25 de marzo 2023
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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas debatirá el próximo cuatro de abril un proyecto de resolución que propone renovar, por un periodo de dos años, el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) que investigó los crímenes de lesa humanidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, hace “un llamado urgente” a las autoridades del régimen a que “cesen de inmediato” los arrestos arbitrarios, liberen a todos los presos políticos y establezcan mecanismos para combatir la impunidad.
El proyecto de resolución denominado “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” fue presentado por las delegaciones de Costa Rica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú; y ya está circulando entre el resto de delegaciones de países miembros para que hagan sus observaciones.
El texto señala que las investigaciones del GHREN deben seguir debido a las continuas violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, por lo que piden al Secretario General que adopte todas las medidas administrativas, técnicas, legales y de seguridad “para garantizar la no interrupción de su trabajo”.
El Grupo de Expertos fue creado el 31 de marzo de 2022 por el Consejo de Derechos Humanos, con el mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua entre 2018 y 2022. En mayo de 2022 fueron nombrados los tres miembros independientes del grupo y, un mes después, el régimen de Daniel Ortega rechazó de forma rotunda su solicitud para ingresar al país.
En su informe final, presentado el 2 de marzo, el GHREN confirmó que el presidente y la vicepresidente y las autoridades de al menos siete instituciones del Estado, encabezado por la Policía, cometieron crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses que se expresaron en la Rebelión de Abril de 2018. Por lo que recomendó a la comunidad internacional iniciar acciones legales bajo la justicia universal contra los individuos responsables de violaciones, abusos y crímenes documentados en Nicaragua.
El proyecto de resolución también solicitan al Alto Comisionado que “fortalezca el monitoreo” sobre Nicaragua, para lo cual deberá preparar “informes integrales y con perspectiva de género” a cerca de la situación en el país, presentar actualizaciones orales al Consejo y actualizaciones orales seguidas de diálogos interactivos antes de finales de 2023 y 2024.
Un llamado a frenar la impunidad
Además, hace “un llamado urgente” a las autoridades nicaragüenses a liberar de forma “inmediata y sin condiciones” a todos los presos políticos, anular sus sentencias y absolverlos de los cargos en su contra, respetar las garantías de un juicio y garantizar que las condiciones de detención sean consistentes con los estándares mínimos de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
Asimismo, instan al régimen a “combatir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos”, para lo cual proponen la realización de investigaciones independientes, transparentes e imparciales sobre las múltiples formas de represión y violencia denunciadas desde abril de 2018 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Además, señalan la necesidad de que las víctimas reciban “reparaciones efectivas” y que sea modificada la Ley de Amnistía de 2019.
Preocupa recrudecimiento de la represión
La resolución que podría ser aprobada el 4 de abril al finalizar el 52° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, también expresa preocupación por el “recrudecimiento de las restricciones al espacio cívico y democrático y la represión” hacia los opositores políticos.
Detallan que la represión en Nicaragua incluye “actos de intimidación, hostigamiento y vigilancia ilegal o arbitraria” en contra de defensores de derechos humanos, mujeres, indígenas, afrodescendientes y ambientalistas, líderes comunitarios y religiosos, periodistas, estudiantes y toda persona que exprese opiniones críticas con el Gobierno.
También expresan preocupación por el aumento de organizaciones de la sociedad civil, universidades y medios de comunicación independientes obligados a cesar sus actividades, debido a restricciones administrativas y financieras restrictivas y por la cancelación arbitraria de sus personerías jurídicas.
Advierten que el cierre de los organismos civiles tiene un impacto directo en los derechos humanos de los nicaragüenses, “especialmente los derechos a la libertad de opinión, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, a la privacidad ya la educación”. Por tal motivo, el proyecto de resolución insta al Gobierno de Ortega a que restaure los registros de los organismos y devuelva los bienes confiscados.
Finalmente llaman al Gobierno a que permita las manifestaciones públicas y a que “derogue o modifique la legislación que pueda reducir indebidamente los derechos humanos”, incluidos los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.
