28 de marzo 2023
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Un informe de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu), identificó “patrones invisibles” de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua entre 2018 y 2023, entre los cuales destaca la definición del modus operandi que usa el Frente Sandinista para reprimir y controlar a los ciudadanos que consideran opositores.
El documento de 30 páginas, publicado en la tercera semana de marzo en San José (Costa Rica), presenta un compendio de “todas aquellas violaciones constantes a los derechos de la ciudadanía, que no se documentan porque no se denuncian, así que no están en ningún informe, no están en los medios de comunicación, ni están condensados en un documento que refleje ese patrón de conducta”, aseguró Jhoswel Martínez, presidente de Asidehu, y autor principal del texto.
Vigilando a los ‘traidores’
Al centrarse en el modus operandi del Frente Sandinista, Martínez reseñó que “muchos dicen que los CPC [Consejos del Poder Ciudadano], y la JS [Juventud Sandinista] reprimen, levantan listas, pero no dicen cómo. Nosotros detallamos paso a paso en el Informe, ¿cuál es su orientación? ¿Cuál es su orden y jerarquía? ¿Cómo actúan? ¿De qué manera reprimen? ¿Qué es lo que investigan de las víctimas?”.
Al detallar el modus operandi con el que se implementan las acciones para amedrentar a la ciudadanía, el documento señala que las víctimas de estas pintas “no son escogidas al azar, sino que existe un motivo ‘fundado’ por el que se hacen pintas en sus casas, con base en listas elaboradas por personas afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que incluyen la ubicación, nombre y otros datos de las víctimas.
Según las denuncias y testimonios, esas ‘personas afines’, son parte de los ‘Consejos del Poder Ciudadano (CPC)’, quienes guían a los grupos armados y policiales, con base en las orientaciones específicas dictadas de previo por el secretario político local del FSLN, quien indica si la agresión será hacer pintas -o quemar- la casa; proferir amenazas verbales, o darle una citatoria policial, según el ‘nivel de traición’, o de ‘peligro’, que se le asigne a la persona.
Los denunciantes explican que ese ‘nivel’ se determina por haber participado en manifestaciones opositoras, u otras acciones de disidencia; por opinar contra el Gobierno en redes sociales, por ser neutral, por no participar en actividades partidarias, y hasta por no ser del agrado del encargado de recabar la información, que puede ser un trabajador del Estado o un simpatizante del FSLN.
Otra posibilidad es que el CPC envíe a investigar a través de la Juventud Sandinista y la Policía, quienes revisarán sus redes sociales y realizarán ‘visitas preventivas’, para invitarle a participar en actividades partidarias, o se le hostigará. Si no está en casa, se le dejará una invitación formal a actos del FSLN, y si no asiste, o no recibe la invitación, se le acusará de traidor, midiendo su nivel de ‘peligro’ según la reacción que tenga.
El espionaje contra los trabajadores públicos, incluye la asignación de ‘puntos’ por participar en actos proselitistas -aun cuando es obligatorio- so pena de ser incluido en la ‘lista negra’ del partido, y de ahí a la ‘lista negra’ del CPC de la zona donde habite, recordándoles que “sólo los sandinistas pueden ser empleados públicos”.
Diversas formas de hostigamiento
Algunas de las consecuencias de esa ‘investigación’, o ‘visita preventivas, puede ser una falsa acusación de agresión verbal o física, hecha por el encargado de la ‘visita’; una falsa acusación por ciberdelitos, en especial, si encuentran alguna publicación ‘inadecuada’ en redes sociales; o una citatoria para que firme un acta de compromiso, prometiendo desistir de toda acción que ponga en riesgo al FSLN.
Otra posibilidad es que se le amenace en redes sociales, ya sea por medio de publicaciones difamatorias, mensajes preventivos, o amenazas de muerte, siempre por orientación del CPC, utilizando ‘bots’ y cuentas falsas, que son replicadas por otras cuentas falsas.
Si la opción es hacer ‘pintas’ en la casa de la víctima, se orienta a los simpatizantes del partido, generalmente miembros de la Juventud Sandinista, que lo hagan en horas de la madrugada. También es posible que le dejen mensajes de advertencia o amenazas, o pasar directamente al hostigamiento telefónico, con llamadas en múltiples horarios hechas desde números desconocidos o privados, donde les amenazan de muerte o les dicen “terrorista, sabemos dónde vivís y lo que hacés”, para amedrentarlos y torturarles psicológicamente.
En otras ocasiones, envían mensajes y amenazas, consistentes en disparar balas a la casa de habitación; dejar proyectiles, pancartas o cartas escritas a mano, haciendo amenazas; bolsas con bombas y otros artefactos, además del siempre efectivo hostigamiento en casa, que es orientado por los CPC, y puede ser efectuado por brigadas de motorizados del FSLN y la Juventud Sandinista, aunque también puede hacerlo la Policía, cuando la víctima se considera un peligro real. En este caso, una patrulla policial se parquea frente a la casa de la víctima, tomando fotos a quienes entran y salen, además de impedir la salida de las víctimas.
“Todos estos actos se realizan ante el amparo y protección del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad, por lo que en la mayoría de casos es imposible denunciar estos hechos” además que las víctimas tampoco denuncian por temor a ser apresados o recibir mayores represalias, señala el documento.
Los ataques contra la Iglesia
Más de un tercio del texto se centra en graficar cómo se persigue la libertad de credo, y se agrede a la Iglesia, detallando “las violaciones a la libertad de credo, así como las ilegales detenciones, criminalización y judicialización a los sacerdotes, persecución a los laicos vinculados a estos; el cierre de medios informativos católicos que a su vez representa una violación al derecho de prensa y expresión”.
También, “obligar a ser parte de una lista de testigos falsos para ser parte de la farsa judicial en contra de los sacerdotes y en particular del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez… con el objetivo de reprimir y cerrar los espacios donde la gente pueda reflexionar a la luz de Dios sobre la situación sociopolítica del país”.
El documento señala que “las raíces de la hostilidad por parte del Gobierno de Nicaragua, se encuentran en el apoyo de la Iglesia católica a los estudiantes, durante las manifestaciones pacíficas de los nicaragüenses en contra del Gobierno”, recordando que “los templos abrieron sus puertas, proporcionando espacios de diálogo, promoviendo jornadas de oración… atendiendo heridos, y consolando a los familiares de ciudadanos asesinados o secuestrados”.
En el contexto de la crisis sociopolítica que explotó en abril de 2018, el Informe detalla que “la Iglesia ha sufrido más de 190 ataques y profanaciones”, destacando que “en 2018 hubo 46 ataques contra la Iglesia, incluyendo una turba que ingresó a la Catedral de Managua”, las amenazas de muerte a sacerdotes, y la profanación de diferentes templos.
El conteo añade 48 ataques en 2019, incluidas las amenazas de muerte contra el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, que ese mismo año se fue al exilio; otros 40 ataques en 2020, incluyendo profanaciones y el atentado con bomba incendiaria en la Catedral de Managua.
“En 2021 se registraron otros 35 ataques, entre profanaciones y robos de iglesias, así como insultos de Daniel Ortega contra obispos y sacerdotes católicos”, así como otras 21 agresiones en 2022, destacando en ese momento, el hostigamiento policial al obispo de Matagalpa, que habría de terminar en su captura, encierro y condena.
