Ocho ilegalidades que “autocondenan” a la dictadura en su juicio político contra el obispo Rolando Álvarez

La audiencia judicial a puertas cerradas contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis Estelí, está prevista para este martes 10 de enero de 2023, después de que el religioso ha permanecido 144 días encarcelado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un domicilio de Managua.

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• Fiscalía acusa al obispo Rolando Álvarez de “conspiración” y “ciberdelito”

Álvarez, una de las voces proféticas de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, reconocido por su labor pastoral en el norte de Nicaragua y su defensa de los derechos humanos frente a la opresión estatal, se convirtió en 2022 en el primer obispo de la Iglesia católica enjuiciado políticamente bajo el régimen de Ortega.

El hostigamiento contra monseñor Rolando Álvarez data desde 2018, pero los últimos episodios ocurrieron en 2022, antes de que la Policía lo secuestró. Entre mayo y agosto de ese año, Álvarez fue objeto de seguimientos en Managua y finalmente lo sitiaron en la Curia de Matagalpa desde el 4 de agosto y el 19 de ese mes lo trasladaron a Managua, acusado de fomentar la violencia.

Casi cuatro meses después de esta detención arbitraria, los fiscales del régimen lo acusaron por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional” y de “propagación de noticias falsas”. Son los mismos atribuidos a otros presos políticos en procesos carentes de garantías para los acusados.

Tanto la Fiscalía General de la República, como las autoridades judiciales, mantienen bajo reserva la acusación y es imposible conocer cuáles son las pruebas del Estado en contra del obispo.

En sentido contrario a esta persecución del Estado, CONFIDENCIAL explica los ocho hechos claves que demuestran porque, según expertos jurídicos independientes, es el Estado el condenado ante la opinión pública por sus actuaciones anómalas e ilegales contra el obispo.

1. Fiscal y jueces son del FSLN. La jueza a cargo del proceso es Gloria María Saavedra Corrales. El fiscal que interpuso la acusación es Manuel de Jesús Rugama. Ambos son obedientes del partido de Gobierno y tienen antecedentes persiguiendo a presos políticos. Según el caso registrado bajo el asunto 026463-ORM4-2022-PN, en la causa llevada en el tribunal Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua también se acusó al padre Uriel Antonio Vallejos, actualmente exiliado  y a quien la dictadura circuló ante la Interpol. Cuando se dio a conocer la acusación contra el obispo, el régimen publicó una foto en que el religioso luce delgado ante los operadores judiciales, pero mantiene una postura serena.
2. Opacidad y hermetismo. Como ha ocurrido con otros reos de conciencia, los libelos acusatorios interpuestos por el Estado son desconocidos. La operación de condena a los opositores es ejecutada por una maquinaria de jueces y fiscales que cumplen la orden de encarcelar y dejar en indefensión a los procesados, impidiendo el acceso de los expedientes a sus abogados, mientras proliferan las denuncias de torturas y aislamiento de los reclusos. En el caso de Álvarez, los comunicados oficiales tampoco han precisado el lugar dónde está retenido. Mientras la Policía dijo en su nota de prensa 78-2022, que se encontraba bajo arresto domiciliario en Managua, el arzobispo Leopoldo Brenes aseguró el 19 de agosto pasado que conversó con él en su residencia familiar.
3. Acusaciones falsas. El medio de comunicación Mosaico reveló detalles sobre la acusación contra el padre Óscar Benavidez, arrestado en Mulukukú el 14 de agosto de 2022, que está vinculado con Álvarez según las autoridades. “Álvarez, quien, prevaliéndose de su condición religiosa, desprovisto de toda dimensión espiritual y ávido de protagonismo político, utiliza su papel en la sociedad para intentar poner al pueblo en contra del Gobierno, ejecutando acciones directas y desestabilizadoras desarrolladas del primero al 16 de agosto de 2022 en la Basílica de Matagalpa llevó a cabo una serie de provocaciones para contaminar la vida civil del país y producir un clima de confrontación en vísperas de las elecciones municipales programadas para noviembre 2022, para dañar la credibilidad del Gobierno”, dijeron en la relación de “hechos” en el caso de Benavidez. En agosto pasado, antes de su traslado violento a Managua después del asalto policial de la Curia de Matagalpa, Álvarez pasó en permanente oración. Es recordado cuando encaró a sus perseguidores con una custodia en la mano, en la acera del Palacio Episcopal.
4. No cumplieron con el plazo de los 90 días. Aunque tras una reforma aprobada por legisladores sandinistas en 2021, el Código Penal de Nicaragua ahora permite detenciones de hasta 90 días para que se realice una “investigación” y se acuse a los sospechosos en los tribunales, la acusación de Álvarez tardó casi cuatro meses en fabricarse, violentando hasta las mismas normas creadas por la dictadura.
5. La peligrosa “Ley de Especial de Ciberdelitos”. Esta norma castiga con prisión de dos a cuatros años la divulgación de “mentiras”. Fue aprobada en 2020 como parte del combo de leyes represivas con las que el régimen persiguió a la oposición en 2021, incluyendo el encarcelamiento de más de 40 personas, entre líderes políticos, económicos y sociales antes de las votaciones de 2021.El concepto de “conspiración” está establecido también en el artículo 410 de la misma ley y la aplicación estatal del mismo ha sido cuestionada por juristas independientes como un mecanismo usado para perseguir ilegal e injustamente a los nicaragüenses.
6. Persecución contra la Iglesia católica. La detención del jerarca católico se dio en medio de un acoso a los religiosos nunca visto en la historia reciente de Nicaragua. Están condenados a prisión dos sacerdotes más —uno de Granada y otro de Boaco—, y otra media docena de religiosos de la Curia de Matagalpa permanecen en celdas de El Chipote como presos políticos, pendientes de condenas. Otros fueron desterrados, igual que 18 hermanas de la orden de las hermanas de la Caridad. El nuncio apostólico, Waldemar Stanisław Sommertag, también fue expulsado el 12 de marzo de 2022. Hasta ahora, el papa Francisco se ha pronunciado con cautela sobre la crisis de Nicaragua y ha apostado al diálogo, lo que ha causado críticas tanto a nivel nacional como internacional. El Estado acusó también en septiembre del año pasado a los sacerdotes y laicos que acompañaban al obispo cuando fue trasladado a la fuerza desde Matagalpa a Managua. Los curas son Ramiro Tijerino Chávez, José Luis Díaz Cruz, Sadiel Antonio Eugarrios Cano, también el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, el reportero gráfico Sergio Cadena Flores. En diciembre de 2022, la Policía capturó también a dos periodistas de la Diócesis de Matagalpa: Manuel Obando y Wilberto Artola, para demostrar que sigue la persecución contra todo el círculo cercano al obispo Rolando Álvarez.
   Además: Ortega recrudece la represión: 396 ataques contra la Iglesia católica desde 2018
7. El asedio contra el obispo. El régimen ha mantenido acoso contra el obispo desde 2018, quien también ha sido objeto de campañas de desprestigio. La Policía lo mantuvo cercado en la parroquia Las Colinas en Managua durante cinco días de mayo de 2022, lo que motivó al religioso a realizar un ayuno indefinido para demandar el fin del hostigamiento. Permitieron su salida a Matagalpa. Pero, desde el 4 de agosto, impusieron un cerco policial para restringir sus movimientos.
8. El discurso de odio marca la pauta de la saña contra el obispo. La vicepresidenta Rosario Murillo ha acusado a los jerarcas católicos de golpistas por su posición de defensa a los derechos humanos, ante los abusos perpetrados por la dictadura. Ortega incluso acusó sin pruebas, el 29 de septiembre del año pasado, que religiosos pidieron que lo asesinaran durante la crisis de 2018. En ese discurso, afirmó que la Iglesia católica era la “dictadura perfecta”.