15 de diciembre 2022
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La última visita a los presos políticos encerrados en El Chipote —en la que la Policía permitió, por primera vez, que los reos de conciencia vieran a sus hijos menores de edad— no fue para nada un gesto de apertura por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalan defensores de derechos humanos. Al contrario, fue el reconocimiento de un derecho que ha sido violentado y por ende, enfatizan que, se debe insistir hasta abrir algún canal de comunicación que permita una salida pacífica a la crisis.
“La única fórmula para poder salir de la crisis es abrir el país y dejar esa actitud de reitero internacional, que es insostenible”, advierte Alberto Brunori, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (OACNUDH), durante una entrevista que brindó al programa Esta Noche, junto a la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena.
Arosemena, por su parte, indica que la Comisión tiene pleno conocimiento de que en Nicaragua hay “una violación sistemática grave a los derechos humanos”, pero lamenta el no poder encontrar una respuesta ante el “cierre de posibilidades y falta de apertura al diálogo” por parte del Gobierno de Ortega y Murillo.
“Para poder entender esto (lo que está sucediendo) necesitamos que el Gobierno de Nicaragua haga una reflexión, y de su análisis que como gobernante tiene, para poder intercambiar posiciones y poder decir que hay una apertura a la comunidad internacional en materia de defensa de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses”, apunta Arosemena. Pero el régimen de Ortega no solo se niega a cooperar con los organismos de derechos humanos sino que los ataca e intenta desacreditarlos.
Todos los comisionados de la CIDH están “conscientes de la realidad” que se vive en Nicaragua, explica Arosemena. “Estamos en un monitoreo permanente, hemos mantenido un mecanismo de seguimiento con el que trabajamos precisamente con todas las personas que han salido del país, las personas que están en una situación de terror dentro del país… alcanzamos a tener mucha información y con ella preparamos también nuestros comunicados de prensa, nuestros informes”, continuó.
A juicio de Arosemena, la cooperación con otros organismos internacionales de derechos humanos ha sido fundamental al momento de pronunciarse sobre Nicaragua, pero valora que es necesario hacer un llamado a los especialistas de la región a hacer un análisis de lo que sucede cuando un país se cierra a la observación internacional.
Una situación insostenible
Para Brunori la situación de Nicaragua “es insostenible”, puesto que ningún Estado puede permanecer “en una confrontación con todo el mundo y con un aislamiento del sistema internacional, porque honestamente no va para ningún lado”.
La insostenibilidad de la crisis nicaragüense quedó evidenciada en los dos procesos electorales sin legitimidad celebrados por el régimen, apunta Brunori. No es posible detener a posibles candidatos presidenciales en 2021 y un año después adjudicarse el 100% de las alcaldías. “Si eso es una situación sostenible, pues francamente así no se ve normalmente”, enfatiza.
Otro indicador de la insostenibilidad de la crisis nicaragüense, señala Brunori, es el incremento del número de personas que están obligadas al exilio. Destaca que la gente se va del país no solo por razones de persecución sino por el reclamo que tienen de una mejora en sus derechos económicos, sociales, culturales.
El oleaje migratorio “es una consecuencia evidentemente de que la persecución y la criminalización no ayudan y obligan a la gente a salir del país”, resalta el defensor de derechos humanos.
Por otro lado, Brunori apunta que la limitación del debate democrático en el país es algo inconcebible en pleno siglo XXI. “El pluralismo político y cultural, es la base de cualquiera de nuestras sociedades consideradas democráticas”, agregó.
En ese mismo orden, Arosemena valora que la comunidad internacional tiene que tener claro que “hay indicadores” que muestran que en Nicaragua la situación no está normal y que el Gobierno nicaragüense “tiene que hacer una evaluación de estas realidades”, como el éxodo masivo y la persecución a opositores dentro del país.
El Gobierno de Nicaragua “está cerrado, no solo al escrutinio sino a la comunicación con los organismos internacionales de derechos humanos, como miembro de la comunidad internacional que es. Eso es un indicador que necesitamos tener una posición como región, como comunidad internacional, y mirar precisamente para la población nicaragüense su necesidad de protección de todos sus derechos”, subraya la relatora de la CIDH.
Presionar para lograr esa apertura
Tanto Arosemena como Brunori consideran que los nicaragüenses y la comunidad internacional tienen la responsabilidad de continuar demandando al régimen de Ortega y Murillo que se abra al diálogo y al escrutinio de los organismos internacionales de derechos humanos.
“Nosotros tenemos hoy, desde la Corte Interamericana, una posición muy firme en la que la Corte hace un llamado a los Estados miembros de la OEA para denunciar lo que implica el desacato absoluto del Estado de Nicaragua, del Gobierno de Nicaragua, para atender precisamente las decisiones de este órgano jurisdiccional y la realidad es muy cruel porque no hay una vía de posibilidad que se abra”, enfatiza Arosemena.
La relatora reitera su llamado al Gobierno a “tender un puente de comunicación” para buscar fórmulas que coadyuven a una salida democrática y de respeto a los derechos humanos. “Para el Gobierno de Nicaragua un mensaje muy claro tiene que ser que estas respuestas que está dando son violatorias de los derechos humanos y que se constituyen en delitos de lesa humanidad con responsabilidades y esto hay que atenderlo en este momento, hay que buscar esta apertura”.
Brunori, por su parte, señala que la OACNUDH no ha dejado de pedir la liberación de las personas presas políticas en Nicaragua. “En eso hay una continuidad por parte de la oficina para pedir que sean liberados”.
El Gobierno de Nicaragua “al no aceptar ninguna de las recomendaciones, al no querer trabajar con los organismos de derechos humanos, la cosa se le ha ido de la mano”, advierte Brunori. Esta situación es “inusitada y que evidentemente no facilita la salida de la crisis, porque al final estas salidas solo se encuentran a través del diálogo, a través de la asistencia del multilateralismo”.
