18 de febrero 2023
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La Procuraduría General de la República ejecutó este viernes 17 de febrero la confiscación de 16 apartamentos ubicados en el complejo habitacional “Amazonia”, mientras en horas de la noche la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) de la Policía allanó la vivienda de Sofía Montenegro y Azáhalea Solís, ubicada en el mismo residencial en Reparto San Juan.
La periodista Montenegro y la abogada Solís son integrantes del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y no se encontraban en su hogar a la hora del asalto, por lo que permanecen en libertad, indicaron testigos del allanamiento.
Ambas forman parte de los 94 ciudadanos fueron despojados de su nacionalidad el miércoles pasado, cuando los tribunales del régimen ordenaron la confiscación de sus bienes y las declararon “traidoras a la patria”.
Entre este grupo de 94 ciudadanos, a quienes quitaron la nacionalidad, se encuentran el premio Cervantes Sergio Ramírez, la escritora Gioconda Belli, el obispo Auxiliar de Managua Silvio José Báez, la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, el director de CONFIDENCIAL, Carlos Fernando Chamorro y su esposa Desirée Elizondo, y decenas de ciudadanos.
Montenegro y Solís viven en el apartamento número 2 del complejo habitacional “Amazonia” en Reparto San Juan en Managua. Según los vecinos del residencial, el operativo involucró la movilización de dos camionetas, tres motos y unos 12 oficiales, algunos de ellos pertenecen a la DOEP y otros a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
Las tropas allanaron la propiedad, entre las 5:30 y las 9:00 p. m., sin que se conozca todavía los detalles de lo decomisado. Al final de la jornada, sin ofrecer ninguna información, se retiraron del lugar, dejando a dos policías en las afueras del sitio.
“Amazonia” está formado por 16 apartamentos que fueron construidos a inicios de los años 80 por una empresa asociada al entonces Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA). Sus dueños tienen títulos individuales de sus propiedades desde 1990, que se encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad, por lo que se desconoce el motivo de la confiscación que está prohibida por la Constitución.
El complejo habitacional se encuentra sometido a vigilancia policial “intermitente” desde 2019, a medida que el régimen fue escalando la represión contra todos aquellos que consideraba “objetivos políticos”, entre ellos Montenegro y Solís.
Montenegro fue directora del Centro de Investigaciones para la Comunicación, cuya personería jurídica fue cancelada por la Asamblea Nacional el 12 de diciembre de 2018. Solís fue integrante de la Alianza Cívica y participó en las negociaciones del diálogo nacional tras la crisis de 2018 y 2019, que fracasó porque Ortega nunca cumplió el compromiso que suscribió el canciller Denis Moncada de suspender el estado policial.
Fuentes del vecindario informaron que policías vestidos de civil acentuaron la vigilancia sobre Montenegro y Solís en “Amazonia” el jueves 16 de febrero, un día después de la resolución judicial contra los 94.
Vieron el carro de Montenegro aparcado, creyeron que continuaba en el sitio, y se mantuvieron a la expectativa de cualquier movimiento, pero nunca se dio. Cuando llegaron posteriormente y comprobaron que ya no estaban en el lugar, se llevaron al vigilante para “interrogarlo”.
Hasta el cierre de la edición, se desconocía qué había pasado con el guarda de seguridad, a quien las fuentes consultadas por CONFIDENCIAL identificaron solo con el nombre de “Agustín”.
El despojo de los apartamentos
Los propietarios de los 16 apartamentos de “Amazonia” fueron citados este jueves a una entrevista en la Procuraduría General de la República (PGR), para notificarles el sorpresivo despojo sorpresivo de sus propiedades a manos del Estado.
Una funcionaria de la PGR les informó verbalmente a los propietarios que las casas —que les han pertenecido por más de 30 años— ahora son del Estado, a pesar que no existe ningún proceso o reclamo anterior que justifique la apropiación de los inmuebles.
Las opciones que la PGR le dio a los habitantes de “Amazonia” fueron pagar un arriendo mensual de 500 dólares para seguir en sus viviendas, o desalojar los apartamentos.
Los primeros propietarios de los 16 apartamentos de “Amazonia” adquirieron las viviendas al amparo de las leyes 85 y 86, aprobadas entre febrero y marzo de 1990, por el primer Gobierno sandinista, presidido por Daniel Ortega. Posteriormente, se sometieron a las revisiones de las leyes de la propiedad de cuatro Gobiernos, incluyendo el segundo de Ortega en los que recibieron sus títulos de propiedad y los inscribieron en el registro. Otros propietarios compraron a los primeros dueños y realizaron costosas inversiones en las viviendas. Y un tercer grupo de usuarios alquilan las viviendas a sus propietarios.
“La Procuraduría comunicó todo de manera verbal. Es horrible que le quiten a la gente lo suyo y le propongan un arriendo”, dijo una de las fuentes.
Para esta persona, se trató de un golpe planificado. Una investigación realizada por una abogada les confirmó a los propietarios que el asiento—en que aparecían como dueños— fue borrado desde 2022.
Entre los propietarios de “Amazonia” hay también personas vinculadas al régimen orteguista, como Juan José Úbeda, funcionario de Iniser y exmiembro de la Seguridad del Estado del extinto Ministerio del Interior; el ingeniero Ernesto Martínez Tíffer, presidente de Enel; y familiares de los hermanos Coronel Kautz. Sin embargo, se desconoce si también han sido despojados de sus propiedades.
“Todos andan afligidos, me refiero de manera general. De los sandinistas no se sabe nada”, lamentó un vecino del residencial.
