29 de diciembre 2022
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La narrativa del régimen de Daniel Ortega dibuja una Nicaragua en la que se cumplen las metas financieras, pero la realidad que denuncian empresarios es que viven bajo la constante mira de una intensa campaña de extorsión, liderada por la Dirección General de Ingresos (DGI) y la de Servicios Aduaneros (DGA), de la que también participan las alcaldías, en donde destaca especialmente, la Alcaldía de Managua.
Son muchos los empresarios que siguen resintiendo el acoso fiscal al que se ven sometidos por parte del régimen, en una actitud que los afectados y sus líderes gremiales no dudan en calificar de vorazmente recaudatoria.
La situación planteada obliga a los dueños de negocios a elaborar ‘listas de prioridades’, para ayudarse a decidir a quién pagarle primero: a sus trabajadores, a sus proveedores, a los bancos, a sus socios… o al fisco, al punto que muchas veces sienten que trabajan y producen solo para pagar impuestos, lo que al final se convierte en un desincentivo para seguir invirtiendo en sus negocios.
El peso es aún mayor para quienes, además de tener que pagar altas cargas tributarias, también tienen que pagar multas (o coimas, para rebajar unas multas que, en rigor, nunca debieron haber sido impuestas), con el agravante que tienen muy pocas esperanzas de que el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), falle a su favor, por más pruebas que presenten… excepto (a veces) en casos que no superan los 5000 dólares.
Una realidad de mentira
Desde el oficialismo se divulgó con alegría que hasta el tercer trimestre de este año, la administración de Ortega había recaudado 84 402 millones de córdobas, según el Informe de Ejecución Presupuestaria de enero a septiembre de 2022, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). Ese monto equivale al 99.4% del presupuesto anual y al131.9% (o sea, C$20 401 millones demás) de la meta para ese período; que a su vez equivale a 13 835 millones de córdobas más que en igual período de 2021.
Según Hacienda, alcanzar esas cifras fue posible gracias a la evolución positiva del contexto macroeconómico interno, destacando el crecimiento de la actividad económica en el acumulado a septiembre de 2022, “lo que ha conllevado a un buen desempeño y gran dinamismo de la recaudación tributaria”. Pero la realidad que cuentan los empresarios es otra.
‘Eficiencia’ expropiatoria
El acoso fiscal que ejecuta la DGI permite al régimen aumentar sus ingresos tributarios, y ‘premiar’ a los más fieles, al permitirles quedarse con una parte de los recursos mal habidos, mientras ataca al sector privado -al que tilda de ‘traidor’ porque le dio la espalda en 2018 cuando la Administración Ortega-Murillo decidió disparar sobre las multitudes desarmadas que reclamaban libertad.
Si en los años ochenta del siglo pasado, Ortega cometió el error de confiscar los medios de producción, ahora (además de confiscar universidades y cerrar oenegés), confisca las ganancias, en vez de estatizar las empresas, lo que las llevaría a la quiebra… como en los años 80.
La DGA también hace lo suyo, no solo haciendo cambios al ‘semáforo’ que indica si la mercadería entra al país sin revisión o no, para lograr que la mayoría de las veces la luz salga en rojo, sino también aplicando dudas de valor de forma arbitraria, sin importar las pruebas documentales que aportan los importadores, perjudicando -por ejemplo- a los productores agropecuarios, que han tenido que pagar impuestos sobre precios de compra superiores a los que encontraron en el mercado internacional.
Los importadores tampoco tienen muchas esperanzas de lograr que las autoridades fallen los recursos a su favor, en especial cuando consideran que las aduanas son el feudo de Óscar Moncada Lau, uno de los hombres de máxima confianza de Daniel Ortega.
El círculo lo cierran las alcaldías, que no solo cobran impuestos por períodos y montos mayores a los que les faculta la ley, lo que ha supuesto arrestos y juicios penales en contra de quienes decidieron que iban a luchar legalmente, porque sentían que tenían la razón, lo que a la larga incidió para alargar la crisis del sector inmobiliario, que ve cómo los municipios gravan algunas compraventas con impuestos exorbitantes.
