23 de febrero 2023
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El Gobierno de Colombia repudió este jueves "los dictatoriales procederes" del Gobierno de Daniel Ortega, que retiró la nacionalidad a 317 personas y mantiene aún a 35 presos políticos, y pidió a la Corte Penal Internacional "tomar cartas en tan alarmante asunto".
"Colombia, que en las últimas décadas ha luchado sin desmayo por alcanzar la paz, mucho más ahora que se propone ser potencia mundial de la vida, rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza que el sandinismo logró superar", lamentó la Cancillería del Gobierno de Gustavo Petro en un comunicado.
En el documento expresan su "repulsión" a "las medidas tomadas de manera arbitraria" por el presidente Ortega contra personas "cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales"
"El autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república ha infringido normas ius cogens. Aquellas de las cuales se ha definido que son imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia. Precisamente aquellas de cuyas violaciones debe conocer la Corte Penal Internacional", agregó la Cancillería.
Llaman al mundo entero a reaccionar
"Tras haber exiliado de manera sorpresiva e inhumana a conciudadanos suyos, algunos reconocidos por sus luchas por la comunidad internacional, todo ello haciendo uso de vulgares medidas de policía, queda en la sagrada tierra nica quien logró señalar que afuera nunca", expresó el Gobierno colombiano en referencia al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quién fue condenado a 26 años de cárcel un día después de negarse a ser desterrado de Nicaragua.
"Colombia llama al mundo entero a que reaccione", insisten. Por ello demandan a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, que solicite "autorización para visitar a los que siguen detenidos".
Sobre los reos de conciencia mencionan que "víctimas son" y "el derecho internacional humanitario los cobija".
El Gobierno de Petro indicó que "busca entrar en contacto con quienes habiendo sido abusados por el poder intolerante de Nicaragua, quisieran acceder a la nacionalidad colombiana", como ya ocurrió con el escritor Sergio Ramírez esta semana en Madrid.
