23 de diciembre 2022
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y más de 130 comunicadores de la región mostraron su preocupación por el caso del respetado periodista guatemalteco José Rubén Zamora, encarcelado desde finales de julio pasado bajo acusaciones de chantaje, lavado de dinero y tráfico de influencias.
El pronunciamiento indica que hasta la fecha los fiscales no han presentado ninguna prueba convincente de que Zamora haya cometido algún acto ilegal al aceptar 38000 dólares donados a ElPeriódico, del cual es fundador.
“El principal testigo contra Zamora y otros empleados de ElPeriódico imputados en el caso, es un ex banquero acusado de corrupción. Tampoco hemos visto argumentos legítimos a nivel judicial o de apelación para mantener a Zamora tras las rejas durante los más de cuatro meses que ya espera juicio”, sostiene la carta enviada al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei.
>> CPJ, international journalists, call on Guatemalan president to release journalist José Rubén Zamora: https://t.co/zk1LD88KjN (via @CPJAmericas @pressfreedom) c. @DrGiammattei pic.twitter.com/VHy4WX3vds
— 𝙟𝙤𝙨𝙚 𝙯𝙖𝙢𝙤𝙧𝙖 (@jczamora) December 22, 2022
Zamora es uno de los periodistas más prominentes de la región. Su labor de investigación ha sido reconocida con el Premio Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia, el Premio Internacional Rey de España y el galardón de la libertad de prensa del CPJ.
En el documento, los periodistas denuncian que la familia del detenido se encuentra en confinamiento solitario, con acceso limitado a agua y alimentos, además de cambios arbitrarios en los horarios de visita.
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Entre los firmantes se encuentra Carlos Martínez de la Serna, de CPJ; el director de CONFIDENCIAL, Carlos Fernando Chamorro; de El Faro, Carlos Dada; Rosental Calmon Alves, del Centro Knight para el Periodismo en las Américas; Dawn García, directora de John S. Knight Journalism Fellowships, Stanford; Ann Marie Lipinski, de la Fundación Nieman para el Periodismo; la periodista María Lilly Delgado, periodista independiente de Nicaragua y Dagmar Thiel, de Fundamedios.
“Su prisión preventiva viola el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Guatemala. Incluso si, como los fiscales han declarado en el tribunal, a las autoridades les preocupa que Zamora pueda intentar influir en el testimonio de sus empleados, mantenerlo en prisión preventiva no es la única forma, aunque sin duda es la más abiertamente punitiva, de evitar tal situación. comunicación que no suponga vulnerar los derechos de Zamora ni poner en riesgo su salud y seguridad”, alertaron.
Guatemala vive momentos de crisis institucional, por lo que llaman el retorno del pacto de los corruptos, que ha abierto una persecución contra periodistas y operadores judiciales que investigaron denuncias contra el Estado en el marco de la Comisión Internacional para la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato no fue renovado por Giammattei desde 2019.