El dividendo democrático de los demócratas

Chicago–Las elecciones de mitad del mandato llevadas a cabo en EE. UU. el mes pasado tuvieron varias sorpresas. El inesperado buen desempeño de los demócratas no solo cambió el panorama político para los próximos dos años, además reveló que a una cantidad significativa de votantes —de ambos partidos y muchos de ellos jóvenes— les preocupa profundamente el destino de la democracia en su país, pero nadie les ha ofrecido una agenda creíble para mejorar y fortalecer su propia gobernanza.

El apoyo popular a la defensa de las normas democráticas ya era evidente en las encuestas previas a las elecciones. En un relevamiento de Pew Research publicado una semana antes de la votación, el 70 % de los encuestados calificó al «futuro de la democracia en Estados Unidos» como «muy importante», frente al 79 % que marcó a la economía como una de sus preocupaciones principales. De manera similar, un sondeo de NBC a boca de urna halló que el 68 % de los votantes consideraba a la democracia estadounidense «amenazada» (por contraposición a «segura»).

Incluso algunos republicanos priorizan la democracia al poder político. Las investigaciones recientes del Polarization Research Lab (Laboratorio sobre Polarización) —un proyecto conjunto del Dartmouth College y las universidades de Pensilvania y Stanford— demuestra que el desprecio por las normas democráticas del Partido Republicano se limita al grupo MAGA —llamado así por la sigla en inglés de «Que América vuelva a ser grande»— de Donald Trump. No sorprende entonces que el anuncio de la campaña de Trump para su reelección no haya entusiasmado a la clase dirigente de los republicanos. Incluso Fox News solo lo cubrió en forma parcial y el periódico conservador New York Post fue mordaz: publicó el titular «El anuncio de un floridano» en la portada (y enterró la noticia en la página 26).

La preocupación por la democracia estadounidense prevalece especialmente entre las cohortes más jóvenes. Una encuesta a boca de urna de la Escuela Kennedy de Harvard halló que para los votantes de entre 18 y 29 años solo la economía y el derecho al aborto eran más importantes que «proteger la democracia». Es probable que esos votantes hayan sido cruciales para las victorias de los senadores demócratas en Georgia, Arizona y Pensilvania, además de en la elección del gobernador de Wisconsin. Sorprendentemente, solo el 5 % de los jóvenes respondió que la democracia americana está «sana».

El celo democrático de los jóvenes estadounidenses sorprendió a algunos observadores. Un influyente estudio de 2017 realizado por Yascha Mounck y Roberto Foa sugería que el apoyo a la democracia de los jóvenes en todo el mundo estaba en un punto bajo. ¿Es posible que después de observar durante cinco años a las democracias bajo presión los votantes jóvenes estén más pendientes de los peligros que las acechan?

Independientemente de qué haya causado el dividendo democrático en las elecciones intermedias, no parece que aprovecharlo sea una prioridad. Antes de las elecciones, el presidente Joe Biden enfatizó la importancia de «defender» la democracia. Fue un discurso motivador decente, pero no ofreció ninguna agenda clara para mitigar el riesgo de una recaída.

En diciembre de 2021, el gobierno de Biden publicó una ficha informativa donde promocionaba una mezcolanza de políticas para proteger a la democracia estadounidense. Ciertamente, algunas de las medidas —desde aumentar el acceso a la banda ancha hasta «recordar a las escuelas» su obligación de brindar educación cívica— ayudarían a proteger las normas democráticas a largo plazo. La impresión general que da la lista del gobierno, sin embargo, es que un pasante de la Casa Blanca sobrecargado de trabajo plagió listas de tareas publicadas por los gabinetes estratégicos prodemócratas.

Pero la amenaza es demasiado grande como para hacer tan poco. Aunque muchos de los partidarios de la Gran Mentira de Trump (que le "robaron" las elecciones en 2020) perdieron en las elecciones intermedias y quedaron fuera de las oficinas estatales donde podían causar más daños, la democracia estadounidense sigue estando en peligro. Dado que una gran cantidad de negadores de las elecciones ganaron elecciones estatales y federales y siguen en el Congreso, no hay motivos para creer que el riesgo de la violencia política haya amainado. Tampoco podemos confiar en que quienes perdieron las elecciones no intentarán usar los tribunales federales para cambiar los resultados, como hizo Trump en 2020.

Sin embargo, en términos de esfuerzos legislativos concretos, son los partidarios de la Gran Mentira quienes se mostraron más activos, explotando cínicamente —cuando no inventando— preocupaciones por la integridad de las elecciones, para impulsar nuevas leyes con las que suprimir votantes en 19 estados. Resulta perverso que las reformas legales más eficaces ejecutadas actualmente en nombre de la protección de la democracia procuren activamente socavarla.

Dada la sofisticación de las fuerzas antidemocráticas locales y extranjeras, el gobierno de Biden debe actuar, tanto unilateralmente como a través del Congreso, para reafirmar las instituciones democráticas. El problema no es la falta de ideas. Numerosas organizaciones y académicos de todo el espectro político han propuesto docenas de reformas, pero las oportunidades para actuar serán cada vez menos a medida que avance el ciclo electoral de 2024.

Aún sin el control de los demócratas en la Cámara de Representantes, el gobierno de Biden puede usar decretos del ejecutivo para impulsar la gobernanza democrática. Podría fortalecer las normas contra las comunicaciones entre la Casa Blanca y el Servicio de Impuestos Internos sobre las investigaciones pendientes o posibles, aprovechando las normas que ya dictó el procurador general Merrick Garland para el Departamento de Justicia en julio de 2021. También podría apuntalar la categoría de los inspectores generales en el estado administrativo. Además, debiera introducir nuevas regulaciones para proteger la independencia de los fiscales especiales que investigan posibles conflictos de intereses en el Departamento de Justicia.

Es fundamental evitar que se reiteren los esfuerzos partidistas del fiscal general William Barr para ocultar el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. La conducta de Barr durante las últimas etapas de la investigación, desde sus conclusiones prematuras antes de la publicación del informe hasta la excesiva eliminación de contenidos de la versión pública, llevaron a que un juez federal lo reprendiera.

Los demócratas también podrían usar la sesión del Congreso saliente para reformar la Ley de Recuento Electoral de 1887, en línea con la reciente propuesta de ley presentada por la senadora republicana Susan Collins. Al mismo tiempo debieran considerar también leyes específicas para el caso presentado ante la Corte Suprema este mes, que podría desestabilizar seriamente las elecciones federales estadounidenses.

El caso Moore vs. Harper está relacionado con una teoría extremista que sostiene que la Constitución otorga a las «legislaturas estatales independientes» la autoridad exclusiva para gestionar las elecciones federales. Si la Corte aprueba este enfoque, las legislaturas podrían ignorar las constituciones estatales y leyes de distritación, y potencialmente invalidar el voto popular. El Congreso debe usar los amplios poderes que le otorga el Artículo I de la Constitución para garantizar la integridad de las elecciones. También se debieran aprovechar las cláusulas de la propuesta de ley sobre derechos electorales de 2019, HR1 (también conocida como Ley para el Pueblo) —que los demócratas dejaron en punto muerto— en busca de aquellas que aún podrían contar con el apoyo de ambos partidos.

Muchos otros países lograron recuperase del deterioro de la democracia. Las elecciones intermedias estadounidenses mostraron que la mayoría de los ciudadanos está a favor de fortalecer las instituciones cívicas, pero los demócratas —y los republicanos que comparten su mentalidad— deben actuar ya mismo. Teniendo en cuenta que son medidas de comprobada popularidad, ¿qué está esperando el gobierno de Biden?

 Traducción al español por Ant-Translation

Aziz Huq, profesor de Derecho de la Universidad de Chicago, es el autor de The Collapse of Constitutional Remedies (Oxford University Press, 2021). Tom Ginsburg, profesor de Derecho Internacional y de Ciencia Política en la Universidad de Chicago, es profesor investigador de la American Bar Foundation.

Project Syndicate, 2022.
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