27 de febrero 2023
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El despojo de la nacionalidad de los 317 ciudadanos perpetrado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es un hecho “inédito de crueldad”, sin precedentes en América Latina por la cantidad de personas afectadas, afirma el politólogo Daniel Zovatto.
Sin embargo, el director regional de IDEA Internacional para América Latina, considera que con la excarcelación de 222 presos políticos, al estar todo el liderazgo de la oposición fuera de Nicaragua, “esto tiene un aspecto positivo y muy desafiante. Están en mejores condiciones que cuando estaban presos, como para lograr la unidad monolítica de la oposición” para presionar al régimen y gestionar una salida democrática a la crisis en Nicaragua.
En una entrevista con Esta Semana y CONFIDENCIAL, Zovatto resaltó el ejemplo de monseñor Rolando Álvarez y su resistencia en la cárcel, “como una especie de (Nelson) Mandela nicaragüense”, y destacó la ola de gobiernos latinoamericanos que se han sumado a condenar al régimen de Ortega, o a solidarizarse con las víctimas en Nicaragua, y espera que pronto se pronuncie el presidente Lula de Brasil.
Ante el “nivel inédito de represión” que el régimen Ortega Murillo ha impuesto en Nicaragua, Zovatto llamó a la comunidad internacional a aplicar presiones no solamente a Ortega y Murillo sino contra “todos los que sirven de respaldo a la dictadura, los testaferros, los que están en los ministerios, y el Ejército de Nicaragua. y hacerles saber que van a pagar un costo. No más impunidad, ni a los dictadores, ni a los que apoyan a los dictadores”, advirtió.
Han pasado dos semanas desde que se produjo la excarcelación de los 222 presos políticos nicaragüenses desterrados a Estados Unidos, despojados de su nacionalidad y el castigo contra monseñor Ronaldo Álvarez, quien se rehusó a ser desterrado y ha sido condenado a 26 años de cárcel. ¿Qué impacto ha tenido esto para la dictadura de Ortega frente a la comunidad internacional?, ¿Cuál es el resultado político?
Estamos ante un hecho inédito por su crueldad. Por la cantidad de víctimas, estamos hablando de 317 personas que han sido despojadas de su nacionalidad, contraviniendo toda convención internacional. El Gobierno de Nicaragua es parte también de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece la prohibición de quitarle la nacionalidad a cualquier persona. Es un hecho inédito en la región, que lamentablemente no ha recibido hasta ahora el nivel de reacción que hubiéramos esperado de parte de los países de América Latina. En algunos casos se actuó de manera rápida y contundente. En el caso de Chile, ha habido una crítica muy fuerte condenando a la dictadura de Ortega y Murillo, en otros casos (Colombia) pidiendo incluso la intervención del fiscal de la Corte Penal Internacional, solicitando la presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja para seguir atendiendo a los prisioneros políticos que todavía continúan en Nicaragua y denunciando la barbarie de este acto. En algunos otros casos, hemos recibido reacciones un poco tardías y tibias, como Argentina y México. También ha habido una reacción importante de condena de parte del presidente Guillermo Lasso de Ecuador. La gran interrogante es el silencio de Brasil.
Si esto ha oxigenado al régimen de Daniel Ortega, yo diría que bajo ningún punto de vista, porque la medida es insuficiente para poder oxigenar una dictadura del tamaño de la de los Ortega y Murillo. La liberación de los presos políticos ha venido acompañada inmediatamente de nuevos castigos. Quitarles la ciudadanía, declararlos traidores a la patria, confiscarles los bienes. Eliminarlos de toda vinculación con Nicaragua, incluso ahora los beneficios de la seguridad social. Lo que podría haber representado el punto de inicio de restablecer un proceso de diálogo y negociación que tuviese como objetivo buscar una salida negociada electoral y democrática a la gravísima crisis que vive en Nicaragua, no puede considerarse que esto está ayudando a oxigenar al régimen.
Con el caso del padre Rolando Álvarez, el régimen se ha llevado una sorpresa, con la negativa del padre de decir ‘yo no me voy, yo me quedo acá’, se les va a convertir en un verdadero dolor de cabeza. Una suerte de Mandela nicaragüense, que van a tener que resolver de manera muy inteligente. Actuaron frente a la negativa del padre con mucha emocionalidad de parte de la dictadura, se precipitaron y creo que esto los está afectando.
La liberación de los presos políticos generó una explosión de júbilo en Nicaragua, porque ahí está el liderazgo nacional de la oposición. Pero cuál es el desafío que representa para este liderazgo opositor, ¿se puede hacer oposición?, ¿se puede construir una alternativa democrática desde el exilio en un país bajo estado policial?
Teniendo a toda la oposición fuera de Nicaragua, obviamente esto tiene un aspecto positivo y muy desafiante. Están en mejores condiciones que cuando estaban presos, como para lograr lo que yo vengo proponiendo, que es la unidad monolítica de la oposición.
Esto le abre una oportunidad muy significativa al grueso de la oposición, a los principales liderazgos de la oposición, para entender de una vez por todas de que hay que unirse. El enemigo acá es uno solo, es Ortega-Murillo. No pueden las diferencias, por más importantes que sean, evitar armar un frente único, con una vocería única, con una plataforma única, con un programa único, que sea la oposición unida y la interlocución ante la comunidad internacional, ante los organismos internacionales, ante América Latina y claramente, ante el régimen dictatorial. Urge urge lograr esa unidad, de lo contrario lamentablemente los avances van a ser muy pocos. Las democracias se recuperan desde adentro. La comunidad internacional y todo lo que se haga de fuera es muy importante, pero ahí no se define la pelea. Hay que verlo como un proceso y creo que acá el primer desafío y el primer paso es lograr una unidad y articulación de toda la oposición.
El silencio de Lula y el de algunos países de Centroamérica, como El Salvador, Honduras, Panamá, que no suscribieron ni siquiera una declaración de la Organización de Estados Americanos, donde 17 países condenaron esta declaración de “apátridas” de Ortega, y además demandaron la liberación de todos los presos políticos. ¿Qué hace falta para que todos los países de América Latina verdaderamente hagan también un frente común para aislar a la dictadura de Ortega?
La primera reacción de condena de parte del presidente (Gabriel) Boric de Chile, fue muy bien recibida, pero en ese momento fue prácticamente en soledad. Hay que aplaudir el gesto humanitario ejemplar del Gobierno de España de ofrecer inmediatamente la nacionalidad no solamente a los 222 liberados, sino también a los 94 que quedaron privados de manera ilegítima e ilegal de su nacionalidad. Me gustó mucho la declaración del presidente (Gustavo) Petro de Colombia, que fue muy contundente. Claramente muy tibios los pronunciamientos de Argentina y de México. Hay que rescatar que en ambos casos, ofrecieron el tema de la nacionalidad.
Pero, la reciente declaración adoptada esta semana en el ámbito del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos nos muestra el grado de deterioro que ha sufrido el consenso democrático que habíamos logrado articular en la región a inicios del año 2000. La división y la fragmentación que hay a nivel latinoamericano, la falta de compromiso. Es tan solo una declaración, ni siquiera es una resolución, y sólo recibió el respaldo de 17 países. O sea, la mitad de los miembros del Consejo Permanente.
Ahí ha habido ausencias muy importantes de Centroamérica, como la de El Salvador, pero es entendible, porque Bukele está construyendo gradualmente su propio régimen autoritario. El Gobierno de Xiomara Castro en Honduras sigue jugando con una política exterior muy complicada en términos de defensa de la democracia. Está el caso de Panamá que para mí es una sorpresa, porque Panamá forma junto con Costa Rica y República Dominicana la Alianza para la Democracia y el Desarrollo, por lo tanto no termino de entender el silencio de Panamá. También está el silencio de Brasil.
Estoy optimista que en los próximos días, Brasil se va a terminar pronunciando respecto de este tema, porque así como el presidente Lula está invirtiendo una gran cantidad de tiempo proponiendo un plan de paz para resolver en la grave crisis de la guerra en Ucrania, debería también dedicarle, por su liderazgo, por la amenaza fuerte que tuvo el pasado 8 de enero dentro del propio Brasil (la democracia), una atención muy especial. Acá no estamos hablando de ideología, de defender la derecha o los gobiernos de izquierda. Esto que están haciendo, el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo no tiene prácticamente antecedentes en la historia moderna de la región. Este es un acto de barbarie, es ir construyendo una Corea del Norte en la región. No hay límites para esta dictadura.
Ortega está actuando con impunidad y no solo él y su esposa, sino el círculo de los 300 a 400 altos funcionarios, los generales de la policía, los ministros, los diputados, los cuadros operativos, los que están involucrados directamente en la represión. Es un aparato represivo que es además corresponsable de actos de corrupción y están actuando con impunidad. No hay ningún límite, no hay ley nacional, no hay tampoco ley internacional que le puede hacer un contrapeso y lo que queda de ese espacio político de reacción está dividido, es débil y por el otro lado, pues el mundo está enfocado en la crisis de Ucrania
No me voy a cansar de decir, es inédito el nivel de opresión, el nivel de control sin límites internos, que ejerce la dictadura de Ortega y Murillo, es realmente inédito. Está gozando no solamente de mucha impunidad dentro de Nicaragua, sino fuera de Nicaragua. América Latina debería tomar nota y poner a Nicaragua como tema prioritario. Uno de los problemas es que el contexto global no ayuda. Ucrania está tomando toda la atención. Por otro lado, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia y las tensiones crecientes de Estados Unidos con China claramente eclipsan este tema. La sucesión de crisis que se van dando en América Latina hace muy difícil colocar y mantener el tema de la crisis de Nicaragua con foco prioritario. Es un tema que entra, está unos días, e inmediatamente después sale. El desafío, y por eso vuelvo a decir que hay una responsabilidad muy grande de parte de la oposición, en buscar esta unidad y ejercer un plan que lleve al ámbito internacional a seguir manteniendo el foco de presión en Nicaragua. Y a lo interno, gradualmente articulando alianzas para ir buscando un proceso que lleve al fin de esta dictadura.
Esto no se resuelve únicamente poniéndole presión a Ortega y a Murillo. Hay que aplicar las mismas políticas duras que se aplican en el combate contra el terrorismo y el narcotráfico. Las familias, todos tienen que ser conscientes de que tienen que ayudar a buscar una salida o van a tener que pagar un precio muy alto. Tarde o temprano ese precio lo va a tener que pagar, pero también todos los que sirven de respaldo a la dictadura; los testaferros, los que están en los ministerios. El Ejército es fundamental. Esto es un típico caso donde el Ejército mantiene una dictadura, no dando un golpe de Estado, sino ayudando a conservar y a reprimir para que se conserve la dictadura.
Los Fondos de Pensiones y sus recursos en los bancos que tiene el Ejército fuera de Nicaragua, hay que buscarlos. Hay que diseñar una estrategia de identificar quiénes son, perseguirlos, y hacerles entender que seguir apoyando a la dictadura, va a tener un precio que pagar tarde o temprano. De lo contrario, va a ser muy difícil desmontar esta situación. Esto incluye la posición de los gobiernos de América Latina de Europa, Estados Unidos, Canadá, frente a instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y particularmente el Banco Centroamericano de Integración Económica. que sigue financiando los proyectos del régimen.
El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, aceptó participar este 16 de marzo, en un debate con Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, y Ryan Berg, de CSIS, sobre el rol del BCIE. ¿Significa esto una posible apertura para revisar, el papel del banco?
Esto demuestra que la presión tarde o temprano comienza a tener efecto, cuando se comienza a identificar a todos los responsables directos o corresponsables que terminan ayudando a la dictadura. El BCIE hasta hace poco nos ignoraba por completo. Después del artículo que escribió Ryan Berg, después de las posiciones de Manuel Orozco, después de lo que yo he venido escribiendo, finalmente reaccionó diciendo que aceptaba el debate. Si tú revisas la cuenta de Twitter de Dante Mossi y revisan los últimos dos o tres días, que fue cuando todo esto explotó, Mossi dice que el BCIE es un banco que tiene 15 países donantes, que es un banco cuyos dueños son los gobernadores. Los gobernadores designan a los directores y son los directores los que designan al presidente, o sea él. Segundo, dice que todos los préstamos que da el banco son aprobados por el Directorio, por lo tanto ya está antes del debate transfiriendo la responsabilidad, diciendo, ‘no me culpen a mí’, porque le terminamos diciendo “banquero de los dictadores”, culpen al directorio, que es el que viene aprobando cada uno de estos préstamos.
Junto al informe que hizo Urnas Abiertas sobre la falta de transparencia de muchos de estos préstamos, otro de sus tuit de estos últimos días señala que ‘todos los préstamos tienen auditorías internas y externas. Todo esto está disponible en la página web’. Está abriendo el paraguas. Esto es precisamente parte de lo que tenemos que hacer, no más impunidad, ni a los dictadores, ni a los que apoyan a los dictadores.
Es fundamental romper la línea de impunidad que protege a estas dictaduras, hacerlos conscientes de que tienen que pagar y van a pagar un precio muy alto, no solamente los Ortega y Murillo, sino su familias, sus socios, sus testaferros, su financistas, sus ministros y también hay que incluir aquí de manera muy importante,a las fuerzas armadas.
Las fuerzas armadas tienen que ser conscientes de la responsabilidad que tienen y de los perjuicios que pueden llegar a tener en lo financieros y en los perjuicios para la propia institución. Acá hay un tema central vinculado y me pareció muy bien lo expresado por el presidente Gustavo Petro al Fiscal de la Corte Penal Internacional, porque acá hay crímenes que van a cumplir ahora en abril cinco años, más de 325 crímenes respecto de los cuales también hay absoluta impunidad.
Estos crímenes de lesa humanidad, como bien se ha señalado para los casos de Ucrania, pero también se tiene que señalar para el caso de Nicaragua, no pueden quedar impunes. Hay que subir el nivel de presión al núcleo duro y que apoya a los dictadores y, perdón, que insista tanto con este tema, la importancia prioritaria, urgente y estratégica de la oposición, que ahora está afuera, que está libre, de unirse rápidamente y establecer una hoja de ruta estratégica para ponerle toda la presión al régimen.
