28 de enero 2023
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó el control de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) a mandos policiales y militares, para reforzar la vigilancia política en un área sensible como las terminales aeroportuarias de Nicaragua, valoran especialistas en temas de seguridad.
A través de dos acuerdos presidenciales, el 18 de enero de 2023, el régimen Ortega-Murillo nombró a policías y militares en puestos de mando en la EAAI. Estos son:
- El comisionado mayor Iván Escobar Ramírez, nuevo director general de la EAAI, quien antes era director de Investigaciones Económicas de la Policía y fue trasladado en “comisión de servicio externo”, según una nota de prensa posterior.
- El capitán del Ejército Marvin Noé Padilla Fonseca, nuevo subdirector a cargo de controlar las ganancias por las operaciones aeroportuarias del país, principalmente del Aeropuerto Internacional de Managua Augusto C. Sandino. Padilla es uno de los dos representantes del Ejército en la EAAI y estaba vinculado a su vicegerencia. El otro representante del Ejército es el jefe de la Fuerza Aérea de Nicaragua, cargo que actualmente ostenta el coronel Alejandro Marín Serrano, como parte del consejo consultivo de la EAAI.
“Bajo la excusa de la defensa de la soberanía, en realidad lo que persiguen es controlar un área sensible desde el punto de vista policial-militar; saber qué y quién ingresa, y qué y quién sale del país. Lo hacen subordinando las funciones civiles a las militares, para fortalecer su red de información. Quieren controlar las fronteras, aeropuerto, puertos, puestos fronterizos terrestres, todo”, explicó un experto en temas de seguridad pública, quien pidió anonimato.
Despiden a gerentes de la EAAI tras llegada de uniformados
El nombramiento de estos uniformados llevó a los despidos de Aleyda Molina Lacayo del cargo de gerente general de la EAAI y María Hassan Murillo, como co-gerente general de esta cartera.
Estos despidos se dieron luego de la derogación, en enero de 2023, de los cargos de co-gerencia que estas funcionarias ocupaban, creados por medio de una ley enviada con carácter de urgencia por Daniel Ortega y aprobada por la Asamblea Nacional controlada por el régimen y sus aliados colaboracionistas políticos, en junio de 2022.
Fuentes conocedoras de estas situaciones reportaron que al asumir la Policía el control de la EAAI, el comisionado general en retiro Horacio Rocha –recientemente reactivado por el régimen como asesor presidencial con rango de ministro en temas de seguridad nacional– se habría presentado a la Dirección de Aeronáutica Civil y ordenado el despido de su titular, el capitán Carlos Danilo Salazar Sánchez, quien estaría en su casa por un supuesto reposo.
El Ejecutivo informó, el lunes 30 de enero, que Salazar Sánchez renunció por motivos desconocidos a su cargo de director general del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, así como al de asesor de Ortega.
“Se acepta la renuncia del compañero Carlos Danilo Salazar Sánchez en los cargos de asesor del Presidente de la República para las actividades del sector de Aeronáutica Civil en el ámbito nacional e internacional y director general del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil”, según el acuerdo presidencial número 12-2023, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Salazar Sánchez ocupaba esos cargos desde el 23 de agosto de 2018, de acuerdo con la información.
En su lugar, el presidente Ortega nombró a Mario José Altamirano Díaz como nuevo director general de Aeronáutica Civil, aunque no lo designó como su asesor. Anteriormente Altamirano Díaz era director de Aeronavegación de Aeronáutica Civil de Nicaragua.
Fuentes policiales y especialistas en seguridad pública consultados por CONFIDENCIAL señalan que este movimiento del régimen recuerda al realizado en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), instancia que también pasó a ser manejada por mandos militares y policiales.
La UAF es dirigida por el mayor general Denis Membreño Rivas y el comisionado general Aldo Sáenz Ulloa, un esquema militar-policial, a viceversa de los nombramientos en la EAAI, que son policial-militar.
Nombramiento de policías y militares para comprar lealtades
Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad pública, recordó que este esquema de nombramientos de militares y policías en cargos civiles es fruto del proceso de cooptación de la independencia de la Policía y el Ejército desarrollado por Ortega, que inició con las reformas al Código Militar y la Ley de la Policía.
“Es una práctica que se ha vuelto común para Ortega durante los últimos años, incluso antes de 2018, como parte del proceso de cooptación y sostenimiento de las lealtades en las dos instituciones. Desde que se dieron las reformas al Código Militar y la Ley de la Policía, dejó unos artículos que le permiten hacer eso, y hemos visto como ahora nombran policías y militares en retiro o activos, en cargos que son de naturaleza civil”, explicó la especialista.
“El propósito es asegurar la lealtad de las dos instituciones, pero también mantener el control y la vigilancia política sobre instituciones que juegan un papel clave para el sistema de vigilancia y control en general que hay sobre la ciudadanía. El aeropuerto internacional es un objetivo clave. Hemos visto como el control sobre el tráfico internacional, ya sea de nicas o extranjeros, se ha convertido en un tema clave para el régimen. Estos nombramientos responden a esa lógica de control”, subrayó.
El régimen gradualmente ha intensificado sus controles migratorios, y esto se ha traducido en confiscación de pasaportes, bloqueo de salidas o entradas a Nicaragua, deportaciones abruptas de extranjeros e incluso, el destierro de nicaragüenses.
En 2022, más de una docena de connacionales fueron desterrados por el régimen. En todos estos casos se repitió el mismo patrón: salieron de Nicaragua, y cuando se disponían a regresar, la aerolínea les informaba que el Gobierno de Nicaragua no aprobaba su ingreso al país, por lo que no podía abordar.
El caso más reciente —que se hizo público— fue el del periodista Luis Felipe Palacios, delegado de la agencia de prensa Efe en Nicaragua, quien el 30 de noviembre de 2022 fue impedido de ingresar al país, luego que regresaba de un viaje de trabajo desde Panamá.
En noviembre de 2021, se denunció la existencia de una “lista roja” de personas de interés, conformadas por empresarios, activistas sociales, figuras políticas, miembros de la Iglesia Católica y funcionarios del mismo régimen, cuyas salidas de Nicaragua están bloqueadas por las autoridades de la dictadura.
CONFIDENCIAL recogió denuncias de trabajadores del Estado sobre una prohibición de facto impuesta por el régimen para salir de Nicaragua, que incluso ha escalado a altos funcionarios, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia y titulares de ministerios u otras carteras del Estado.
Hijo de Ortega y su consuegro en directiva de la EAAI
El orteguismo ya había dado pasos en reafirmar el control sobre la EAAI desde el 23 de febrero de 2022. Ese día, por medio de tres acuerdos presidenciales, Ortega nombró como miembros del Consejo Consultivo de la Junta Directiva de la EAAI a su hijo Laureano Ortega Murillo; el director de la Policía, el primer comisionado Francisco Díaz Madriz, consuegro del mandatario, y José Mojica Mejía, uno de los principales testaferros de la red de empresas privadas de los Ortega Murillo.
Los otros miembros del Consejo Consultivo de la EAAI son el director de Migración, comandante Juan Emilio Rivas, la exministra de salud Sonia Castro, la directora del Instituto de Turismo Anasha Campbell, el general de brigada Spiro Bassi Aguilar, jefe de la fuerza Aérea de Nicaragua, el director de Aduanas Eddy Medrano. También están dos representantes del Caribe (Arturo Hooker y Nadezdha Fenly Mejía) y Tomás Valdez Rodríguez en representación del “sector privado”.
La EAAI atraviesa una severa crisis financiera desde 2020, derivada de las restricciones impuestas por el régimen bajo el argumento de la pandemia de Covid19, como las barreras a las aerolíneas, entre las cuales estaba la obligatoriedad de conocer la composición de las tripulaciones con tres días de anticipación, y exigir que presentaran certificados de vacunación, medida que siempre resultó incomprensible a las empresas del sector turístico, dado que en Nicaragua se promovía actividades masivas que llevaban altas posibilidades de contagio.
En junio de 2022, el Ministerio de Salud anunció la flexibilización de esos requisitos, pero se mantuvo la exigencia de conocer con antelación la lista de embarque, aparentemente, para ejercer el veto abusivo que las autoridades de Migración han implementado para impedir la entrada al país a nicaragüenses y extranjeros que consideran indeseables.
Fue hasta julio de 2022, que la EAAI finalmente logró tener un ligero superávit en sus finanzas, luego de dos años de presentar déficits, aunque todavía no logra recuperar el nivel de operaciones que tenía antes de la imposición del estado policial en 2018 y la crisis sanitaria en 2020.
*Este artículo fue actualizado el lunes 30 de enero con la información de la renuncia oficial del director general de Aeronáutica Civil, Carlos Danilo Salazar Sánchez.
