17 de febrero 2023
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La arbitraria privación de la nacionalidad nicaragüense, dictada por la dictadura Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra más de 300 personas críticas con su régimen “viola las leyes internacionales”, advirtió este viernes la Agencia de la ONU contra los Refugiados (ACNUR).
“Pedimos a Nicaragua que respete sus obligaciones internacionales, garantice el derecho a la nacionalidad y tome medidas para evitar que haya personas apátridas”, afirmó ACNUR.
La agencia de la ONU recordó que el derecho internacional prohíbe la privación arbitraria de nacionalidad sobre bases políticas, religiosas, raciales o étnicas.
“El ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y otros asociados a las opiniones políticas no puede justificar jamás la retirada de la nacionalidad”, destacó la agencia que dirige el alto comisionado Filippo Grandi.
En los últimos ocho días, 316 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien se encuentra en el exilio; la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez; los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. El listado incluye al director de CONFIDENCIAL, Carlos Fernando Chamorro, y su esposa Desirée Elizondo.
Estos nicaragüenses declarados apátridas también incluye a nueve periodistas activos, activistas, presos políticos, defensores de derechos humanos, empresarios y personas afines al régimen de Ortega que también fueron consideradas “traidores a la patria”.
El primer grupo al que el régimen anuló su nacionalidad fue de 222 presos políticos que permanecían detenidos en los penales desde hace varios años y fueron desterrados del país el pasado 09 de febrero. El segundo grupo fue de 94 nicaragüenses que en su mayoría se encuentran en el exilio. A estos se les declaró “prófugos de justicia”.
Nos preocupa seriamente la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense a más de 300 personas.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
Lee el comunicado➡️ https://t.co/OaHO1vLh52 pic.twitter.com/424RsSlhjk
— ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados (@ACNURamericas) February 17, 2023
Despojo de derechos y bienes
A los 317 nicaragüenses que ahora son “apátridas” se les impuso penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente.
También se ordenó “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades, que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades”.
Abogados consultados por CONFIDENCIAL señalan que esta decisión “es una aberración total al Estado de derecho de Nicaragua”. “A nadie se le puede despojar de sus derechos, sin que antes se dé un proceso legal en que todas las partes intervengan y expongan sus fundamentos”, dijo un jurista que pidió no ser identificado.
La resolución donde arrebataron la nacionalidad del último grupo de connacionales fue leída por el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, Ernesto Rodríguez Mejía.
Los magistrados de apelaciones de Managua explicaron que tomaron esa decisión con base en la cuestionada “Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense”, que fue aprobada el jueves pasado de forma expedita, así como la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020.
Las autoridades judiciales notificaron de esa sentencia al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Gobernación y al Consejo Supremo Electoral.
Condenas internacionales
La acción del régimen de Daniel Ortega ha provocado una ola de condenas internacionales de parte de Gobiernos y de organismos internacionales de derechos humanos. Los últimos mandatarios en pronunciarse al respecto fueron Gabriel Boric, en Chile, y Gustavo Petro, en Colombia, quienes han mostrado su rechazo y “preocupación”.
Un comunicado emitido por la Cancillería colombiana destacó que “estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”.
*Con información de EFE
