17 de marzo 2023
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Los presidentes de los comités de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, enviaron una carta a los presidentes de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras, en la que les piden que “detengan el apuntalamiento financiero del BCIE al régimen nicaragüense”.
Los congresistas Robert Menéndez y Michael T. McCaul, que lideran ambos comités, dirigieron esa carta a los presidentes de Guatemala, Alejandro Gianmattei; El Salvador, Nayib Bukele; Honduras, Xiomara Castro, y Costa Rica, Rodrigo Cháves, para pedirles que usen su voto dentro del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para “incrementar la transparencia y el escrutinio sobre los préstamos del Banco al Gobierno de Nicaragua”.
En el último quinquenio, mientras los organismos financieros internacionales retiraban su apoyo a la dictadura, ante la violencia criminal con que actuó para reprimir a los ciudadanos que protestaban durante la denominada ‘Rebelión de Abril’, el BCIE aumentaba sus apoyos a Daniel Ortega y Rosario Murillo, al punto de convertirse en su financiero principal.
Tal comportamiento valió para que Mossi fuera denominado “el banquero de los dictadores”, aunque en el debate efectuado este jueves en la sede washingtoniana de El Diálogo Interamericano, él se esforzara por aparecer solo como un burócrata que cumple instrucciones de su junta de gobernadores y de su directorio, y dijera que su frase en defensa del sancionado régimen de Ortega, fue mal citada.
USD 3500 millones del BCIE para Ortega
En la carta, fechada este viernes 17 de marzo, Menéndez y McCaul piden a los cuatro presidentes centroamericanos que “dados los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen Ortega - Murillo, urgimos a su país a aprovechar su liderazgo como miembro fundador del BCIE, para asegurar que los préstamos del Banco no perpetúan la consolidación de la dictadura nicaragüense”.
Añaden que “a pesar de su historial” financiando la competitividad y la integración regional, en años recientes el Banco ha aprobado cerca de 3.5 millardos de dólares para financiar iniciativas a ser implementadas bajo los auspicios del régimen, y cómo esos fondos les proporcionan “un salvavidas”, al tiempo que crece la condena global por las violaciones a derechos humanos que ocurren en Nicaragua.
“Hasta que Daniel Ortega y Rosario Murillo no estén dispuestos a participar en negociaciones para restaurar la gobernabilidad democrática, el respeto a los derechos humanos, y establecer una hoja de ruta para que haya elecciones libres y justas, urgimos a su Gobierno a dar pasos para incrementar la transparencia y el escrutinio sobre los préstamos del Banco al Gobierno de Nicaragua”, precisan.
El senador y el congresista enlistan en su misiva cómo, el 2 de marzo, un equipo de investigadores de las Naciones Unidas concluyó que el régimen cometió “abusos generalizados contra el pueblo nicaragüense”, catalogados como crímenes de lesa humanidad, citando entre otras “atrocidades”, una campaña sistemática de asesinatos extrajuduciales, torturas, detenciones arbitrarias y persecución política, de una forma que recuerda los crímenes cometidos en la Alemania nazi.
No siempre ‘business are business”
“El diez de marzo, el papa Francisco comparó la brutalidad del régimen Ortega Murillo, con la dictadura de Hitler”, reiteran, añadiendo que “estas impactantes caracterizaciones de la situación en Nicaragua, subrayan la urgencia de poner fin a la manera tradicional de hacer negocios”, con la dictadura nicaragüense.
De paso, señalan cómo, en los últimos años, su país ha dado pasos para incrementar el escrutinio y reducir el financiamiento” de las instituciones multilaterales, que pudiera beneficiar al régimen de forma directa, y cómo con la Ley Renacer, aprobada en noviembre de 2021, el Gobierno estadounidense ha dado pasos para asegurar que el financiamiento multilateral sólo pasa a través de entidades que son independientes del Gobierno de Nicaragua, desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero.
Luego de las comparaciones con el régimen nazi, los legisladores recuerdan a los presidentes cómo, después de excarcelar a 222 presos políticos, Ortega y Murillo tomaron la “cruel decisión” de quitar la nacionalidad a ellos y a otros 94 nicaragüenses, y mantiene prisionero al obispo Rolando Álvarez, a quien hizo sentenciar a 26 años de cárcel.
Después de señalar esa cadena de acusaciones, Menendez y McCaul advierten que “en caso que Ortega y Murillo no estén dispuestos a permitir una apertura política, será imperativo que su Gobierno use su voz y su voto para suspender la financiación de ese régimen criminal. No tomar medidas para abordar los préstamos a un Gobierno acusado por las Naciones Unidas de crímenes contra la humanidad, resta valor al trabajo de desarrollo que efectúa el BCIE en la región, y corre el riesgo de socavar la posición internacional del Banco”.
