargo, en la revisión unilateral de estas se encuentran patrones. En la mayoría de organismos aseguran que los cierres son porque se encuentran inactivas ante el Ministerio, no tiene recursos para ejecutar proyectos o los miembros de estas oenegés son de la tercera edad y están enfermos por lo cual no pueden continuar con los proyectos.
Las disoluciones voluntarias de oenegés han aumentado en 2023. En enero cerraron las primeras dos organizaciones: Fundación Sincotex Cares y Water for People, originaria de Estados Unidos. La primera de estas ejecutaba proyectos de educación en Tipitapa y la segunda programas de agua potable y saneamiento en comunidades rurales.
En febrero ocho organizaciones más cerraron por decisión voluntaria. Estas son: la Asociación Centro de Investigación y Asesoramiento Jurídico Social (CIAJS); Asociación Misión Menonita Nicaragüense; la Asociación Batallón de Infantería de Reserva Marlon Zelaya Cruz; Asociación para la Promoción de la Lengua y la Cultura Rusas en Nicaragua “Alianza Ruso-Nicaragüense” (RUSÁNICA); Fundación S.O.S. Veterinario “S.O.S. VET”; Fundación para el Desarrollo Humano Sostenible (FUNDEHUSOS); Asociación Nicaragüense de Trabajadores Sociales Mildred Abaunza; y la Fundación Alberto y Berta Chamorro.
En este mes han ocurrido 20 cierres voluntarios que incluyen a la Asociación Cáritas Diocesana de Jinotega; Asociación Cáritas de Nicaragua; Fundación de Ayuda al Niño, Niña y Adolescente con cáncer y leucemia (FUNANCA); Fundación La Merced; Asociación Centro de Rehabilitación a las drogas y alcoholismo; San Vicente de Paul; Asociación para niños nefropáticos (ANNEF); Asociación Ministerio Pentecostés Poder de Dios (AMPPD); Organización pentecostal roca de salvación de Estados Unidos; Asociación de Jubilados de San Jorge (AJUSANJ); Fundación Manolo Morales; el Consejo Centroamericano para el Desarrollo Pesquero Sostenible (CONCEPESCA); y la Asociación Piedad por las Mujeres y Niños del Trópico.
Asimismo, la Fundación Vida con Amor; la Asociación Benéfica Cristiana; Asociación Centroamericana para el desarrollo; la Asociación de Comunicadores para la Renovación Familiar; Federación Nicaragüense de Comunidades Terapéuticas; la Fundación por la Vida y el Desarrollo; Asociación para el desarrollo social, ambiental y agroecológico Quetzalcoatl; y Asociación de comerciantes del Mercado Mayoreo. Estas últimas cerradas este martes 28 de marzo.
Disoluciones tienen 90 días para liquidar bienes
El reglamento de la Ley 1115, establece que las organizaciones que dicen disolverse de forma voluntaria tienen que convocar una sesión ordinaria o extraordinaria en la cual acuerden la disolución y liquidación de su organismo. Después deben nombrar a un liquidador que realizará las gestiones ante el Ministerio de Gobernación.
Una vez se concluya el proceso de disolución y liquidación, la organización debe presentarse ante la Dirección General de Registro y Control de OSFL del Migob la solicitud de cancelación de personería jurídica, registro y número perpetuo. Esta solicitud se debe hacer en un plazo de noventa días desde que se acordó la disolución.
La solicitud debe ir acompañada de la escritura pública de disolución, la liquidación de bienes y activos certificado por un contador público, libros contables, actas de miembros o asociados, estados de cuentas bancarias, certificación de CPA donde consta que no tiene compromisos pendientes con las instituciones públicas, entre otros.
En cambio, las cancelaciones hechas directamente por decisión del Ministerio de Gobernación establecen plazos reducidos para su cierre y en muchos casos los bienes pasan a nombre del Estado. Según las resoluciones publicadas en La Gaceta, a estos les dan 72 horas para entregar los libros contables, los documentos de la liquidación de bienes y activos, libros de actas y registros.
La última cancelación de personería jurídica acabó con 16 organizaciones de la sociedad civil y a estas se les determinó que “los bienes muebles e inmuebles (...) corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua”.
