7 de febrero 2023
AA
Share
La economía nicaragüense enfrentará un año difícil en 2023, en gran parte debido a una persistente mala gestión política y económica, y a una economía mundial en la que se espera que continúe la inflación. El crecimiento proyectado es inferior al 2% para 2023.
Primero, tanto el consumo interno como la inversión siguen experimentando un bajo desempeño que, incluso con un pequeño crecimiento inferior al 5%, pero apoyado por las remesas familiares, no bastará para mejorar la producción. En segundo lugar, el porcentaje de gasto público y de inversión seguirá siendo bajo. Aunque el Gobierno pueda obtener préstamos en el extranjero, su índice deuda/gasto será inferior al de años anteriores porque su endeudamiento global ha aumentado. El continuo escrutinio internacional, sumado al creciente servicio de la deuda, dificulta que las instituciones financieras concedan préstamos por encima de los niveles de 2022. Esto incluso es un punto que el Fondo Monetario Internacional dejó muy claro. Su capacidad para recaudar más impuestos es limitada y el descenso del consumo de remesas también reducirá el consumo privado.
Tercero, el valor de las importaciones y la dependencia de estas seguirán apuntando a un crecimiento de las importaciones de al menos un 17% respecto a 2022 (en 2022 el valor de las importaciones aumentó un 22%). Aunque las exportaciones pueden experimentar un crecimiento similar al de 2022, su comportamiento no compensará los efectos de la inflación.
Finalmente, aunque es probable que continúe el flujo de remesas familiares, estas lo harán a un ritmo menor que en 2022, a no más del 10%, porque la migración no tendrá el impulso que mostró en los dos años anteriores y la cantidad promedio enviada se mantendrá por debajo de 7%.
Para conseguir que la prosperidad económica llegue a Nicaragua, se necesitan reformas económicas incluyentes. Estas implican una mayor seguridad jurídica para las empresas, la auditoría de los préstamos internacionales, un control más estricto de la corrupción y la cleptocracia, así como un cambio en el clima económico y de inversión mediante reformas políticas que favorezcan la gobernanza.
Proyecciones de crecimiento para 2023
Considerando las actuales tendencias de la economía mundial y la dinámica migratoria, el crecimiento económico no ofrece un escenario positivo para Nicaragua, ya que sus factores internacionales no aportarán suficientes recursos para aumentar la producción.
El siguiente cuadro muestra las proyecciones para 2023 basadas en diferentes tendencias y escenarios, en particular un crecimiento de las remesas del 10%, un aumento de la inversión pública y privada, así como cambios en otros indicadores externos como el endeudamiento externo y el turismo.
El principal impulsor de crecimiento para Nicaragua en 2022 fueron las remesas, que tuvieron un efecto sobre el consumo interno y la estabilidad macroeconómica en general. Los datos de las encuestas apuntan a un menor porcentaje de personas con intención de migrar en comparación con periodos anteriores (24%), es decir, 400 000 personas. Además, entre 2019 y 2022 una media del 25% de las personas con intención de emigrar efectivamente abandonó el país. Usando 30% y 50% como rango, saldrían de Nicaragua entre 122 000 y 200 000 personas, de las cuales aproximadamente la mitad enviaría dinero dentro del mismo año de su llegada, es decir, entre 6% y 9% de todos los remitentes como nuevos remesadores.
Con una disminución de los envíos de remesas, y sin un aumento significativo del comercio o del préstamo, la economía no soportará un crecimiento superior al 2%.
El FMI y la gobernanza en 2023
Dado el limitado crecimiento económico, las perspectivas de mejores oportunidades para los nicaragüenses son escasas. Es importante presionar al Gobierno para que adopte políticas económicas inclusivas.
La evaluación reciente del FMI evitó confrontar al Gobierno de Nicaragua por temor a que el enfoque penalizador pueda dar lugar a un mayor deterioro económico. El FMI felicita al Gobierno por su prudencia fiscal y monetaria, aunque atribuye el crecimiento a las fuerzas externas —las remesas—. Pero, también sostiene “la necesidad de afianzar el régimen de declaración de activos de los funcionarios públicos y de dar prioridad a los exámenes de personas expuestas políticamente para contribuir a los esfuerzos de lucha contra la corrupción. Recomendaron asimismo garantizar la protección de los denunciantes, el acceso equitativo e imparcial al sistema judicial y a recursos en los procesos jurídicos, a fin de respaldar los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos y la protección de las inversiones.” También reconoce que, a pesar de esa ‘sólida’ política económica, el financiamiento externo será menor. La evaluación es importante, pero lo que no dicen aunque lo saben, también es importante frente al entorno internacional.
El FMI subraya que durante la realización de las evaluaciones es importante "actuar con cautela en situaciones en las que las acciones políticas conducen a una actividad económica disfuncional". Esta recomendación es más que obligatoria para un país como Nicaragua, y diligentemente el FMI debería perseguir el patrón de captura del estado e identificar medidas para mitigarlo. El FMI debería considerar los cuatro factores clave de la gobernabilidad como métricas críticas que aseguran la estabilidad económica; particularmente en referencia a la independencia del Banco Central, la supervisión del sector financiero y la regulación del mercado y el Estado de derecho. (Review of 1997 guidance note on governance—a proposed framework for enhanced fund engagement. Imf policy paper, 2018)
Nicaragua es un país donde la democracia y la política económica han sido criminalizadas (extorsión, expulsión, sanciones fiscales), porque no existe la independencia de las instituciones del Estado y están capturadas por la familia Ortega-Murillo. Han optado por promulgar leyes que van en la dirección de proteger el statu quo y no el bien público, incluso cuadruplicando la parte del gasto público destinada a la Policía.
El Gobierno se ha alejado de sus propios planes de desarrollo nacional, ha disminuido las inversiones en educación y capital humano. Consideremos los efectos de la migración por expulsión cuando el quince por ciento de los migrantes que salieron de Nicaragua entre 2021 y 2022 son personas con educación universitaria, en un país donde menos del 20% de su fuerza laboral tiene educación universitaria. (Inter-American Dialogue Survey of migrants, 2022)
Es importante que la comunidad internacional plantee que los organismos financieros internacionales, y el FMI, utilicen su debida supervisión en materia de gobernanza con respecto a Nicaragua. Sus políticas y recomendaciones pueden contribuir eficazmente a aumentar la estabilidad económica y la igualdad en el país y reducir la cleptocracia y la corrupción.
La política económica del Gobierno no es sostenible para un mayor crecimiento, solo para un bajo mantenimiento apoyado por las remesas, los préstamos externos y la extorsión fiscal. No es probable que las remesas exhiban el crecimiento actual porque la migración ha alcanzado demográficamente un punto alto (casi el 20% de la población ha emigrado) y la gente ajustará sus ingresos a la subsistencia en el país de destino. (Nuestro trabajo identifica que cuando el tamaño de la población en el exterior excede al 17%, el crecimiento migratorio disminuye en 2%). Como Nicaragua sigue aumentando su relación deuda-ingresos, es probable que los préstamos se reduzcan.
Por lo tanto, la escasez aumentará, así como el incremento de la economía informal, que ya supera los dos millones de personas. Una mayor privación económica con menos empresas formales (muchas de las cuales quebraron) y exportaciones de bajo rendimiento (por debajo del 8% de crecimiento en 2022 operando a través de enclaves económicos), mantendrán una economía estancada.
Población activa e indicadores salariales
Hasta ahora, los nicaragüenses están viviendo con los ingresos del nivel de 2017, pero con la inflación y los costos más altos de 2022. La política económica del Gobierno, sostenida por una captura estatal, es insostenible. Es de interés de la comunidad internacional asesorar y poner en práctica las recomendaciones con el fin de adoptar medidas coherentes con sus principios de gobernabilidad.
