7 de enero 2023
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A reserva de contar con más información —y falta mucha—, unas primeras reflexiones sobre los acontecimientos de ayer (jueves) se pueden compartir sin mucho temor a equivocarse. Se trata de tres sucesos de desigual importancia: la captura de Ovidio (Guzmán), el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos y la aceptación por parte Biden, ante la insistencia de López Obrador, de aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles.
No coincido con la tesis de que el hijo del “Chapo” Guzmán fue detenido para ofrecérselo a Biden como regalo, tipo Moctezuma con Cortés. Estoy de acuerdo con Alejandro Hope en que operativos de esa magnitud y complejidad se preparan con mucha anticipación, incluyendo el tiempo necesario para que Washington entregue a México la información pertinente sobre el paradero del blanco. Lo que sí es probable, como siempre sucede, es que un encuentro presidencial acelere e intensifique la cooperación y las “ganas” que le echen las agencias de ambos lados de la frontera.
El hecho de que en tiempos pasados, sobre todo en la época de la llamada “certificación” (1971-2001), los Gobiernos latinoamericanos solían entregar chivos expiatorios como prendas de buena voluntad y de eficacia, contribuye a creer en la coincidencia. Y es innegable que López Obrador hoy cuenta con un fortalecido expediente para rebatir los posibles reclamos de Biden de que no realiza mayores esfuerzos para combatir el tráfico de fentanilo. Más aún, es probable que el reclamo ni siquiera se formule.
En cambio, donde sí creo que hubo quid pro quo es en las nuevas disposiciones migratorias anunciadas por Biden ayer. Estados Unidos se encontraba en un verdadero dilema. Durante el ejercicio 2022 (del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022), ingresaron a ese país 224 000 cubanos, 164 000 nicaragüenses y 189 000 venezolanos: un total de 577 000 ciudadanos de las tres naciones, prácticamente ninguno de los cuales fue devuelto a su país o a México. Estados Unidos no tenía, en ese periodo, relaciones adecuadas con las tres capitales para iniciar vuelos de deportación y México se negaba a recibirlos (con bastante razón, creo yo). Durante los últimos tres meses, de esos tres países y Haití, entraron un promedio de 70 000 personas mensuales, y 82 000 en noviembre. Se trata de flujos significativos, incluso para un país de 330 millones de habitantes.
La única solución para Biden yace en poder deportarlos a sus países, negociando vuelos de regreso con los tres Gobiernos (en Haití, el cuarto país incluido en el nuevo esquema, simplemente no hay Gobierno) o a México. Ya lo hizo con La Habana, para cubanos, y con México, para venezolanos. En octubre, la SRE aceptó recibir a 24 000 venezolanos deportados al mes, y los vuelos de Estados a Cuba deben renovarse en estos días. Faltaba lo demás. México se dobló.
Con el pretexto de que Estados Unidos va a recibir a 360 000 oriundos de los cuatro países —una cifra importante, pero muy menor a los que ingresaron en el ejercicio citado—, México aceptó el ingreso mensual de 30 000 originarios de las mismas cuatro naciones, algo a lo que se había negado hasta ahora (salvo por los venezolanos en octubre). Para nosotros se trata de una concesión mayúscula que ni AMLO ni Peña Nieto se habían atrevido a aceptar; solo recibíamos a personas procedentes del llamado Triángulo del Norte.
Falta por ver si el nuevo enfoque de Biden funciona. Los estadunidenses sostienen que ha sido eficaz para Venezuela en noviembre, ya que actúa como disuasivo. Ha sido denunciado por los sectores más progresistas de Estados Unidos en esta materia, desde los senadores Menéndez y Schumer hasta la American Civil Liberties Union, incluyendo a múltiples congresistas y organizaciones de defensa de migrantes (las mismas que defienden a los mexicanos sin papeles). Y la derecha tampoco está contenta: considera que el instrumento utilizado por Biden —el “humanitarian parole” o libertad bajo palabra humanitaria— es ilegal. Seguramente lo llevarán a tribunales.
López Obrador supo desde el 22 de diciembre que las autoridades militares estadunidenses —no solo el Servicio Secreto— habían rechazado su petición de que el AF-1 aterrizara en el AIFA. Las razones fueron sobre todo —como lo dijo López Obrador— de orden logístico. No querían trasladar a Biden en automóvil a la Ciudad de México, ni realizar una visita a Teotihuacán, ni traer los helicópteros presidenciales Marine 1 y Marine 2 hasta México. AMLO insistió y se salió con la suya. A cambio de recibir a 30 000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses al mes: la misma cifra que Estados Unidos, pero con una población dos veces y media menor y un PIB per cápita cinco o seis veces menor. Esta es la factura del caprichito presidencial de ver a POTUS en Santa Lucía. Hay que sumarlo a todos los demás costos del mamut blanco.
*Artículo publicado originalmente en el blog de Jorge G. Castañeda.
