14 de enero 2023
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Zoila Cáceres, vecina del barrio Batahola Norte (Managua), comenzó a trabajar en 2010 en una empresa de zona franca y siguió haciéndolo a lo largo de doce años, hasta que la gran cantidad de pelusa de la tela que se le acumuló en los pulmones la enfermó a tal grado que tuvo que buscar atención médica para tratar de recuperar su salud.
Una semana después que un médico le aprobó su segundo subsidio, fue despedida de la fábrica en donde había laborado los últimos tres años. “Así ocurre en esas zonas francas: mientras no fallás ni un día sos buena trabajadora, pero si faltás por enfermedad, ya no servís para ellos”, reflexiona.
Entre los trabajadores de empresas adscritas al régimen de zona franca hay una colección de historias que tienen como común denominador: una actitud patronal de “quejate donde querás”, y “vos ya sabías a lo que te atenías al entrar a trabajar en una empresa de zona franca”, lo que se explica por la ausencia de sindicatos independientes, o un Ministerio del Trabajo (Mitrab) que sirvan de contrapeso.
“Los sindicatos autorizados por el Mitrab, afines al Gobierno, no están atendiendo las demandas de los trabajadores”, afirma el defensor de derechos humanos Carlos Guadamuz, integrante del Colectivo Nicaragua Nunca Más, quien ha colaborado en la preparación de varios informes sobre derechos laborales y seguridad social en Nicaragua.
Un antiguo asesor sindical agrega: “Lo que está de por medio es la corrupción de algunos dirigentes sindicales, que se pliegan a la búsqueda de dinero y prebendas a costa de los trabajadores, a los que traicionan”. El especialista, que habló con CONFIDENCIAL bajo condición de anonimato, sostiene que el sindicalismo en Nicaragua “carece de independencia política e ideológica”.
Personas “prescindibles”: “Somos repuestas, relevadas o despedidas”
Las empresas que operan en régimen de zona franca constituyen una de las mayores fuentes de empleo en el país, y son el origen de múltiples quejas por parte de los trabajadores, que denuncian la violación a sus derechos laborales, y la situación de práctica indefensión en que operan por cuanto ni sus sindicatos – donde los haya– tienen capacidad para enfrentar a los empleadores, ni el Mitrab muestra interés en apoyarlos.
La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), representó un impulso notable a las exportaciones nicaragüenses de productos elaborados en empresas que operan en régimen de zona franca, lo que requirió de la contratación de mucha mano de obra.
El hecho que la demanda sea mayor que la oferta, representa una gran ventaja para los patronos, que pueden, sin mayor dificultad, prescindir de cualquier empleado que consideren molesto, enfermizo, o insuficientemente productivo, con el aliciente de que está demostrado que ni el Mitrab, ni los sindicatos, representan una razón para preocuparse.
Ana Gómez, expromotora del ilegalizado Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “María Elena Cuadra”, asegura que el régimen eligió ponerse del lado de los empresarios y proteger la industria textil y las franquicias en detrimento de los trabajadores ignorando los derechos laborales, sin que les importe que eso implique incumplir con la legislación laboral.
Ella lo sabe porque lo vivió, al igual que Zoila Cáceres, o que muchas otras mujeres y hombres que laboran en esas empresas. En su caso, relata: “salí con una hernia cervical, por trabajar ahí día y noche” y fue despedida cuando sus empleadores consideraron que ya no les era útil.
“Cuando ya no servimos, somos repuestas, relevadas o despedidas de forma definitiva”, reveló.
Dictadura arriba, dictadura abajo: “Trabajar el tiempo que ellos quieran”
Guadamuz considera que el paso de los años no ha servido para mejorar la situación desde la perspectiva de los trabajadores, sino que “más bien ha empeorado”, en referencia al cumplimiento de los derechos laborales, las horas de trabajo, el pago de horas extra, o los permisos de maternidad (tenían muchos reportes de despido a mujeres embarazadas), pese a la protección que les dan las leyes, lo que en su momento se entendía como parte del “matrimonio” del Gobierno de Ortega con la empresa privada.
Rota esa relación, la persistencia de ese régimen de desprotección a los trabajadores se explica porque “en Nicaragua, todos los recursos del Estado, sea para temas de seguridad, laboral, salud, etc., están orientados a mantener a Ortega en el poder”, de modo que “la supresión de los demás derechos, incluyendo el de elegir y ser elegidos, pueda ser objeto de negociación”, cuando llegue el momento.
Eso ha generado una situación en la que la patronal se siente con entera libertad para despedir a alguien sin consecuencias, mientras los trabajadores reaccionan con una actitud de resignación, condicionada por el hecho que ya saben que no vale la pena reclamar por un despido, ni buscar al Mitrab para poner una denuncia.
Jemima Ticay, una operaria despedida de la empresa en que laboraba, relata: “A mí me corrieron injustificadamente, por caerle mal a algunas personas. Lo sé porque no fue la gente de Recursos Humanos la que me despidió, sino que la orden llegó desde alguna de las oficinas. Solo me dijeron: “Firmá. Firmá, y ahí te vamos a llamar para la liquidación”.
Aunque está convencida de haber sido víctima de una injusticia, se abstuvo de buscar asesoría sindical o legal, porque “esos casos se dan en la zona franca y obviamente, uno no puede ir a reclamar porque ellos te dicen ‘usted ya sabe a lo que se atiene cuando entra a una zona franca’. Firmá, y podrás trabajar ahí, el tiempo que ellos quieran”.
Es una historia muy similar a la de Mercedes Castrillo, que trabajaba en el área de empaque y doblado de una empresa de capital chino, situada en la zona franca Las Mercedes, en la que fabricaban chaquetas estilo jeans.
Recuerda que un día “sin ninguna razón” la despidieron. “Solo me llamaron a la oficina y me dijeron que había sido cancelada”, recuerda. Pese a ser su derecho, decidió no buscar ayuda legal, después que vio cómo despedían a dos amigas suyas que entraron al mismo tiempo que ella, y aunque buscaron hacer prevalecer sus derechos laborales, ninguna obtuvo respuesta. Así que “no quise buscar más; no quise indagar más”, dice resignada.
¿Y mi colilla del INSS?
Si enfermarse mientras uno labora para una empresa de zona franca es un problema, lo es más cuando se enferma y al acudir al hospital que presta servicios al resto del personal de la empresa, no lo atienden porque no les han entregado las colillas del INSS, ni lo han afiliado a una institución prestadora de servicios de salud.
Fue lo que le ocurrió a Estela Medina, habitante del Barrio Grenada, en Managua, que comenzó a trabajar en una empresa de zona franca el 1 de septiembre de 2020. El 18 de diciembre de ese mismo año, cuando habían transcurrido más de tres meses y medio, se enfermó de apendicitis, pero no obtuvo cuidados médicos del hospital que presta servicios a la empresa, porque no había sido afiliada, así que tuvo que ir a un hospital público.
Al hacer la consulta, en la empresa le dijeron a su compañero que ella no tenía derecho a subsidio porque su contrato era temporal. “Un abogado me dijo que podía llevarme el caso y demandar a la empresa, pero no quisimos meternos a ese problema, y así lo dejamos. Sabíamos que lo que me habían hecho era injusto, pero aquí no vale la pena pelear por tus derechos, porque uno más bien sale perdiendo”, lamentó.
El también capitalino Antonio Suárez, confirmó por su cuenta que ser hombre no hace mucha diferencia al laborar en una de esas empresas, y que “trabajar en las zonas francas resulta muy complicado siempre”, denunciando “maltrato verbal y psicológico”.
Narra que varias veces vio cómo le llamaban la atención a algunos compañeros de trabajo por tardar más de un minuto en el baño, “pero no era un llamado de atención educado, sino bien fuerte, tratando muy mal a las personas”.
“Amelia”, una operaria que trabaja en una empresa situada en el parque industrial “Las Palmeras”, en Masatepe, indica que algunos supervisores sí los maltratan, y aunque no lo hagan los dueños de forma directa, muchos trabajadores se quejan por ese maltrato ante los representantes de la empresa, pero no ocurre nada.
“Lo que pasa es que a los trabajadores nos dicen que se trata de mantenernos activos; que si no nos presionan no producimos, y hasta nos dicen que es por nuestro propio bien, para que ganemos más, pero la verdad es que hay un límite de pago. No es cierto que si te reventás la vida trabajando te van a pagar más. Hay un techo salarial”, explica.
Despedidos por quejarse o por opinar
Además de esa limitación, otras dos mujeres que pidieron ser identificadas como “Sofía” y “Ester”, y trabajan en los parques industriales de San Marcos y de Masatepe respectivamente, comentaron la molestia que hay entre sus colegas cuando hacen un sobreesfuerzo para trabajar horas extra y ganar más, con el resultado de que la mitad de lo que ganan en un turno nocturno de once horas de duración, le queda el Estado, en concepto de impuesto sobre la renta (IR) laboral.
“Ahí se ganan C$2300 y ahora que están quitando el IR me salen prácticamente C$2000, al incluir lo que nos quita el INSS, y ahí todo mundo se mata trabajando”, dijo “Sofía”, mientras “Ester” refirió que por cada turno nocturno les pagan C$700, que se suman al básico de C$1900, pero “a veces hay inconformidad” cuando les descuentan el pago del IR, porque “lo que quitan de IR es la mitad de lo que se gana en esos turnos extra”.
En contraste, otra obrera que trabaja en una empresa asentada en Niquinohomo, y pidió ser llamada “Flor”, compartió que ella había escuchado decir que “los coreanos te gritan, te maltratan. Te exigen trabajar”, pero después de ocho meses de laborar ahí, su experiencia es más bien positiva.
“En general, me sentí bastante bien el tiempo que trabajé ahí. Nunca recibí maltrato. Sí se trabaja bajo presión, pero la misma presión te hace cumplir tu meta. Si no querés trabajar tanto, perdés el incentivo y solo se gana el básico”, aseguró recordando que recibía un subsidio que cubría el 50% del costo de transporte.
Wilmer Martínez trabajó siete años en una empresa de zona franca en Managua. Todo el tiempo como operario, “porque nunca me dieron la oportunidad de superar el puesto”, así que en algún momento decidió dejarlo, hasta que su antiguo supervisor le pidió que regresara a trabajar, porque necesitaban a alguien con su experiencia.
Al segundo día de haber vuelto, le preguntaron por qué había demandado a la empresa, lo que no es cierto, así que les pidió que le enseñaran la supuesta demanda, pero no lo hicieron, y aunque le dijeron que volviera a trabajar, al tercer día lo cancelaron, con base en la supuesta demanda, de la que nunca le enseñaron papeles.
“Ese día corrieron a varios. A algunos, por opinar, por quejarse de los supervisores, o por no estar de acuerdo con la administración de la empresa”, dice explicando que no acudió al sindicato, porque “no todas las empresas te dejan formar o pertenecer a sindicatos, y el Mitrab ya no es como antes, que apoyaba a las personas. Tengo un conocido –asevera– al que le dijeron que le salía mejor aprovechar la liquidación que le estaban dando”.
