7 de marzo 2023
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Pese a ser una especie de ‘zarpazo anunciado’, los empresarios y gerentes organizados en las 19 entidades gremiales que fueron canceladas este lunes 6 de marzo, no esperaban un golpe como ese que resultó inesperado por ser, básicamente, innecesario. “Tanto las cámaras como el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) mismo, estaban operando a su mínima expresión”, dijo a CONFIDENCIAL el expresidente de una de las cámaras clausuradas, que pidió omitir su nombre por razones de seguridad.
Sin embargo, la expresidenta y el extesorero de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Lucy Valenti y Alfredo Gutiérrez, respectivamente, sostienen que “la desarticulación legal de nuestra cámara indudablemente que dejará desamparadas a las decenas de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas turísticas socias y no socias establecidas en nuestro país, agudizando la profunda crisis que desde el 2018 vive nuestra nación, así como por las adversidades resultado de la pandemia de Covid - 19”.
En un comunicado conjunto, ambos expresentantes, aseguraron que “la base legal considerada para desarticular nuestro gremio está fundamentada en una serie de prerrogativas jurídicas contrarias a la Constitución de Nicaragua, así como contra el derecho a la libre empresa y organización, que gravemente atentan contra la estabilidad y continuidad de las empresas privadas del sector turístico… tanto las de capital nacional como las de capital extranjero”.
El criterio de ambos empresarios es que el Estado “ha sobrepasado todos los límites racionales y se empeña en destruir la base productiva y generadora de riqueza de nuestra amada Nicaragua”.
Política de ‘tierra arrasada’
Para el economista Enrique Sáenz, decisiones como esta, o la de confiscar las propiedades a 94 ciudadanos declarados “traidores a la patria”, ahuyentan la inversión, lo que significa menos contrataciones y, por consiguiente, menos ingresos para las familias, pero también, créditos con tasas de interés más altas, una vez que las calificadoras de riesgo rebajen la calificación del país, y los bancos tengan que contratar créditos más caros.
Para el académico y exreo político, Félix Maradiaga, “el cierre del Cosep y de sus cámaras, es un paso más hacia el acelerado camino de la ‘cubanización’, emprendido por el orteguismo. Al igual que otras medidas ilegales y tiránicas, esta nueva estocada a las libertades públicas, es también un golpe a la economía y el bienestar de todos los nicaragüenses, sin excepción”.
Además de recordar que “el derecho de asociación es un derecho humano”, Maradiaga argumenta que en el caso de las cámaras y gremios organizados, la asociatividad empresarial es “fundamental para el desarrollo económico y social”, y “clave para acordar acciones que generen empleo y atraigan inversiones”, por lo que considera que “el cierre del Cosep no solo es un golpe a la iniciativa privada, sino también al pueblo trabajador”.
Una empresaria afiliada a una cámara del sector servicios, opinó que “la cancelación de las personerias jurídicas… es otro zarpazo más de la dictadura contra todo vestigio de lo que queda de independencia del régimen. Es parte del proceso de ‘talibanización’ de la dictadura. Otro ejemplo más de que lo único que les importa es sostenerse en el poder a como sea. Es una política de tierra arrasada”, sentenció.
Cámaras no podrán tener empleados ni cuentas bancarias
La cancelación de estas 19 entidades del sector privado se suman a la del Instituto Nicaragüense de Desarrollo, (INDE) en junio de 2022, y la de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), el pasado 3 de febrero. En julio de 2022, el régimen ya había cancelado también la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano (Expica).
Sin embargo, estas cancelaciones –según parte del sector afectado– no impedirá que esas entidades continúen desarrollando algunas de las iniciativas que impulsaban, aunque hay muchas otras cosas que no podrán seguir haciendo… como tener empleados.
“Es muy pronto para decirte cómo vamos a proceder, porque apenas estamos analizando los alcances de esta cancelación. Lo que sí sé es que ya no podemos tener cuentas en los bancos, contratar personal, ni muchas otras cosas para las que sí se necesita una personería jurídica”, dijo el ejecutivo de una empresa del sector financiero que estaba afiliada a una de las cámaras canceladas.
Al hablar de aquellas decisiones que sí se pueden implementar, un empresario que presta servicios al sector de la construcción dijo que, “en térmimos prácticos, esto no cambia nada”, porque “tanto las cámaras como el Cosep, estaban en mínimos”.
A modo de ejemplo, dijo que cámaras como la de Urbanizadores (Cadur), “ya no hacían nada más que ferias y reunirse con los bancos a platicar, pero el Gobierno ya no los atendía”, explicando que podrán seguir haciendo ferias, si lo desean, porque “no se necesita una personería juridica para hacerlas”.
Añadió que Cadur acababa de anunciar una feria, para la que contaba con el apoyo de los bancos, y aunque recibieron esa mala noticia repentina, eso no impedirá que la efectúen, si es su decisión. Consideró que lo mismo es válido para la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotor (Andiva), que tenían una feria planificada, y podrán desarrollarla, porque al hacerla dentro de un centro comercial, no necesitan pedir permiso.
Por su parte, el directivo de una cámara del sector agrícola detalló que “la personería jurídica sirve para tener una relacion clara con el Gobierno, conforme a las leyes del país, pero nada impide que sigamos haciendo actividad gremial, siempre dentro del marco de la ley”.
¿Hay razones para esta sinrazón?
La razón por la que las cámaras no tienen definiciones claras acerca de su futuro, es precisamente el factor sorpresa que mencionan sus directivos.
“No me lo esperaba”, dijo el empresario que presta servicios al sector de la construcción. “La pregunta es qué fue lo que pasó para que las quitaran –y a todos– si ya habían decidido no darle importancia a la gremialidad que es, de hecho, lo que ya estaban haciendo. Es muy simplista creer que lo hicieron solo porque se les ocurrió. Fue tan repentino que amaneció publicado un lunes en La Gaceta. Algo tuvo que pasar”, reflexionó sin ofrecer una respuesta.
Para el administrador de una cámara de empresas dedicadas a la producción de proteína animal “esto sigue un guion prediseñado para eliminar toda forma de organización: oenegés, cámaras, instituciones, etc.”, así que era previsible, pero “fue sorpresa en el sentido de que ocuerriera hoy, aunque estábamos empeñados en cumplir la ley, pero estábamos claros que podían hacer esto en cualquier momento”, admitió.
“En Cosep, todos habíamos recibido observaciones de parte del Migob y estábamos tratando de subsanarlas. Con esta sorpresa, cada cámara se declaró en sesión permanente y se retiró a evaluar su situación. El acuerdo ministerial dice que algunas incumplieron con la entrega de sus estados financieros, pero la fecha máxima de entrega es el siete de marzo, así que no ha concluido el periodo de recepción”, especificó.
A su juicio, “esa es una anomalía que evidencia la intención preexistente, más allá de la lógica del cumplimiento y el apego a las leyes”. Por otro lado, consideró que “el gremialismo es inevitable. No surge porque exista una ley que lo permita, ni desaparece porque nos quiten una personería jurídica. Tener una personería es un asunto estrictamente legal, pero no nos impide que lo gremial siga, siempre que se respeten las leyes”.
