6 de marzo 2023
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El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés) que será presentado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene “enorme impacto”, valoran defensores de derechos humanos, no solo porque confirma que en Nicaragua se han cometido “crímenes de lesa humanidad” sino porque es un llamado a la comunidad internacional a establecer “responsabilidades individuales” sobre los mismos.
El exsecretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, destacó que el informe actualiza todo el conjunto de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua, confirma su característica de crímenes de lesa humanidad e indica a la comunidad internacional que “las cosas siguen empeorando” en el país.
“La gran novedad de este informe es que incluye todo un capítulo en materia de responsabilidad individual y, por primera vez, un mecanismo internacional está nombrando, individualizando, la responsabilidad directa de Daniel Ortega y de Rosario Murillo en estos crímenes”, explicó Abrao, al programa Esta Semana, desde Ginebra, Suiza, donde se encuentra participando en una serie de actividades realizadas en el contexto del 52 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Este informe también es un llamado a la comunidad internacional “a que inicie actividades legales contra estos individuos responsables”, apuntó el exsecretario de la CIDH. Además, indica la necesidad de continuar investigando las responsabilidades individuales y brinda “indicios de dónde estarían esas responsabilidades”, destacó.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, destacó que el informe tiene un impacto enorme en la comunidad internacional debido a que el GHREN está confirmando que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad, tal como lo había señalado en 2018 el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, y advierte que estos hechos se siguen cometiendo.
“Estamos hablando de gravísimos crímenes bajo el derecho internacional, como son las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias que —de manera masiva— han sido una herramienta para silenciar las voces críticas en Nicaragua. Estamos hablando de la desaparición forzada de la que muchas personas detenidas arbitrariamente han sido sujetas, estamos hablando de la tortura y de los malos tratos”, detalló Guevara.
La presentación del informe ocurre en un momento en que el régimen de Ortega y Murillo ha despojado de su nacionalidad nicaragüense a 317 personas, de las cuales 222 fueron enviadas en un vuelo sin retorno hacia Estados Unidos y en donde “la vida, integridad y seguridad de personas en Nicaragua sigue bajo riesgo”, subrayó la directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Una apuesta por la jurisdicción universal
Las recomendaciones del GHREN apuntan a que los Estados procesen estos crímenes de lesa humanidad apegándose al principio de jurisdicción universal y que los países que tienen víctimas nacionales de la represión nicaragüense como Brasil, Estados Unidos, Francia y Costa Rica, actúen dentro de su jurisdicción.
Para Abrao “hay que hacer una apuesta” por el “procesamiento mediante jurisdicción universal, tal cual ocurre hoy en la justicia argentina”, donde se han interpuesto dos denuncias penales contra Daniel Ortega y las altas autoridades de su régimen para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
El secretario ejecutivo de Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), Danny Ramírez, despojado de su nacionalidad nicaragüense, destacó que existe “una expectativa grande” sobre las denuncias interpuestas en el sistema judicial argentino y que estos actualmente se encuentran en una etapa de sumario.
Tomando en cuenta “la lentitud del sistema argentino, que tiene sus propias particularidades, creemos que (las denuncias) van rápido. Actualmente están en etapa de sumario, ahí el juez debe decir si hay méritos o no para que la causa se abra. Creemos que lo va hacer por el tipo de medidas que se dictaron cuando se abrió el proceso, que entre ellas estaba notificar al Gobierno nicaragüense”, explicó Ramírez.
Agregó que el informe del GHREN también brinda “esperanza” en el proceso argentino, ya que la justicia no solo es punitiva, sino que también es “reparatoria y restauradora”. “No sabemos en qué momento va haber acciones específicas por parte de otros Gobiernos que quieran repetir el caso argentino, pero esperamos que todas las acciones que hay… en algún momento tengan el efecto definitivo de que haya memoria, verdad y justicia, para las víctimas”, comentó.
Por otro lado, Abrao enfatizó que el informe del grupo apunta la “obligación internacional de protección” de los países que tienen víctimas nacionales de la represión nicaragüense, los cuales, valoró, “tienen la obligación y el deber de actuar en su jurisdicción con acciones judiciales”.
Los organismos multilaterales también tienen obligación
Otra recomendación del GHREN que destacó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, es que los organismos financieros internacionales coadyuven a que se respeten los derechos humanos.
“Esta no es una recomendación hueca”, advirtió Guevara. “Es una recomendación que hace el grupo en un contexto en donde continúan las relaciones bilaterales entre las instituciones financieras y el Gobierno, un Gobierno que lamentablemente ha sido señalado múltiples veces de graves violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad”, continuó.
En ese sentido consideró que dicha recomendación es “una invitación” a estas entidades multilaterales para que “pongan en el centro los derechos humanos de los nicaragüenses dentro y fuera del país y que las instituciones, entidades y Gobiernos asuman la responsabilidades que significa seguir desarrollando acuerdos que terminan siendo capitalizados por un régimen que utiliza los recursos para seguir violando los derechos humanos”.
En esa misma línea, Abrao enfatizó que todos los gobiernos tienen responsabilidades en materia de principios democráticos. De manera que “es exigible que todos los países de la región puedan seguir una posición de solidaridad, independientemente que tenga una línea más dialógica o condenatoria”.
Agregó que los organismos de derechos humanos están presionando en Ginebra para que este lunes 6 de marzo, que será presentado el informe del GHREN ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también se vote una nueva resolución que renueve el mandato del GHREN por dos años más.
Asimismo, Guevara concluyó que se debe seguir presionando internacionalmente y que “Nicaragua es el ejemplo de que se debe tener un consenso entre los Gobiernos latinoamericanos para extender el mandato de los expertos, pero también para poner fin al silencio cómplice de algunos Gobiernos de la región que sólo sigue alimentando la impunidad”.
