18 de enero 2023
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La justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmó este 26 de enero la condena contra los familiares del opositor Javier Álvarez Zamora, quienes fueron arbitrariamente detenidos el 13 de septiembre de 2022, después de un allanamiento policial en el que las autoridades intentaban capturar a Álvarez Zamora, y que habían sido condenados el pasado 18 de enero.
La esposa del opositor, Jeannine Horvilleur, de 63 años y su hija, Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43, ambas de nacionalidades nicaragüense y francesa, fueron condenadas a ocho años de cárcel por la supuesta comisión de los delitos de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" y "propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación".
En esa misma línea, Félix Roiz Sotomayor, yerno del opositor y esposo de Ana Carolina, fue condenado a diez años de cárcel por los mismos delitos, de los cuales el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense aparecen como "víctima u ofendido".
El juicio en contra de los tres familiares de Álvarez fue realizado el pasado 18 de enero, cuatro meses después de que estos fueron encerrados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote. La sentencia fue confirmada este 26 de enero.
Familiares aterrorizados
El arresto de familiares de presos políticos es "un nuevo patrón" de represión que los defensores de derechos humanos vienen identificando desde finales de 2022, el cual está generando "temor" entre los afectados y forzándolos a "callar" ante los abusos por parte del régimen orteguista.
"En ese momento hay un temor entre los familiares de los presos y presas políticas de poder hablar", advirtió Juan Carlos Arce, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca+. "Las voces de las víctimas han sido fundamentales para poder demandar, para poder incidir ante los sistemas de protección, y en este momento el régimen de Ortega, como nunca, está persiguiendo a las víctimas y no solamente a sus blancos sino también a sus familiares", continuó.
A juicio de Arce en este momento en Nicaragua se está dando una "represión sostenida contra núcleos familiares", la cual hace efectiva la receta del régimen de "cárcel o exilio" para las voces que considera opositoras. "Es una manera de mandar un mensaje a la población, y a la sociedad nicaragüense, de que el régimen es implacable en la represión, en la persecución de cualquiera que considere enemigo", explicó.
El defensor advirtió también que esta persecución a familiares de presos políticos está afectando principalmente a quienes han acudido al sistema interamericano. Señaló que solo en el Colectivo han tramitado más de cincuenta medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y "estamos viendo que cuando el Estado se entera de la tramitación de medidas cautelares, contrario a pensar que los ataques cesan, lo que está haciendo es incrementando el asedio".
El caso de Rodrigo Navarrete
Otro caso que ilustra perfectamente la persecución a los familiares de los presos políticos es el arresto de Rodrigo Navarrete, tío del preso político Jaime Navarrete, quien fue capturado el 25 de noviembre en el barrio Loma Linda, al suroeste de Managua. Después de cuatro años de demandar la liberación de su sobrino ahora está siendo señalado de cometer el presunto delito de “portación o tenencia ilegal de armas de fuego y municiones”.
"Don Rodrigo era el único familiar del preso político Jaime Navarrete que lo visitaba en la cárcel", apuntó el defensor de derechos humanos. Su arresto, por parte del régimen, "es una acción de castigo que está dirigida a don Rodrigo y a su sobrino (Jaime) que es preso político", subrayó.
Finalmente Arce recordó que hay detenciones de personas ligadas al Frente Sandinista en las que las familias tampoco han dicho nada. "Aquí claramente hay un objetivo de acallar las voces de las víctimas, de paralizarlas, de que no hablen con nadie", concluyó.
*Nota del editor: Este artículo se publicó el 18 de enero de 2023, y fue actualizada el 26 de enero, con la confirmación de la condena contra los presos políticos.
