17 de febrero 2023
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La permanencia de 35 presos políticos en las cárceles de Nicaragua, tras el destierro de otros 222 a Estados Unidos por parte del régimen orteguista, envía una señal a sus bases partidarias, que las capturas no se detendrán y que esos nuevos reos de conciencia podrían ser utilizados como “rehenes” políticos, considera la abogada y defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez.
Es “un mensaje de temor, un mensaje para sus correligionarios de que, aunque hayan liberado 222, van a continuar encarcelando y habrán personas a las cuales ellos no van a querer en algún momento liberarlas”, sostiene la abogada en una entrevista en el programa Esta Noche, transmitido a través de YouTube para vencer la censura televisiva.
La madrugada del 9 de febrero de 2023 el régimen de Ortega “deportó” a 222 reos políticos. Los desterró y despojó de su nacionalidad mediante resoluciones judiciales ilegales y en complicidad con el Poder Judicial y Legislativo. La movida política es calificada por defensores de derechos humanos como un nuevo crimen de lesa humanidad contra los reos de conciencia.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, denunció que no todos los reos de conciencia fueron excarcelados. Entre los 35 ciudadanos que están en prisión en Nicaragua, se encuentra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado de forma exprés a 26 años y cuatro meses de cárcel, tras negarse a ser desterrado y ahora, recluido a una celda de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, Tipitapa.
Los sacerdotes Leonardo Urbina y Manuel García también están detenidos, así como varios jóvenes que se involucraron en la Rebelión Cívica de 2018 y otra decena de reos que fueron encarcelados antes de 2018 por causas políticas. Sus familiares demandaron este martes apoyo a la comunidad internacional para lograr su liberación.
Martínez explica que, con esta última excarcelación, ocurrió lo mismo que en 2019, cuando el régimen de Ortega liberó a más de 300 reos de conciencia mediante una Ley de Amnistía, fabricada a su medida. No todos los que estaban en las listas oficiales fueron beneficiados y decenas se quedaron en prisión. Este remanente fue el inicio de una nueva lista de reos de conciencia, que a partir de la aprobación de leyes punitivas, fueron procesados como supuestos “traidores a la patria”.
La abogada lamenta que el grupo que se queda “tiende” a sufrir represalias aún más fuertes de las que venían siendo víctimas.
Desterraron a ciudadanos sin ser condenados
En un simulacro para legalizar el destierro y despojo de nacionalidad de 222 reos de conciencia, la Asamblea Nacional aprobó el jueves 9 de febrero la Ley 1145, Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense y que establece que las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley 1055 o Ley de Soberanía- creada a finales de 2020 junto a un combo de leyes punitivas- "perderán la nacionalidad nicaragüense".
Pero en el bolsón de reos de conciencia excarcelados, la dictadura orteguista no siguió ni sus propias reglas. Incluyó a ciudadanos juzgados por delitos comunes o que aún no habían sido sentenciados, como es el caso del sandinista histórico Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como el Chino Enoc y declarado culpable de los delitos de transporte ilegal de drogas, fabricación, tráfico y tenencia ilegal de armas restringidas y los exfuncionarios públicos, María José Camacho Chévez, Hans Camacho Chévez y Roberto Emiliano Larios Meléndez, y Humberto Alejandro Pérez Largaespada, exalcalde sandinista de Jalapa.
Según Martínez, estas personas “tuvieron una participación dentro de la problemática de 2018 y que en su momento, fueron cómplices (de la dictadura)”.
“Ellos no respetan las leyes que ellos mismos han aprobado, y la prueba está de que no se cumplía con los requisitos. Mirándolo desde el punto de vista legal, si ellos han aprobado la Ley 1145, que te dice cuál es el procedimiento de la pérdida de la nacionalidad, y te dice que debés de ser sentenciado con la 1055, Ley de Soberanía, muchos de los 222 no cumplían con esos requisitos”, subraya.
En su discurso del jueves 9 de febrero, Ortega, justificó que algunos de los presos políticos continúan en prisión porque fueron juzgados por delitos comunes.
Estados Unidos se negó a recibir cuatro presos políticos
El dictador Ortega aseguró que la lista original de excarcelados incluía 228 presos políticos, pero supuestamente Estados Unidos no aceptó a cuatro reos de conciencia, entre ellos, Jaime Enrique Navarrete Blandón, liberado a través de la Ley de Amnistía y recapturado en 2019.
La abogada señala que Navarrete cumplió la condena de tres años años y seis meses de cárcel impuesta por delitos comunes en su segunda causa judicial, además del pago de una multa.
El hombre de 39 años tendría que estar libre; sin embargo, el judicial —en un acto procesal cuestionado— unificó la pena que había sido perdonada en 2018, de 22 años de prisión.
Martínez indica que Navarrete se dedicaba a un emprendimiento en 2019, cuando fue recapturado y torturado. El ciudadano se involucró activamente en las protestas de 2018 en su comunidad y no cometió ningún delito. La Policía lo asedió en múltiples ocasiones tras recibir visitas de otros excarcelados.
Un familiar de Navarrete dijo bajo anonimato que el preso político tiene dos lesiones en su tabique nasal, sufre de dolor de cabeza y presión alta. Le preocupa que tras el secuestro de su tío, Rodrigo Navarrete, el único familiar que tenía en Nicaragua, el penal haya negado el ingreso a otras personas que se ofrecieron a asistir su alimentación.
Los otros reos que EE. UU no admitió, según Ortega, son Eliseo de Jesús Castro Baltodano, Warner Antonio Ruiz Rivera y José Manuel Urbina Lara. Los familiares están a la espera de las visitas para conocer cuál es la situación real de estos últimos 35 presos políticos.
Para Martínez, es necesario mantener la demanda de libertad y seguir documentando las violaciones a sus derechos humanos.
