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Condena, cautela y complicidad con Ortega

Llaman la atención las reacciones del Gobierno estadounidense, el papa Francisco y el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua

Eduardo Ulibarri

18 de febrero 2023

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La reacción generalizada en el mundo democrático ante la liberación de 222 presos políticos nicaragüenses ha sido de regocijo por ellos y condena a la dictadura que primero los encarceló sin causa y luego los convirtió en desterrados y apátridas. Mayor ha sido el rechazo a la condena de 26 años al obispo Rolando Álvarez.

Pero he notado tres excepciones: del Gobierno estadounidense, el papa Francisco y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de Nicaragua. La primera genera incógnitas; la segunda, amarga sorpresa; la tercera, vergüenza.

Al dar la bienvenida al grupo en su territorio, el Departamento de Estado destacó el hecho como producto de su “concertada” diplomacia. Sin mencionar destierro o privación de nacionalidad, lo calificó como un “paso constructivo” para “abordar los abusos a los derechos humanos” y “abrir la puerta a nuevos diálogos” con el régimen de Ortega. Al día siguiente, reveló una llamada del secretario Antony Blinken a su colega nicaragüense, en la que “discutieron” sobre la “importancia de diálogo constructivo” entre ambos Gobiernos. ¿Señal de deshielo? ¿Podría conducir a una real apertura democrática, o a su simple apariencia, para dar aire al dictador y legitimar mayor coordinación sobre narcotráfico y migrantes?

El papa Francisco dijo sentirse “entristecido” por “las noticias que llegan de Nicaragua”. Recordó, apenas “con preocupación”, a monseñor Álvarez, “condenado a 26 años de cárcel”, y “a las personas que han sido deportadas”. La clave de tan extrema prudencia quizá esté en su referencia a la búsqueda del “ejercicio paciente del diálogo”.


El Cosep llegó al extremo. En un comunicado “agradeció” al Gobierno por la “decisión unilateral de liberar a 222 presos”, y la llamó “un paso grande para iniciar la unidad de la familia nicaragüense”. Es decir, la dictadura merece gratitud por su gracia, la condición de prisioneros políticos no importa; la justicia, la democracia y el despojo de la nacionalidad, tampoco. Aquí no hay nada que especular: los grandes empresarios decidieron decir algo, pero lo hicieron con la doblez necesaria para no arriesgar su fin supremo: hacer negocios.

Respuesta inmediata de Ortega: despojar de su nacionalidad y propiedades a 94 nicaragüenses más. ¿Dónde están su búsqueda de unidad y de “nuevos” o “pacientes” diálogos?


*Publicado originalmente en La Nación de Costa Rica.


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Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Periodista, académico, diplomático y consultor costarricense, especializado en análisis sociopolítico, libertad de expresión y estrategias de comunicación. Fue director del diario La Nación de 1982 a 2003.

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