4 de noviembre 2023
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Daniel Ortega, nacido el 11 de noviembre de 1945, apareció en la escena política nicaragüense hace más de cuatro décadas, como uno de los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y se convirtió en una figura permanente en la historia de Nicaragua. Desde 1979, cuando asumió la coordinación de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) después del triunfo de la revolución contra la dictadura somocista, Ortega ha sido un rostro constante para los nicaragüenses, entre ellos los 4.5 millones menores de 43 años de edad (casi un 70% de la población nacional) que no había nacido para entonces.
Durante estos más de cuarenta años, el eterno caudillo del FSLN acumula 27 años en el poder, en dos etapas diferentes. La primera durante la década de los ochenta, y la segunda a partir de enero de 2007, cuando regresó a la Presidencia, y se ha mantenido en ella anulando candados constitucionales contra la reelección y cualquier rastro de competencia política. Tras la masacre y represión contra la Rebelión de Abril de 2018, que dejó más de 325 muertos, Ortega impuso un estado policial de facto, hay cientos de presos políticos y cientos de miles de exiliados por la persecución política de sus operadores y simpatizantes.
Prohibido reunirse, marchar, opinar, elegir... Cinco años de estado policial en Nicaragua
Nicaragua lleva cinco años bajo el estado policial de facto, sufriendo la conculcación de sus derechos ciudadanos, políticos y de libertad religiosa
Daniel Ortega es así el mandatario con más tiempo en el poder en Nicaragua, incluso superando a los dictadores Anastasio Somoza García y Anastasio Somoza Debayle juntos. También es el principal aniquilador de los derechos humanos y las libertades públicas de los nicaragüenses.
CONFIDENCIAL analizó cada uno de los derechos violentados por Ortega, cuya dictadura autoaislada de la comunidad democrática no es reconocida internacionalmente, excepto por otros regímenes como el suyo en Cuba y Venezuela, y aliados igualmente condenados en el mundo como Rusia y China.
Tras 27 años en el poder, de los cuales los últimos dieciséis han sido consecutivos –ahora junto a su esposa, vicepresidenta y vocera, Rosario Murillo– Ortega viola al menos 29 de una treinta de derechos y libertades reconocidas en el título de “Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense” de la Constitución Política del país, que también tienen el respaldo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El derecho a ser nicaragüense
Juan tiene un pasaporte caducado y eso es lo único que lo acredita como nicaragüense en Estados Unidos. Intentó renovar el documento en Nicaragua, pero tras varias trabas le llegó una alerta: lo podrían encarcelar otra vez por su vinculación con las protestas ciudadanas de 2018, y decidió salir del país. “En Nicaragua me negaron el pasaporte”, relata ahora desde su exilio.
“Necesitás una identidad, algo que te soporte”, relata preocupado, porque sin un documento vigente el acceso a otros servicios en un país que no es el suyo es más difícil. La historia de Juan se repite con las solicitudes de cédula de identidad, salvoconducto de salida para menores y otros documentos personales, que son derechos convertidos por la dictadura orteguista en instrumentos de castigo y control contra excarcelados políticos, familiares de opositores, religiosos, estudiantes o cualquier ciudadano a quien el orteguismo coloque en su “lista roja”, incluidos sus simpatizantes, servidores públicos y familiares.
Este es el último de los derechos conculcados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una situación que sigue agravándose desde 2018. A cinco meses del estallido social de la Rebelión de Abril, CONFIDENCIAL enlistó 18 derechos humanos violentados por Ortega, y ese número ha crecido ahora a 29.
La violación sistemática de los derechos humanos es propia de un régimen tiránico que oprime cuanto derecho considere como un peligro para sus pretensiones “absolutistas y de partido único”, valora el abogado Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y exiliado en Costa Rica. Al echar un vistazo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las garantías reconocidas en la Constitución Política, Carrión estima que es “raro” que algún artículo quede “ileso”.
Daniel Ortega se mantiene en el poder a sangre y fuego, tras el grito de libertad, justicia y democracia elevado en 2018.
Como la de Juan, la vida de cientos de miles de nicaragüenses ha cambiado desde aquel año. Él no quería irse de Nicaragua. Gestionó la renovación de su pasaporte para solicitar visa a sus hijos en febrero de 2022, pero vio en la retardación de la entrega del documento una amenaza de prisión y se exilió. Dejó un poder legal para continuar la gestión, pero tras meses de espera, la respuesta es la misma: “No está listo”.
La represión migratoria, la negación de documentos, la extorsión fiscal, represalias administrativas contra empresas, con beneficios sociales y servicios públicos es parte de la violencia política y las violaciones de derechos humanos de la dictadura orteguista en Nicaragua.
Olga Valle, investigadora del organismo ciudadano de observación electoral y política, Urnas Abiertas, señala que Nicaragua vive una “escalada totalitaria”, debido a la perpetuación de Daniel Ortega en el poder, como resultado del fraude electoral de 2021, cuando se reeligió junto a su esposa Rosario Murillo, tras encarcelar a siete precandidatos presidenciales y anular a los partidos políticos de oposición. “No están dejando ningún tipo de dimensión para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos o gozar de las libertades fundamentales”, denuncia Valle.
Con la negación de documentos de identidad y viaje, la dictadura violenta el artículo 31 de los derechos individuales contemplados en la Constitución Política, que garantiza a los nicaragüenses circular, entrar y salir del país libremente. Desde 2020, aprovechándose de los requerimientos sanitarios, como parte del protocolo covid-19, autoridades de Migración ha impedido a decenas de nicaragüenses ingresar o salir del país, e incluso a confiscado sus pasaportes.
La dictadura orteguista viola otros quince derechos individuales, que incluyen el derecho a la vida, tras el asesinato de más de 325 nicaragüenses entre abril y septiembre de 2018; los derechos a la libertad e inviolabilidad del domicilio con detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de más mil presos políticos, de los cuales cerca de 200 siguen en prisión o bajo régimen de “casa por cárcel”. Además, los derechos de igualdad ante la ley, al debido proceso penal, la tutela judicial y el respeto a la integridad física, psíquica y moral.
Hay más de 130 presos políticos y con subregistro serían 200
Después del destierro de los 234 reos de conciencia, en febrero y octubre, la dictadura ha vuelto a llenar las cárceles con 80 reos de conciencia. Otros 60 están “casa por cárcel”
Derechos políticos inexistentes
Participar en una marcha o afiliarse a un partido político en Nicaragua significa exponerse a detenciones arbitrarias, asedio y persecución. En septiembre de 2018, el régimen orteguista prohibió cualquier expresión ciudadana –que cuatro años más tarde incluye hasta las procesiones religiosas– y facultó a la Policía para decidir quién podía utilizar la calle. El oficialismo tiene luz verde, y cualquier otro nicaragüense recibe garrote y cárcel.
En el último cuatrimestre de 2020, la dictadura de Daniel Ortega aprobó nuevas leyes para fabricar casos contra líderes opositores, periodistas y activistas, confinándolos a cárceles con penas de siete a trece años de prisión. También ha desmantelado a la sociedad civil organizada, a través de la cancelación de personerías jurídicas a más de 3000 Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) desde finales de 2018 a la fecha, invalidando el derecho político de constituir organizaciones, establecido en el artículo 49 de la Constitución Política.
Las leyes represivas impuestas por la dictadura en Nicaragua
Entre septiembre de 2020 y enero de 2021, la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó una decena de leyes represivas en contra de la ciudadanía.
El agravamiento de la violación de los derechos de los nicaragüenses ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y otras instancias internacionales. Los derechos sociales también están en la lista de violaciones.
Sin derechos a la salud e información
En 2018, las víctimas de la represión estatal no fueron atendidas en hospitales públicos. Dos años más tarde, con la pandemia de covid-19, epidemiólogos y personal de Salud cuestionaron el manejo de la emergencia sanitaria que dejó decenas de miles de fallecidos, aunque el régimen solo reconoce a 245.
Excarcelados políticos y sus familiares también han denunciado que en los servicios de salud pública los discriminan por razones políticas, y en algunos casos les han negado la atención sanitaria, pese a que el artículo 59 de los derechos sociales en la Constitución Política indica que “los nicaragüenses tienen derecho, por igual, a la salud”.
Ortega tampoco ha respetado el derecho del pueblo a la información, la libertad de prensa y expresión. Desde el regreso al poder de Daniel Ortega, más de 50 medios de comunicación han sido cerrados en Nicaragua. Además, fueron confiscadas las redacciones de CONFIDENCIAL, La Prensa y el canal de televisión 100% Noticias. También han perseguido a periodistas y criminalizado el oficio, provocando el exilio de reporteros y personal de los medios de comunicación.
El artículo 86 de la Constitución indica que todo nicaragüense tiene derecho a elegir y ejercer libremente su profesión u oficio sin más requisitos que el título académico, pero la dictadura de Daniel Ortega ha impuesto la afiliación política, acreditada con carnet del Frente Sandinista, sobre la preparación académica para que una persona acceda a un puesto en cualquier entidad del Estado.
Los trabajadores del Estado, sometidos a participar en las actividades partidarias, incluso fuera del horario laboral, han denunciado la vigilancia política en las instituciones, extendida a sus familiares.
Un éxodo sin precedentes
La represión sistematizada de la dictadura Ortega-Murillo ha provocado un “éxodo” de nicaragüenses nunca antes visto, ni siquiera en tiempos de guerra, advierte Gonzalo Carrión. En una Nicaragua con “el peor escenario de derechos humanos inimaginable” la familia, que el régimen pregona cuidar en la propaganda oficial, es la más perjudicada.
El defensor señala que prevalece un desplazamiento forzado con “connotaciones desgarradoras de una tragedia humana”. Son decenas de familias las que padecen la incertidumbre de perder a su esposo, esposa, hijo, hija, hermano, durante el trayecto hacia Estados Unidos. Se exponen a secuestros, violaciones, extorsiones y la muerte, en busca de seguridad o mejores oportunidades.
Entre 2018 y 2022, han salido del país 604 485 nicaragüenses, y de ellos 328 443 lo hicieron durante 2022, principalmente a Estados Unidos y Costa Rica, según cálculos del politólogo e investigador Manuel Orozco. Un éxodo nunca antes visto en Nicaragua.
*Nota del Editor: Este artículo se publicó originalmente en CONFIDENCIAL el 10 de enero de 2023 y fue actualizado en noviembre, en ocasión de los 17 años de las elecciones nacionales del 5 de noviembre de 2006, en cuales Daniel Ortega resultó electo para regresar a la Presidencia de la República de Nicaragua, en la cual se atornilló desde el 10 de enero de 2007.
