21 de marzo 2023
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Las detenciones de opositores en Nicaragua se han caracterizado por el uso de la violencia, por parte de la Policía e integrantes de grupos armados progobierno, sostiene el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) en su informe final sobre violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Estas aprehensiones se llevaron a cabo bajo “el despliegue de grandes operativos” y en la mayoría de los casos investigados por los expertos se conoció que “utilizaron la violencia de manera excesiva e innecesaria, incluyendo a través de disparos de arma de fuego, golpes con armas de fuego y otros objetos contundentes, golpes con puños, patadas, insultos y amenazas, tanto durante la aprehensión como en los traslados de las personas detenidas”.
“Me sacaron los patrulleros de azul oscuro, famosos por usar la violencia extrema en la ciudad, me subieron a la patrulla, y empezaron a golpearme con las culatas de sus armas, alrededor de cuatro o cinco policías”, relató a los expertos un ciudadano detenido el 19 de abril de 2018 durante una marcha en Estelí.
Narró que lo detuvieron “a patadas y golpes de puño, con bastones y culatas de armas, jaladas de cabello, insultos y empujones”.
El informe indica que estos hechos denunciados “son consistentes” con lo afirmado previamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones defensoras de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.
“Empezaron a balear nuestra camioneta”
Un joven detenido en julio de 2018 detalló, al Grupo de Expertos, que se trasladaba en una camioneta junto a otras cinco personas cuando “aparecieron dos patrullas delante” y alcanzaron a ver a otras 15 camionetas de policías que estaban parqueadas en la cuesta de la calle. “De las patrullas bajaron un montón de oficiales y empezaron a balear nuestra camioneta”, aseguró.
“Eran policías revueltos, oficiales, antimotines y paramilitares. Me dieron un culetazo que me dejó la nariz rota, la ceja cortada y el ojo con una lesión permanente. Me agarraron y me tiraron en la tina. Un comisionado me agarró a cachetadas, un oficial me puso la bota sobre la cara y empezó a restregármela en el piso de la tina”, manifestó.
El joven recordó que después llegaron unas busetas de la Dirección de Auxilio Judicial y lo subieron en una de ellas. “Me tenían enchanchado con las manos hacía atrás y la cara en las rodillas, cuando vino una oficial y a puño me golpeó en la cara, me dio en el labio y me arrancó un diente”, contó.
Otro joven detenido, en esa misma fecha en Masaya, relató que se dirigía a Monimbó cuando una camioneta gris los interceptó y bajaron siete paramilitares con pasamontañas negros, vestidos de civil con zapatos deportivos. “Me pusieron una AK en la nuca e intentaron sacarme del vehículo, yo dije que podía salir solo, pero me agarraron del pelo, intenté levantarme, pero me patearon en la canilla y me volví a caer”.
Mencionó que después “llegó el director de Inteligencia de la Policía en Masaya” a presenciar su detención. “Uno de los muchachos me apuntó de nuevo a la cara. Me ataron las manos y me quitaron los zapatos. Me llevaron a la estación de Policía de Nindirí. Mientras me tenían en la tina (de la camioneta) me estaban pateando en el estómago”, dijo.
Grupos progobierno realizaban detenciones independientes
El Grupo documentó que los integrantes de grupos armados progobierno “también ejecutaron detenciones de manera aparentemente autónoma en el contexto de las manifestaciones de 2018, y entregaron después a las personas detenidas a la Policía Nacional”.
“En algunos casos, las personas fueron trasladadas a lugares no oficiales de detención, donde fueron torturadas e interrogadas antes de ser entregadas a la Policía”, reveló el informe.
Una joven entrevistada por el GHREN expresó que se desplazaba con otros jóvenes cuando su vehículo fue interceptado por paramilitares que “empezaron a disparar al vehículo”.
“En cuestión de minutos llegó un carro pequeño de donde salieron paramilitares armados y encapuchados. Empezaron a gritarnos y a decirnos: ‘Ahora sí no se pueden escapar’. Nos pusieron en fila y nos apuntaron con las armas. Empezaron a gritar con furia: ‘¿Dónde están las armas?’. Decían que si no les decíamos dónde estaban las armas nos iban a matar”, narró.
La joven mencionó que les quitaron sus teléfonos y revisaron el vehículo, después fueron esposados con los cordones de los zapatos. “A mí, uno de ellos me dijo ‘a vos te vamos a violar y después te vamos a matar’. Mientras me amarró las manos, uno me agarró del pelo, me levantó al aire y me tiró al suelo para que me quedara boca abajo en el piso”, explicó.
La colombiana Ángela María Buitrago y el alemán Jan-Michael Simon, expertos de la ONU, participaron en una conferencia de prensa, en San José. Foto: EFE
Detenciones también en casas de opositores
Los hallazgos del GHREN revelan que también se registraron aprehensiones selectivas de personas opositoras o percibidas como tales que se realizaron en “espacios públicos, oficinas, casas de habitación o en casas de seguridad donde las personas se encontraban resguardadas”.
El informe menciona que “a menudo estas personas detenidas habían sido sometidas a vigilancia, actividades de inteligencia, intimidaciones y amenazas, durante semanas o meses antes de su detención”.
En al menos 25 casos investigados por el GHREN constataron que “las detenciones se realizaron con una presencia desproporcionada de fuerzas policiales, con despliegues que incluyeron elementos de la DOEP y personas vestidas de civil encapuchadas” y determinaron que en estos operativos se produjo “un patrón de violaciones al debido proceso y de violencia”.
“Unos 40 antimotines de la DOEP tumbaron la puerta y entraron a mi casa. Entraban por todos lados, caían como hormigas del techo, pasaron por encima del muro, destrozaron las flores. Me llevaron a empujones, no pude ni contar la cantidad de patrullas que estaban estacionadas fuera de la casa (…). Se llevaron varias cosas personales, mi cámara, filmadora, mis radios, mis grabadoras”, relató una de las víctimas.
El informe del GHREN destaca que durante muchas de las detenciones y allanamientos los agentes policiales “también agredieron a las personas detenidas y a las personas presentes en los inmuebles, incluyendo a familiares y personas de avanzada edad”.
“Varios niños y niñas estuvieron presentes durante las capturas violentas de sus familiares y los allanamientos y registros que siguieron”, alerta el informe.
Uno de los testimonios recogidos por los expertos indica que llegaron más de diez policías a una vivienda a realizar una detención. “Esposaron a mi abuela que estaba en silla de ruedas y sufre de demencia y a la trabajadora doméstica. Me dieron un galletazo (golpe en la cabeza) que me caí al piso. Me pusieron las esposas tan fuertes que me dolían”, contó.
Otro ciudadano explicó que durante un operativo en su vivienda a su padre de 79 años “lo golpearon, lo tiraron al piso”, mientras su mamá “se puso a gritar hasta que se desmayó”. Fue hasta un día después que supo que su hermano estaba en El Chipote y un mes después fue trasladado a La Modelo.
