31 de enero 2023
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Nicaragua sigue cayendo en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) y se ubica como el país más corrupto de Centroamérica y el tercero de Latinoamérica, solo superado por Venezuela y Haití. Nicaragua obtuvo 19 puntos, que lo ubican en el puesto 167 de 180 países a nivel global, en este índice de la organización de Transparencia Internacional (TI). En el mismo, Venezuela obtuvo 14 y Haití 17.
En el informe anterior, de 2021, Nicaragua obtuvo 20 puntos en el ranking, situación que indica un repunte en la percepción de la corrupción en la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ya suman 16 años.
El informe destaca que en los países que obtuvieron los peores resultados, como Venezuela (14), Nicaragua (19), Honduras (23) y Guatemala (24), "las elites y el crimen organizado han cooptado a las instituciones estatales". De tal manera que no se están tomando medidas contundentes para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas.
Esta situación "facilita las actividades de la criminalidad organizada, debilita la democracia y los derechos humanos y amenaza el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También propicia la violencia, el daño ambiental y la migración a lo largo del hemisferio", señala el informe.
🔴 OUT NOW! The Corruption Perceptions Index 2022 shows that most of the world continues to fail to fight corruption: 95% of countries have made little to no progress since 2017. Check it out!
— Transparency International (@anticorruption) January 31, 2023
La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, señaló que "la omnipresencia de corrupción en las Américas alienta muchas otras de las crisis que atraviesa la región. Los gobiernos frágiles fallan en su labor de frenar a las redes criminales, el conflicto social y la violencia, y algunos exacerban las amenazas para los derechos humanos al concentrar el poder con el pretexto de responder a la inseguridad".
El IPC clasifica 180 países y territorios según las percepciones de corrupción en el sector público, en una escala de cero a 100, en la cual cero equivale a muy corrupto y 100 a muy baja corrupción. El promedio de las Américas se mantiene en 43, y casi dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50.
La corrupción en Nicaragua
En 2022, en Nicaragua, se reveló una cadena de corrupción en las ciudades de Rivas y Diriamba, principalmente vinculados a litigios y apropiaciones de valiosas propiedades, la cual sacudió a las estructuras intermedias del Frente Sandinista y generó la caída de una magistrada del Poder Judicial; la renuncia forzada de un alcalde y el suicidio de otro; el despido de un secretario político; y la remoción y encarcelamiento parcial de funcionarios y operadores políticos rojinegros.
El partido de Gobierno manejó estos casos sin transparencia, aplicando sanciones y remociones decididas desde la secretaría política del FSLN, a cargo del poderoso asesor de seguridad de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau.
Las instituciones que por ley deberían de ver estos asuntos, han guardado silencio o solamente han sido meros ejecutores de las órdenes devenidas desde El Carmen. La Policía Nacional no ha emitido una sola nota de prensa sobre estos incidentes, ni tampoco la Contraloría General de la República (CGR).
Una investigación de CONFIDENCIAL reveló que el tema es manejado directamente por la cúpula del orteguismo, y que solo ha trascendido que la “purga” es orquestada directamente por Moncada Lau, y está relacionada con la disputa de valiosas propiedades costeras en las zonas de Carazo y Rivas.
Otras versiones añaden que en medio del conflicto por las propiedades, también está una pugna interna entre Daniel Ortega y Rosario Murillo por el poder en el Frente Sandinista, una tercia que por el momento se ha inclinado a favor de la esposa del dictador.
El régimen de Ortega y Murillo también ha guardado silencio ante el encarcelamiento del comisionado general en retiro Adolfo Marenco Corea, exdirector de investigación e inteligencia de la Policía y exmiembro del círculo íntimo de Rosario Murillo y del asesor de seguridad Néstor Moncada Lau.
El subdirector de la Policía es el primer jefe de alto nivel que cae de su puesto y es apresado, casi 50 días después del anuncio de su salida de la subdirección. El arresto se ejecutó en la residencia de un familiar en Las Colinas, en Managua. Según un reporte de 100% Noticias –que también confirmó la detención– Adolfo Marenco fue capturado en la casa de su actual pareja, donde se encontraba bajo arresto domiciliario de facto.
Marenco se encontraba casa por cárcel, tras caer en desgracia supuestamente por denuncias de corrupción, y manejo de negocios privados no autorizados, de una facción de la cúpula del régimen.
En círculos policiales, hay dos versiones que explican la acción del régimen de encarcelarlo. Una es que fue para callarlo porque lo acusan de quererse fugar del país, con lo que el círculo de Ortega estaría dando una “especie de golpe preventivo”, aseguraron las fuentes.
La otra es que se negó a continuar trabajando para los Ortega-Murillo, lo que irritó aún más a la pareja presidencial. La orden de pasarlo a retiro fue firmada por el gobernante el 25 de noviembre de 2022, luego del nombramiento sorpresivo como subdirector del ahora comisionado general Zhukov Serrano Pérez. Se trata de un alto oficial graduado en Rusia, elogiado el año pasado por el dictador, mientras atacaba a la Iglesia católica.
Corrupción afecta a todos
En estos entornos con altos niveles de corrupción, afirma Transparencia Internacional, la violencia creciente y la vulneración de derechos sociales y económicos afectan "de manera desproporcionada a los grupos históricamente marginados, lo cual promueve movimientos migratorios masivos a otros países de la región".
La organización destaca que, a fin de reducir la violencia de pandillas, países como El Salvador y Honduras declararon estados de excepción, pero esto ha dado lugar a detenciones injustificadas e instancias de abuso de poder. En El Salvador "el régimen de emergencia también se ha usado para reprimir y silenciar voces críticas del gobierno y limitar incluso más el derecho de acceso a la información", destacan.
En la mayoría de estos países, la lucha contra la corrupción es liderada "casi exclusivamente" por organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente, con el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, "la cooptación de instituciones de justicia y la criminalización de los actores que denuncian hechos de corrupción han contribuido a que se cometan abusos contra periodistas, activistas, comunidades indígenas y fiscales", destalla el informe.
En Guatemala, las detenciones injustificadas del periodista José Rubén Zamora y las exfiscales Virginia Laparra y Samari Gómez representan casos emblemáticos.
En Venezuela," las actividades económicas ilegales representaron el 21 % de su PIB de 2021; los grupos delictivos ejercen un control exhaustivo sobre las operaciones de minería de oro, y emplean la extorsión y los pagos irregulares a comandantes militares para poder mantener sus actividades ilícitas", señala Transparencia Internacional.
De igual forma, en Honduras la extorsión de pequeños negocios y de la ciudadanía por parte pandillas criminales "es un problema grave que, no obstante, queda impune". Esta situación frena el desarrollo económico, agudiza la inseguridad y promueve el ingreso de flujos de dinero ilícito al sistema financiero. "Se estima que los hondureños realizan pagos extorsivos por USD 737 millones al año, lo cual representa el 16 % del PIB anual del país", subrayan.
