28 de diciembre 2022
AA
Share
La criminalización a las defensoras de derechos humanos y la disidencia política “ha sido uno de los principales instrumentos de control” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en medio de la deriva totalitaria de los últimos años, advirtió el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
Basados en la investigación Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, Nicaragua y México, presentada en San José, Costa Rica, ambos organismos concluyeron que la criminalización ha sido usada “de forma recurrente” por el régimen.
“Desde antes de 2018 la criminalización ya había sido usada de forma recurrente por el gobierno de Daniel Ortega para perseguir a las feministas, después de que estas apoyaran la denuncia por violación que interpuso contra él Zoilamérica Narváez, hija de su esposa y actual vice-presidenta Rosario Murillo, y de que se opusieran a la penalización del aborto que Ortega pactó con la jerarquía católica”, se lee en el documento.
Otro caso de criminalización emprendida por el régimen y documentada en esta investigación es el desarrollado contra la lideresa campesina Francisca Ramírez y todas las personas que alzaron su voz contra el megaproyecto del Canal Interoceánico que amenazó los territorios y las vidas de muchas comunidades campesinas al sur de Nicaragua.
Un proceso violento
La investigación hace hincapié en que la criminalización en Nicaragua “va más allá de los procesos de judicialización” y se manifiesta a través de “una multiplicidad de violencias” como señalamientos, estigmatización, hostigamientos, cancelación de organizaciones, muerte civil, represión migratoria o destierros, entre otras, que tienen graves impactos sobre las vidas y las luchas de la defensoras y sus familias.
En el caso de las defensoras que son abogadas de personas presas políticas, “estas identifican que como parte de los procesos de criminalización también enfrentan la retención y la retirada o la amenaza de retirar sus títulos como litigantes, lo que les genera preocupación y frustración”, dice el documento. Tanto las abogadas como las familias han indicado ser sometidas a requisas y controles extremos en las entradas y salidas de los centros penitenciarios del país.
“Las estrategias empleadas por el Gobierno se alternan y se agudizan según este adopta una postura cada vez más violenta y autoritaria. Además, se intensifican conforme las defensoras persisten en la defensa de los derechos humanos, pasando de acciones como asedios o toma de fotos a investigaciones que facilitan que se haga uso del derecho penal para su posterior persecución”, destaca la investigación.
Feministas y defensoras encarceladas
En la actualidad, "en Nicaragua hay más de 200 personas presas políticas, 21 de las cuales son mujeres; entre ellas varias feministas y defensoras de derechos humanos, como es el caso de Tamara Dávila, quien fue una de las defensoras participantes en la investigación y que, como el resto de presas políticas, sigue privada de libertad bajo condiciones inhumanas de incomunicación, aislamiento e insalubridad”, se lee en el documento.
En la elaboración del capítulo sobe Nicaragua participaron entre otras Silvia Gutiérrez, activista política e hija de la presa política Evelyn Pinto, y las defensoras de derechos humanos Ana Quirós, Alexandra Salazar y Wendy Flores. Todos los testimonios fueron recabados de manera virtual, se realizaron cinco entrevistas individuales y cuatro grupos focales que también contaron con la participación de abogadas encargadas de los casos.
“Entre las defensoras criminalizadas se encuentran mujeres que provienen de distintas luchas. Muchas de ellas cuentan con amplias trayectorias y con una vasta experiencia en defensa de derechos de las mujeres, pero la crisis sociopolítica y de derechos humanos que detonó en abril de 2018 las obligó a trabajar en temas relacionados con violencia política y a atender casos de mujeres criminalizadas y presas políticas”, advierte el documento.
La investigación enfatiza en que la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua “marcó el tránsito a un escenario en el cual la defensa de los derechos humanos se desarrolla en un contexto de total hostilidad y en el que los medios utilizados previamente para frenar la violencia estatal ya no funcionan”.
