El obispo Rolando Álvarez "ya fue condenado" por la justicia orteguista

El juicio político que dirige la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra del obispo Rolando Álvarez es de “nulidad absoluta”, a pesar de que debido al control del Frente Sandinsita en el sistema de justicia el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí "ya está condenado", afirman el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas y el exrector de la Universidad Americana (UAM) Ernesto Medina, al valorar la orden de juicio en contra del religioso.

“La independencia de poderes en nuestro país es nula. Todo se cuadra antes quienes mandan: la pareja presidencial. Si somos objetivos en este caso, tenemos que decir que monseñor ya fue condenado. Desde que inició este proceso, seguramente existe una sentencia en este sentido”, dijo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH), cuyas oficinas se encuentran en Estados Unidos.

Cuevas participó este miércoles 11 de enero en un panel, moderado por el periodista Elmer Rivas en el programa Esta Noche, para analizar la situación de Álvarez, una de las voces más respetadas de la Conferencia Episcopal por su defensa de los derechos humanos en Nicaragua y quien es enjuiciado por la dictadura desde el 13 de diciembre pasado, cuando el fiscal sandinista Manuel Rugama lo acusó y el caso fue asignado a la jueza Gloria María Saavedra Corrales.

El 10 de enero pasado, en una audiencia a puerta cerrada la jueza Saavedra, del tribunal Décimo Penal de Audiencia de Managua, mantuvo la medida de casa por cárcel contra el religioso y remitió a juicio la causa en que el Estado lo acusa por los supuestos delitos “de propagación de noticias falsas” y “conspiración para el menoscabo de la integridad nacional”.

Cuevas señaló algunas de las irregularidades cometidas hasta ahora: sustrajeron al obispo de su juez natural que debió ser el de Matagalpa, violaron también los 90 días que se dieron de margen para acusar a los sospechosos ante los tribunales y lo imputaron 144 días después. También lo mantienen en aislamiento y el proceso judicial lo realizan en la clandestinidad sin permitirle siquiera nombrar a un abogado defensor de su confianza, ya que es representado por una defensora pública.

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“En muchos de estos procesos, el abogado defensor se da cuenta de la acusación hasta que ya está en juicio. Va sin preparación, a quemarropa, esto significa que no podemos hablar de una defensa efectiva. Es la vulneración a otro derecho constitucional y, si somos objetivos, las sentencias de estos procesos se hacen en El Carmen”, ratificó Cuevas, en referencia a la residencia de los Ortega.

Según registros periodísticos, la jueza Saavedra y el fiscal Rugama tienen antecedentes persiguiendo a presos políticos. Forman parte de la maquinaria judicial que ha condenado a los 235 reos de conciencia del país, los mismos a quienes Ortega recientemente negó la posibilidad de liberarlos.

El abogado de derechos humanos lamentó las condiciones carcelarias, a las que son sometidos sacerdotes como el padre Enrique Martínez Gamboa, acusado en octubre pasado por los mismos delitos de Álvarez. Cuevas dice que el religioso ha perdido 22 libras e inicialmente la Policía no le permitía acceso a su medicina.

En contraste con los abusos del Estado, el defensor de derechos humanos destacó la estatura moral de monseñor Rolando Álvarez y recordó también que la fabricación de pruebas en su contra estuvo clara desde un principio. Citó entonces el caso del periodista de Matagalpa, Eduardo Montenegro, quien meses atrás le declaró que recibió presiones del secretario político del FSLN en aquel departamento para inculpar al obispo.

“Era evidente que las autoridades del partido sandinista de Matagalpa estaban fabricando pruebas para procurar perjudicar a monseñor”, afirmó Cuevas, quien aseguró que accedió a audios en los que pudo escuchar al funcionario sandinista conversando con Montenegro.

“Solo podemos repudiar maltrato” contra Rolando Álvarez

Para el exrector de la UAM y catedrático, Ernesto Medina, quien participó en los intentos fallidos de diálogo nacional con el régimen en 2018 y 2019, el proceso contra Álvarez es una aberración que está poniendo en evidencia a Ortega y Murillo ante la comunidad internacional.

Medina lamentó que los nicaragüenses estén asistiendo también a ver la manipulación del sistema judicial con el objetivo de satisfacer las ansias de poder de la pareja gobernante, mientras se ensañan con un religioso que se ha destacado como pastor, predicando en el evangelio, entre los campesinos del norte del país.

“Su papel en el diálogo nacional fue de un pastor que hizo lo posible para encontrar una salida pacífica a la crisis de Nicaragua. Fue de los pocos obispos que lo dio todo para que saliera una solución. Solo podemos repudiar y condenar el trato que se le está dando ahora. Únicamente por haber hecho lo que hace cualquier discípulo de Jesús: predicar con el ejemplo”, lamentó Medina.

La persecución contra el obispo —el primero en ser arrestado por la dictadura— hace parte de la represión estatal contra la Iglesia Católica: siete sacerdotes más enfrentan causas judiciales, 11 curas se encuentran en el exilio, 18 monjas fueron expulsadas en 2022, igual que el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag.  El Estado también clausuró radios de la Diócesis de Matagalpa.

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En septiembre de 2022, Ortega acusó sin pruebas de “golpistas” a los religiosos nicaragüenses y por primera vez de instigar su asesinato en 2018. En un discurso virulento, llamó “dictadura perfecta” a la Iglesia católica.  En realidad, los sacerdotes, a quienes acusa con tanta inquina, recibieron en los templos a las víctimas de la represión y denunciaron las injusticias cometidas por el Estado.

Un estudio independiente, elaborado por la abogada Martha Patricia Molina, reveló meses atrás que la institución católica recibió 396 ataques entre 2018 y octubre de 2022. El régimen prohibió las procesiones religiosas como se notó este martes 10 de enero en el barrio indígena de Monimbó, donde el jefe de la Policía de Masaya le cerró las puertas del templo a los feligreses para impedir la salida a la calle de San Sebastián.

“El objetivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo es el control absoluto del poder. Construir un régimen de partido único con la figura de un gran dirigente, a la que todo el pueblo debe rendirle pleitesía donde las leyes y los elementos normales de una sociedad democrática ya no funcionan”, afirmó Medina a Esta Noche.

Para el catedrático, los Ortega se ponen nerviosos y siguen cometiendo errores cuando ven el talante de monseñor Rolando Álvarez y los otros presos políticos, quienes mantienen su dignidad, a pesar de los procesos injustos a los cuales son sometidos. Medina lamentó el silencio de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y del papa Francisco, luego de la decisión de enviar a juicio al obispo.

Por un lado, el exrector subrayó la valentía de las voces críticas como la del obispo, los sacerdotes de la Diócesis de Matagalpa y también los de Masaya, que han denunciado al régimen Ortega Murillo, pero reconoció también “que la mayoría es un clero silencioso” en todo el país.

“Para mí, el silencio de los obispos, la posición vacilante del cardenal Brenes, y debo decirlo el silencio del papa Francisco, me duele y me da vergüenza. Espero que, antes que termine este proceso vergonzoso, se atrevan a decir algo”, alentó Medina, quien considera que Ortega identificó este silencio como una debilidad y por eso avanza en su represión.

Para él, el tema de la prohibición de las procesiones religiosas se debe a que se está claro de la inconformidad de la ciudadanía desde la cúpula gubernamental, y Ortega intenta evitar que una “chispa” se convierta en una protesta masiva. Ante esta situación, el catedrático advirtió que se puede esperar una profundización de los mecanismos de represión en 2023.