6 de enero 2023
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En 2022, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminó la mayor cantidad de Organizaciones Sin Fin de Lucro (OSFL) de la historia de Nicaragua. La “limpieza” ejecutada a través del Ministerio de Gobernación (Migob) y la Asamblea Nacional —dominada por el Frente Sandinista— acabó con 3108 oenegés, que incluyen 314 extranjeras, entre el 19 de enero y el 09 de diciembre del año pasado.
La decapitación masiva de oenegés se agudizó durante el segundo semestre del año. En los primeros seis meses hubo 796 cierres, 13 veces más que los ocurridos en 2021. Sin embargo, en el siguiente semestre se eliminó la personería jurídica y registro de operación —en el caso de las extranjeras— de 2312 organizaciones.
Este cierre masivo estuvo influenciado por la reforma a la Ley de 115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, que le dio potestad al Migob de eliminar la personería jurídica a través de resoluciones ministeriales.
En total, la dictadura ha anulado 3182 OSFL, desde noviembre de 2018. Estos organismos trabajaban, en su mayoría, en temas de desarrollo, derechos humanos, democracia, educación, salud, proyectos sociales, medioambiente y también en proyectos religiosos de evangelización.
Un 44% de estas OSFL tenían entre once y veinte años de operar en el país, mientras otro 41% alcanzaban las tres décadas, revela un análisis estadístico de CONFIDENCIAL, basado en una base de datos propia creada con las resoluciones del Migob publicadas en el Diario Oficial La Gaceta.
Una proyección de organizaciones ilegalizadas —Red Local, Popol Na, Fundación del Río y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+—, determinó que el régimen ha cerrado un 43% de las 7227 oenegés que existía en el país antes que iniciaran las cancelaciones masivas.
En octubre pasado, una investigación de Diálogo Interamericano calculó que al menos un millón de nicaragüenses, que trabajaban en las oenegés o eran beneficiados con proyectos sociales, fueron afectados por el cierre masivo de estos espacios.
El cálculo está basado en un estudio de caso de una muestra de 53 OSFL. También determinó que estas ejecutaban proyectos por 41 millones de dólares, cuando perdieron su personería jurídica y registro de operación. Mientras, 2000 trabajadores quedaron sin empleo.
En octubre pasado, al menos 18 organizaciones denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua”.
Los más afectados: mujeres, pueblos indígenas y niñez
El cierre masivo afectó directamente a grupos vulnerables. Uno de estos fue el movimiento de mujeres. Al menos 130 oenegés que brindaban apoyo a víctimas de violencia de género perdieron su personería jurídica, según datos analizados por CONFIDENCIAL.
En la lista de organizaciones cerradas se incluyen también más de 30 que operaban en pueblos indígenas, los más pobres y olvidados por las autoridades nacionales. Asimismo, oenegés que desarrollaban proyectos sociales que beneficiaban a comunidades sin acceso al agua como los ejecutados por el Centro Humboldt.
Un 35% de las oenegés canceladas ejecutaban proyectos de desarrollo, que incluyen el ámbito social, económico, de libertad de prensa, cultura y de derechos humanos. Asimismo, hubo organizaciones que tenían proyectos enfocados en la niñez y adolescencia.
Unreportaje de CONFIDENCIAL —titulado “Sin futuro y sin empleo quedan los jóvenes en Nicaragua— retrató la historias de jóvenes que trabajaban en aras del desarrollo, proyectos sociales y educación, ejecutados por Asociación Infantil “Tuktan Sirpi” o la Asociación de Educación y Comunicación la “Cuculmeca” de Jinotega.
En la lista de más de 3000 oenegés cerradas hay al menos 92 que se enfocaban en pro del medioambiente e incluso estaban a cargo de zonas protegidas como Fundación Cocibolca que comanejaba la reserva natural Volcán Mombacho.
En septiembre pasado, el activista ambiental Amaru Ruíz señaló que con el cierre de estos espacios, en el país ya no quedaban organizaciones ambientalistas independientes y “las que aún operan son organizaciones nacionales e internacionales que han sido cooptadas por el régimen, como el caso de Flora y Fauna Internacional”.
Asimismo, entre las 3182 organizaciones eliminadas desde 2018, hay al menos 140 que tenían enfoques en salud. El caso que mayor impacto causó en 2022 fue el cierre de Operación Sonrisa, que promovieron cirugías en niños con labio leporino y paladar hendido. Este programa benefició a unos cinco mil niños y adolescentes durante los 27 años que tenían en Nicaragua.
El edificio donde funcionaba Operación Sonrisa fue confiscado y convertido por el régimen en un museo. Una investigación de CONFIDENCIAL concluyó que al menos 67 propiedades a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación fueron asaltados manu militari.
De los 67 inmuebles confiscados, 29 fueron ocupados por operadores sandinistas –o representantes de instituciones del Estado–, 13 fueron asaltados y allanados por la Policía, rompiendo cerraduras y candados para ingresar; en cuatro casos solamente hubo allanamiento de agentes policiales, pero no encontraron bienes porque las organizaciones ya habían retirado su documentación y equipos de oficina previendo que serían ocupadas, reveló la investigación.
Más de 300 oenegés extranjeras
El cierre de oenegés extranjeras inició en agosto de 2021 y se agudizó en 2022. En total, el régimen eliminó el registro de operación de 341 OSFL. El 42% de estas provenían de Estados Unidos, un 13.4% de España, un 7% de Italia, un 5% de Alemania, un 4% de Costa Rica.
Asimismo, hubo organismos de Francia, Holanda, Canadá, Austria, Panamá, Inglaterra, Dinamarca, México, Honduras, Luxemburgo, Suiza, Reino Unido, entre otros.
Una fuente vinculada a las oenegés internacionales reveló a CONFIDENCIAL, que en octubre de 2020 se realizó una evaluación sobre el impacto de la cooperación que canalizan casi 30 organizaciones de origen extranjero.
“La evaluación es parcial, porque solamente 27 organizaciones internacionales brindaron información”, precisó la fuente. “Entre estas 27 oenegés internacionales canalizaban 25.5 millones de dólares anuales en cooperación con Nicaragua que llegaban de manera directa a 550 000 personas, especialmente de zonas rurales”, agregó.
El Migob asegura que el cierre de estos espacios, que violenta el derecho de asociación en Nicaragua, se debe a que estos organismo “incumplieron con sus obligaciones (…) ya que no reportaron por períodos de entre dos a 29 años, sus juntas directivas, estados financieros con desgloses de ingresos y egresos”. Asimismo, por no detallar el nombre, identificación, dirección y teléfono de todos sus donantes.
