14 de diciembre 2022
AA
Share
La justicia orteguista acusó este martes 13 de diciembre a monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, mismos cargos por los que la dictadura ha condenado a más de 40 presos políticos.
Una autoridad judicial, cuyo nombre no fue precisado, le nombró un defensor de oficio al obispo nicaragüense, le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero de 2023, según la Dirección de Prensa del Complejo Judicial de Managua, a través de una declaración pública.
Después de 116 días secuestrado bajo “casa por cárcel” de facto, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó al líder religioso con evidente pérdida de peso. Los medios de la propaganda orteguista publicaron dos fotografías de Álvarez en los Juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua.
Álvarez Lagos, de 56 años, se convierte en el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.
El jerarca católico fue secuestrado la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal de Matagalpa junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo, acusó —en ese momento— al obispo de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
Sacerdote Uriel Vallejos, “prófugo de la justicia”
En la misma acusación contra Álvarez, el régimen incluyó al sacerdote exiliado Uriel Antonio Vallejos, a quien consideraron “prófugo de la justicia” y se giró oficio a Interpol para su captura.
El sacerdote estuvo sitiado por la Policía orteguista dentro de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, en Sébaco, durante tres días en agosto pasado.
La mañana del 4 de agosto, la Policía lo trasladó al seminario interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, en Managua, y le ordenó no salir, reveló el sacerdote, quien considera que la intención de los agentes no solo era confiscar los equipos de Radio Católica de Sébaco —que él denunció en redes sociales—, sino “llevarme preso a (la Dirección de Auxilio Judicial), El Chipote”, dijo Vallejos.
Álvarez es el último religioso católico acusado por la justicia orteguista. Ortega ha encarcelado, desde junio pasado, a diez sacerdotes de la Iglesia católica. El primero fue el cura Manuel García Rodríguez, condenado supuestamente de golpear a una mujer; el segundo, monseñor José Leonardo Urbina, condenado por el supuesto delito de abuso sexual y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una menor de 14 años.
El tercero es el cura Óscar Benavidez, actualmente investigado durante noventa días por la Fiscalía debido a un delito “fantasma”, pero del cual el Estado de Nicaragua se reconoce como “víctima y ofendido”.
A ellos se sumaron los sacerdotes José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral San Pedro, respectivamente; Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; el sacerdote Raúl González y los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira. Este grupo acompañó a monseñor Álvarez durante los 15 días que permanecieron sitiados por decenas de antimotines en la casa cural de la Diócesis de Matagalpa.
En octubre pasado, el régimen secuestro al sacerdote Enrique Martínez Gamboa, de 64 años, y luego lo acusó por el supuesto delito de conspiración en concurso con el de propagación de noticias falsas.
Callar al obispo Álvarez
Monseñor Álvarez es una de las voces más críticas dentro de la jerarquía católica contra el Gobierno de Daniel Ortega. Su ministerio pastoral se centraba en la defensa de los derechos humanos y la denuncia de las violaciones, injusticias, abuso de poder, corrupción y el autoritarismo imperante en el gabinete de Ortega.
Su voz profética recorrió comunidades remotas en el norte del país, donde aún resienten el secuestro de su pastor y de seis religiosos, acusados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
Con su encierro buscan “que no siga hablando, que no siga dando la cara… la extorsión es que él se calle políticamente hablando”, explicó el especialista en derecho, Yader Morazán.
Sobre el caso de monseñor Álvarez ha prevalecido el silencio de la Iglesia católica. Se desconoce cuál es el estado de salud física y mental del líder religioso, si ha tenido acceso a revisión médica y en qué condiciones habitacionales se encuentra.
El pasado 23 de noviembre, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) exhortó a la jerarquía católica a que informara sobre la situación del Álvarez. La organización aseguró que el obispo había sufrido una caída —sin especificar la gravedad—, que estaba enfermo y no se encontraba con su familia.
*Con información de Efe.
