11 de enero 2023
AA
Share
Los alcaldes, vicealcaldes y concejales que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se adjudicó en los 153 municipios de Nicaragua, tras la “farsa electoral municipal” de noviembre 2022, fueron juramentados este 10 de enero por el Consejo Supremo Electoral (CSE), también bajo control del gobernante Frente Sandinista.
La juramentación de las autoridades municipales fue realizada de forma virtual por la presidenta del CSE, la magistrada Brenda Rocha. Por la tarde, los 153 alcaldes sostuvieron un encuentro privado con Ortega en el que según la propaganda orteguista "consolidarán su identidad sandinista".
El encuentro entre Ortega y los alcaldes sandinistas es el último acto en el sello del asalto del FSLN a la autonomía municipal en Nicaragua, ya que a partir de ahora todos los Gobiernos locales están subordinados al Poder Ejecutivo.
La pérdida de autonomía municipal ya había sido anunciada tras la “farsa electoral municipal”, cuando el CSE confirmó la adjudicación del 100% de las alcaldías al FSLN, como parte de un proceso carente de credibilidad en el que el Frente Sandinista participó solamente con sus históricos colaboradores: Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza por la República (APRE), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Partido Liberal Independiente (Alianza PLI) y Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama).
Silvio Prado, experto en temas de municipalismo, ha advertido que el régimen decidió asumir los costos de gobernar en todos los municipios del país, al hacerse con todos los municipios, tras sostener que esos resultados son "políticamente y demográficamente imposibles".
A las votaciones municipales de 2022, el FSLN llegó con el control en 141 alcaldías distribuidas en 15 departamentos y dos regiones autónomas en la Costa Caribe. De estas, 135 alcaldías fueron asignadas por el CSE en 2017 y otras seis alcaldías fueron usurpadas en octubre de 2020 y julio de 2022. Finalmente, en este proceso, se adjudicó las 12 alcaldías que estaban en manos de partidos colaboracionistas como el PLC y ALN. El único opositor, Ciudadanos por la Libertad (CxL), fue anulado en 2021.
Alcaldes juramentados carecen de legitimidad
El observatorio Urnas Abiertas señaló que la investidura de las autoridades electas en las votaciones de noviembre 2022 es “la consolidación del Estado totalitario en todos los niveles: nacional, municipal y regional”, ya que estos alcaldes, vicealcaldes y concejales son el resultado de “un proceso ilegítimo” marcado por 5821 anomalías, irregularidades y violencia política.
“Esto representa un grave retroceso en los avances que se habían logrado durante las décadas de 1980 y 1990” en materia de Desarrollo Local y la Autonomía Municipal, lamentó Urnas Abiertas en un comunicado de prensa.
El escrito también advierte que el régimen, al adjudicarse el 100% de las alcaldías, pretende simular que las autoridades locales cuentan con legitimidad y por ende continuar con los procesos institucionales que se deberían de seguir en una democracia, pero “estos son gobiernos de facto que están usurpando funciones porque el pueblo no los ha elegido democráticamente. La afluencia a las urnas el pasado 6 de noviembre fue del 17.33 % y el índice de abstencionismo del 82.67 %”, continúan.
Finalmente Urnas Abiertas señala que el régimen además de fortalecer “su poder autoritario”, está exponiendo a la población a más “vigilancia, control territorial y la instrumentalización del poder local para perseguir y violentar” derechos elementales.
Alcaldes “reciclados” y sancionados
Las autoridades municipales investidas este 10 de enero incluyen a 118 alcaldes y vicealcaldes que el Frente Sandinista recicló en 141 alcaldías del país, según un análisis de datos realizado por CONFIDENCIAL.
La lista de alcaldes eternos está encabezada por los tres operadores políticos del FSLN en Estelí, Matagalpa y Jinotega, calificados como “superalcaldes” y sancionados por el Gobierno de Estados Unidos por dirigir la represión y masacre orteguista en sus departamentos en 2018.
Francisco Valenzuela Blandón, de Estelí, y Sadrach Zeledón Rocha, de Matagalpa, gobernaron por primera vez en sus municipios tras ser electos en las primeras votaciones municipales de Nicaragua en el año 2000. Luego, dejaron el poder local en 2004, porque la reelección consecutiva no estaba permitida. Su cuota de poder la continuaron como diputados de la Asamblea Nacional y secretarios políticos del FSLN. Luego, volvieron a los cargos de alcaldes en 2008 y se han mantenido desde entonces en este, al amparo de la sentencia inconstitucional reeleccionista con la que Ortega también impuso su reelección.
La terna de “superalcaldes” sancionados la completa Leónidas Centeno Rivera, quien gobierna Jinotega desde 2008 hasta la fecha, y busca un cuarto período consecutivo en el poder.
En noviembre de 2021, tras la farsa electoral de ese año, Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra operadores del FSLN. En la lista de sanciones incluyó a los alcaldes de Matagalpa, Estelí y Jinotega, señalándolos de cometer abusos a derechos humanos en 2018. Estados Unidos sostuvo que Zeledón está involucrado directamente en la represión; que desde la oficina de Valenzuela se ordenó colocar francotiradores para apuntar a los manifestantes en Estelí, y que Centeno está vinculado a los órganos que actuaron contra los manifestantes.
En diciembre de 2022, el Gobierno de Reino Unido también sancionó al alcalde Zeledón y su vicealcaldesa desde 2017, Yohaira Hernández Chirino, por violar los derechos humanos de los pobladores del municipio de Matagalpa.
Elegidos por el 17.3% de los electores
El observatorio ciudadano Urnas Abiertas indicó que durante las votaciones municipales 2022 se registró un abstencionismo del 82.7%. Ese nivel de abstención supera al observado en la “farsa electoral” de 2021, que fue del 81.5%.
La masiva abstención en las votaciones municipales facilitó que el gobernante Frente Sandinista se adjudicara las últimas doce alcaldías nicaragüenses en las que no ondeaba la bandera rojinegra. Los datos oficiales del Consejo Supremo Electoral (CSE) –que carecen de credibilidad y no son auditables– muestran que, en esta docena de municipios, hubo menos votantes que en los comicios municipales de 2017.
En lugares como Ciudad Antigua, por ejemplo, donde el FSLN obtuvo 1663 votos en 2017 y fue derrotado ese año por el PLC con 2248 votos, ahora “ganó” la alcaldía con 1683 votos, es decir solo 20 votos más que hace cinco años.
Según el Poder Electoral –bajo control absoluto del FSLN– en 2017 hubo 121 414 votos válidos en esas doce municipalidades, y en 2022 votaron 93 170, es decir 28 247 votos menos, que equivalen a un 30.3%.
Las nuevas alcaldías en poder del FSLN son: Camoapa, San José de los Remates, Santo Domingo, La Trinidad, Ciudad Antigua, Bocana de Paiwas, El Tortuguero, Muelle de los Bueyes, La Cruz de Río Grande, Mulukukú y Wiwilí-Jinotega, antes administradas por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y San Francisco de Cuapa, antes a cargo de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), que en los últimos años se han prestado como partidos colaboracionistas del régimen.
El municipio donde se registró mayor abstencionismo fue en Wiwilí-Jinotega, alcaldía que en 2017 fue ganada por el PLC, pero en 2020 fue usurpada por el FSLN. Ahí, el total de votos válidos pasó de 22 347, en 2017, a 12 946 en la reciente farsa electoral municipal. La diferencia es de -9401 votos.
El observatorio ciudadano Urnas Abiertas indicó que, durante estas votaciones municipales, se registró una abstención del 82.7%, que superó al nivel observado en la “farsa electoral” de 2021, que fue del 81.5%. Sin embargo, el CSE aseguró que la abstención fue del 42.9%.
Urnas Abiertas también documentó 5821 anomalías durante el proceso entre las que se destacan arrestos arbitrarios, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y acarreo de votantes hacia los Centros de Votación.
